El 16 de octubre la policía antiterrorista británica detuvo en el aeropuerto de Glasgow al bloguero y antiguo diplomático británico Craig Murray a su regreso de Islandia. Después de interrogarlo sobre sus opiniones políticas, la policía le confiscó su teléfono y su ordenador portátil.

Murray voló de regreso a Glasgow después de varios días en Reykjavik, donde asistió a un acto de solidaridad con Palestina y se reunió con representantes de la Campaña Assange, que denuncia la situación del fundador de WikiLeaks. La policía le informó que quedaba detenido para ser interrogado. Luego lo llevaron a una pequeña habitación con tres policías antiterroristas

.La policía británica le advirtió que cometería un delito y sería procesado si se negaba a responder a las preguntas, si no respondía verazmente, si ocultaba información deliberadamente, o si se negaba a proporcionar las claves de acceso de sus dispositivos electrónicos. Después de que su teléfono y su ordenador portátil fueran confiscados, comenzó el interrogatorio.

“Primero me preguntaron sobre la reunión de la campaña de apoyo a Assange”, dijo Murray. “Uno pensaría que me preguntarían quién estaba allí, pero no lo hicieron”, agregó, “creo que ya lo sabían de una forma u otra”.

“Todas las preguntas eran económicas”, dice Murray. La policía quería saber “si estaba recibiendo dinero por mis contribuciones de campaña, si WikiLeaks, Don’t Extradite Assange o la familia de Julian me pagaban”.

“La respuesta fue negativa en todo caso”, explica Murray: “Mis fuentes de ingresos y el origen de mi dinero eran de particular interés para los policías”.

El blog personal del diplomático también interesó a la policía, que le preguntó a Murray si alguien más tenía acceso a él, podía publicar contenidos y ​​si alguien -además de él- era el autor de alguna de sus entradas. Murray dijo que no le preguntaron por ningún artículo en concreto.

Un bloguero independiente acusado de ‘terrorismo’

Las preguntas sobre el acto de solidaridad con Palestina al que asistió en Islandia fueron igualmente confusas. La policía quería saber por qué Murray había ido a la protesta. “Una pregunta extraña para hacerle a alguien que está en una protesta”, respondió. Sin embargo, aclaró que acudió porque era amigo de uno de los oradores, el antiguo ministro de Interior islandés.

La policía le pidió detalles sobre el contenido de los discursos de los distintos oradores, información que no pudo proporcionarles porque no habla islandés. Cuando le preguntaron si tenía intención de asistir a otras protestas en favor de Palestina en Gran Bretaña, respondió que “probablemente”.

La pregunta más inquisitorial fue: “¿Cómo decido si debo participar en una convocatoria?” La respuesta fue: “Lo hago en función de quién organiza el acto”. En el caso de Islandia, continúa Murray, “era el Comité de Solidaridad Palestina, así que estaba seguro de que estaba en buenas manos”.

Sin embargo, el embajador quedó sorprendido por la pregunta. “Mi abogado nunca había escuchado esa pregunta durante un interrogatorio”, dijo Murray, añadiendo que “la policía tiene una fotografía de vigilancia mía muy cerca de alguien a quien consideran como un ‘terrorista’”.

“Si vas a una manifestación donde hay 200.000 personas, ¡no puedes saber quiénes son todos!”, añade Murray que, desde entonces, ha consultado a abogados, quienes le informaron que, según la Ley contra el Terrorismo de 2000, bajo la cual fue interrogado, tendría derecho a consultar con un abogado si el interrogatorio duraba más de una hora.

Tras una hora de interrogatorio, los policías lo dejaron marchar, pero no le devolvieron su teléfono ni su ordenador. “Estoy acostumbrado a que espías británicos y estadounidenses tengan acceso a mis ordenadores”, dijo Murray.

Durante un viaje a Alemania a finales del año pasado, dos ordenadores suyos fueron robados en diferentes lugares. El segundo ordenador lo compró sobre la marcha para reemplazar al primero. Los robos fueron “probablemente” llevados a cabo por “servicios de seguridad”, una interpretación reforzada por el hecho de que el primer ordenador portátil estaba metido en una bolsa que contenía una gran suma de dinero en efectivo. Inexplicablemente los ladrones ignoraron el dinero y se quedaron con lo demás.

Interrogado por la policía antiterrorista sobre el contenido de su ordenador, Murray afirma haber revelado que el dispositivo contenía copias de correos electrónicos privados del miembro del Partido Nacional Escocés, Stewart McDonald.

Un golpe con un garrote para romper una nuez

En abril la policía antiterrorista británica también detuvo al editor y activista político francés Ernest Moret, que había encabezado las protestas de París contra las reformas neoliberales de Macron. Moret fue detenido bajo la misma legislación antiterrorista que Murray y luego encarcelado por negarse a proporcionar las claves de acceso a sus dispositivos electrónicos. Finalmente estuvo detenido en los calabozos durante casi 24 horas.

En julio un informe de la central antiterrorista británica concluyó que la policía que detuvo a Moret había vertido amenazas “exageradas y excesivas” al afirmar que nunca más podría viajar al extranjero si no les informaba porque le añadirían a las bases de datos de “terroristas” de los servicios de inteligencia internacionales.

El informe también dice que la policía lo interrogó ilegalmente sobre las conversaciones confidenciales que tuvo con su abogado durante el interrogatorio.

La legislación antiterrorista “debe usarse con precaución”, afirmó el autor del informe, quien comparó el abuso de la legislación por parte de la policía para interrogar a Moret con “el uso de un mazo para romper una nuez”:

“Esta fue una investigación de orden público para la cual nunca se pretendió utilizar poderes antiterroristas”, señala el informe, que concluye que “los derechos a la libertad de expresión y protesta son demasiado importantes en una democracia para permitir que se investigue a individuos por terrorismo potencial simplemente porque pudieron haber estado involucrados en protestas que se volvieron violentas”.

Pero cuando se trata de llevar a cabo detenciones políticas, la legislación en cuestión no es la única en el arsenal de los oficiales británicos. El informe no hace referencia a la Ley de Fronteras y Lucha contra el Terrorismo de Reino Unido de 2019, que permitió la detención de Moret en el aeropuerto de Londres, en mayo pasado. La ley otorga a las autoridades amplios poderes para investigar los asuntos personales y profesionales de los disidentes.

La Ley de Fronteras y Lucha contra el Terrorismo considera que una persona está al servicio de potencias extranjeras “hostiles” sin siquiera saberlo o tener intención de hacerlo, o sin los poderes para hacerlo. En julio de este año fue reforzada por la nueva ley de seguridad nacional.

Cualquiera que haya agitado la seguridad nacional de Reino Unido y planee viajar al país debe tener cuidado con lo que guarda en sus dispositivos. Como alardeó uno de los policías que detuvieron a Moret, Gran Bretaña es “el único país donde las autoridades pueden descargar y conservar información de dispositivos privados para siempre”.