Andrea LoboDos semanas desde que Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la oposición venezolana patrocinada por EE.UU., huyera a España, el intento de Washington de derrocar al presidente Nicolás Maduro ha sufrido una serie de reveses.

El miércoles, el Gobierno hizo pública una carta firmada en la que González reconoce la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

González dijo que firmó “bajo presión” durante una reunión en la Embajada española en Caracas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional. El candidato ha pasado varios días viviendo en las Embajadas de Países Bajos y España después de que se emitiera una orden de arresto en su contra basada en cargos relacionados con las elecciones.

La firma por parte de González de una admisión de su derrota política para que se le permitiera abordar un avión de la Fuerza Aérea española con su familia y, según se informa, obtener garantías de que sus propiedades estarían a salvo, lo desacredita por completo a él, a su coalición, a sus facilitadores de la CIA y al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español-Sumar.

Incluso antes de este vergonzoso evento, las manifestaciones a favor de la oposición ya habían disminuido después de unos días de represión.

Otro golpe fue la exposición de un complot para desestabilizar el Gobierno y matar a Maduro. El viernes pasado, el Gobierno de Maduro arrestó a la persona número 15 y al cuarto estadounidense relacionados con un presunto plan para asesinar a la dirigencia venezolana y atacar la infraestructura pública.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, presentó 400 pistolas y rifles incautados que supuestamente estaban destinados a los presuntos “mercenarios”, y afirmó que la CIA y la inteligencia española estaban detrás de la operación.

La Casa Blanca ha confirmado que uno era un SEAL activo de la Marina, pero tanto Madrid como Washington niegan cualquier complot. Las autoridades venezolanas afirman que los dos ciudadanos españoles arrestados son agentes del Centro Nacional de Inteligencia de España, mientras que un ciudadano checo arrestado es un reservista activo y paracaidista.

Este no sería el primero ni el último esfuerzo de los mercenarios patrocinados por Estados Unidos para matar o derrocar a la dirección chavista en Venezuela. Además, los ataques terroristas israelíes con explosivos colocados en dispositivos de comunicación utilizados por funcionarios de Hezbolá en Líbano muestran los métodos adoptados por Washington y sus aliados para eliminar a aquellos considerados como obstáculos para sus intereses geopolíticos.

No se pueden descartar operaciones similares en Caracas, ni siquiera por parte de los “activos” o mercenarios estadounidenses sin la plena aprobación de Washington.

Sin embargo, a medida que Israel y sus patrocinadores estadounidenses expanden el genocidio en Gaza a una guerra regional contra Líbano e Irán, y en medio de la guerra en curso entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, el Gobierno de Biden está respondiendo con relativa pasividad a sus reveses en Venezuela.

El lunes, el portavoz de la oposición, Rafael de la Cruz, pidió al Gobierno norteamericano que cancele todas las licencias a Chevron y otras empresas para producir y vender petróleo venezolano. “Queremos que se cancelen… es un salvavidas para el régimen”, dijo.

Esto es poco probable a corto plazo. La licencia actual para Chevron es válida hasta marzo de 2025, y funcionarios estadounidenses que hablaron anónimamente con Reuters han expresado “dudas sobre tomar acciones que podrían aumentar los precios mundiales del petróleo o infligir un daño grave a la economía venezolana, que ya tiene dificultades”.

Según los informes, el Gobierno demócrata también espera evitar un nuevo aumento en la migración que podría ser aprovechado por los republicanos antes de las elecciones estadounidenses.

Las nuevas sanciones de Estados Unidos se han limitado a 16 personas en el círculo de Maduro, incluso en el aparato de seguridad, junto con restricciones de visa. Se han introducido proyectos de ley para prohibir las inversiones estadounidenses en petróleo venezolano y otras sanciones pero no se han adoptado estas medidas.

Washington ha buscado actuar a través de sus aliados regionales para presionar a Maduro para que negocie su propia destitución, con los aparentes aliados “izquierdistas” de Maduro, los presidentes Inácio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México actuando como instrumentos del imperialismo tanto como los regímenes abiertamente de derecha como el del presidente fascistizante de Argentina, Javier Milei.

El miércoles, el influyente grupo de pensamiento estadounidense Atlantic Council pidió que estos esfuerzos se mantengan para “alentar el diálogo” con Maduro y “desarrollar mensajes consistentes sobre un alivio de las sanciones condicionado y/o nuevas sanciones con el progreso en los acuerdos políticos negociados”.

Estas propuestas marcan un giro en los círculos de política exterior de los Estados Unidos para priorizar la “estabilidad” antes de las elecciones estadounidenses. El grupo de expertos concluye que “la posibilidad de una transición en Venezuela parece tenue después de que González se vio obligado a buscar asilo en España”.

Este cambio no ha disuadido a la Plataforma Unitaria liderada por la fascista María Corina Machado de trabajar con fuerzas de extrema derecha dentro y fuera de Venezuela para organizar provocaciones, incluidos ataques a la infraestructura y nuevos intentos de capturar o matar a Maduro y otros funcionarios. Fue Machado, un “activo” de la CIA desde hace mucho tiempo, quien eligió a González como su sustituto después de que se le prohibiera ser candidata.

Los republicanos floridenses Rick Scott y Marco Rubio presentaron el jueves un proyecto de ley en el Senado para aumentar la recompensa por el arresto de Maduro de $15 millones a $100 millones, que se pagaría con los aproximadamente $450 millones en activos confiscados a Caracas.

El multimillonario estadounidense fascistizante y fundador de la empresa militar Blackwater, Erik Prince, afirma haber recaudado $1 millón para preparar la “caída del régimen” en Venezuela y que “miles y miles” de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas lo han contactado. En 2019, propuso la creación de un ejército privado de 5.000 mercenarios para derrocar a Maduro, antes de mantener una reunión con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez posiblemente para escuchar ofertas comerciales alternativas.

A principios de esta semana, los abogados de la oposición solicitaron a un tribunal estadounidense que pospusiera la subasta del activo más valioso de Venezuela en el extranjero, la refinería de petróleo Citgo. La empresa matriz de Citgo, PDV Holding, ya había sido robada de Caracas en 2019 y entregada a representantes del autoproclamado “presidente interino” en ese momento, Juan Guaidó.

Un tribunal estadounidense falló que las acciones de PDV Holding se subastarían a empresas extranjeras como compensación por impagos de deuda y expropiaciones. Ahora, el campo de la oposición quiere esperar hasta enero para renegociar con las empresas y potencialmente usar los activos para expulsar a Maduro.

La oposición de derecha también cabildeó con éxito para que el Parlamento Europeo, la cámara baja española y el Senado de la República Dominicana aprobaran resoluciones que reconocieran a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Las resoluciones en Europa fueron impulsadas por los aliados de extrema derecha de Machado, entre ellos Vox en España y Alternativa para Alemania (AfD, sigla en alemán).

Si bien el contexto político y geoestratégico inmediato puede disuadir que Washington intensifique las medidas contra Caracas, esto es temporal. Ha gastado miles de millones durante dos décadas para derrocar a los chavistas con el fin de obtener un control irrestricto sobre los yacimientos de petróleo más grandes del planeta, que se encuentran bajo suelo venezolano.

El imperialismo estadounidense considera a China su principal rival geopolítico y el objetivo final de la guerra global en expansión. Llegó a la conclusión hace mucho tiempo de que socavar la influencia económica y política china en América Latina requiere derrocar el Gobierno de Maduro.

A pesar de la menor producción actual debido a las sanciones, el petróleo venezolano ha sido históricamente un componente clave de las ganancias globales y el poder del imperialismo estadounidense y británico desde la década de 1920. Durante el embargo petrolero de 1973, desencadenado por la guerra árabe-israelí, el petróleo venezolano fue crucial para que Estados Unidos y Europa limitaran parcialmente el aumento de los precios.

Ubicado a través del Caribe y opuesto a Florida, Venezuela también es vista como una cabeza de playa geopolítica para enfrentar a las potencias regionales y externas. Estas realidades han cultivado la dependencia, la corrupción y el servilismo de la burguesía venezolana y han resultado en niveles extremos de miseria y desigualdad y una lucha de clases particularmente explosiva.

El escritor Eduardo Galeano escribió en 1958, cuando más de la mitad de las ganancias globales de la estadounidense Standard Oil y la británica Shell provenían del país: “Venezuela era un vasto pozo petrolero rodeado de cárceles y cámaras de torturas, que importaba todo desde los Estados Unidos: los automóviles y las heladeras, la leche condensada, los huevos, las lechugas, las leyes y los decretos”.

Los períodos de boom, como en la década de 1970 bajo el presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez y la década de 2000 bajo Hugo Chávez, permitieron que la clase dominante tuviera espacio para nacionalizaciones limitadas y programas de asistencia social. Chávez y Maduro también buscaron obtener mejores condiciones frente al imperialismo estadounidense estrechando sus lazos con Rusia y China.

Pero en ningún momento disminuyó el carácter sumiso de la clase dominante, a pesar de la retórica radical de su ala chavista, y nunca hubo un impulso sostenido de desarrollo económico y democrático real. La inevitable caída del mercado petrolero llevó a Pérez y Chávez a implementar medidas de austeridad. En el último período, esto se ha combinado con devastadoras sanciones estadounidenses para producir el peor desastre humanitario en la historia del país.

Maduro finalmente aceptó a puerta cerrada las elecciones completamente ilegítimas de julio como una tapadera para subordinar aún más el petróleo venezolano a los dictados de Chevron y Wall Street, con la esperanza de que Washington abandonara su afán de instalar títeres directos como Machado y González. Esto se ha combinado con el aumento de la represión contra los grupos de oposición a la izquierda del Gobierno y contra la clase trabajadora, así como las restricciones a X, Signal y otras redes sociales.

La austeridad y las privatizaciones en la década de 1980 llevaron al levantamiento masivo de los trabajadores conocido como el Caracazo en 1989. Un importante movimiento de huelga y protesta que continuó en la década de 1990 fue canalizado en apoyo a la elección de Chávez.

Al igual que en otras partes de la región e internacionalmente, la larga historia de opresión imperialista y desigualdad extrema tiene sus raíces en la crisis de dirección revolucionaria de la clase trabajadora en su lucha objetiva para derrocar al capitalismo. Es urgente que se construya una dirección como sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, que es la única organización que ha sacado las lecciones históricas necesarias de las traiciones a manos de la socialdemocracia, el estalinismo, el pablismo y las muchas variantes del nacionalismo burgués, como el chavismo, que han caracterizado la historia de Venezuela y la región.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de septiembre de 2024)

https://www.wsws.org/es/articles/2024/09/22/fabo-s22.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter