La bancada de oposición, si se le puede llamar así a un grupo de senadores con diversas posturas ideológicas que buscaron el apoyo de la ciudadanía y sus votos con el argumento de ser oposición al régimen narco, corrupto, criminal y apátrida que gobierna Colombia, tiene el deber de demostrar si lo que han hecho como delegados del constituyente primario ha servido para modificar el rumbo de dicho régimen o si lo que ha hecho es legitimarlo.

Como voceros y representantes del cambio y consecuentes con su postura política, (excepto los representantes del partido FARC que obtuvieron sus curules como resultado del acuerdo de paz) corresponde preguntarse hasta dónde como senadores han servido al poder fáctico para legitimarse, lavarse las manos y cubrir con un manto de impunidad los crímenes que se están cometiendo a diario contra líderes sociales y firmantes del fallido acuerdo de paz.

No basta alegar que están maniatados porque son minoría y cada que se decide una ley o una reforma en el Congreso son aplastados por la maquinaria gobiernista, eso se sabía desde el mismo día que fueron elegidos. Ni incluso el hecho de estar a merced de una clase “mayoritariamente” representada por unos partidos apátridas que gobierna a sus anchas, que los desprecia y pasa por encima de sus airadas pero insulsas intervenciones parlamentarias; que entrega el territorio nacional en una clara violación a la Constitución para que tropas gringas lo utilicen a sabiendas de lo que han sido sus fechorías, guerras de invasión, destrucción, bombardeos, bloqueos y exterminio de pueblos. Sería innecesario citar la interminable lista de afrentas a la humanidad que ha cometido esta potencia imperialista, un miligramo de conciencia de lo que ha sido Nuestra América bastaría para saberlo.

No es justo con los que luchan en el campo, en las calles, en las cárceles de manera tan desigual contra un régimen acostumbrado a desconocer e incumplir acuerdos y usar como única respuesta, no el diálogo y la concertación, sino la represión sin garantías de seguridad ni respeto por los derechos humanos, que ustedes posen como sus representantes en un parlamento exclusivamente al servicio de los poderosos; ni con millones de ciudadanos obligados hoy a vivir bajo confinamiento con hambre, sin ingreso básico, obligados a enfrentar la brutal realidad de salir a rebuscarse un bocado de comida a la calle; pero sobre todo es indigno continuar siendo lavamanos de un régimen cuya naturaleza desdice sus principios democráticos, cuya política de la muerte, necropolítica, determina la Razón de ser de Estado, que no es otra cosa que la razón de ser de la oligarquía de los doscientos años.

Lo que ha demostrado la realidad concreta, millones de ciudadanos la viven, es que desde ese “sagrado recinto” poco o nada se hecho por detener la campaña de exterminio sistemático contra los líderes sociales y firmantes de la paz, y menos por resolver la vergonzante pobreza; por el contrario, la participación de la oposición ha servido para aumentar la longevidad del régimen y su absoluto desprecio por la democracia y los derechos civiles y constitucionales. Así las cosas, no parece que estén ejerciendo una oposición de resultados, sino siendo usados como el traje roto y ensangrentado con que se viste al desnudo “rey”.

Por eso valdría preguntarse, ¿cuál es el papel de los congresistas de la oposición en Colombia? ¿Continuar legitimando el narcogobierno de Iván Duque? En la situación concreta actual, ¿no es más consecuente dejar que ese Estado fallido, decadente y descompuesto se hunda y comprometerse a construir la esperanza y la agenda por un gobierno de naturaleza completamente diferente a la que ha imperado? ¿Dedicarse a la conformación de un movimiento político y social por el cambio profundo y estructural, llamar a una jornada nacional de protesta y movilización contra todo lo que representa este gobierno?

¿Por qué prestarse de salvavidas del gobierno ilegítimo cuya naturaleza es la política de la muerte y la guerra? ¿Se ha detenido el asesinato diario de líderes sociales con sus denuncias e intervenciones parlamentarias, “juicios políticos”, mociones de censura a ministros; o el exterminio a cuenta gotas de los firmantes del fracasado acuerdo de paz entre las FARC y el anterior gobierno de Juan Manuel Santos?

El acuerdo de paz fracasó, es un hecho real y concreto que no se dice aquí simplemente, lo grita la realidad, ya no solo exterminan ex firmantes de paz sino a sus hijos y familiares. Ni qué decir del punto sobre cultivos de uso ilícito y las familias campesinas (100 mil según los registros oficiales) que dependen de éstos. Masacradas, bombardeadas, reprimidas, los campos fumigados de nuevo con glifosato y el incumplimiento de lo acordado en el punto 4, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Duque fue electo por una alianza que nunca aceptó ese acuerdo, que ganó con una campaña de miedo y mentiras el plebiscito sobre los acuerdos con el NO y se empeñó en socavarlo hasta enterrarlo. ¿Qué queda de ese acuerdo que sea válido reivindicar? ¿La JEP para que solo una de las partes, los ex miembros de las FARC que sobrevivan al exterminio aporten a la verdad y haya justicia solo para sus víctimas? ¿Los pocos proyectos productivos que aún quedan en los ETCR? Aceptar que es lo único que queda de los acuerdos que supuestamente traerían la paz estable y duradera sería hacer política miserable o indigna la política, y hoy el palo no está para cucharas.

La lucha por una paz firme y duradera, no efímera, miserable o humillante, continuará, pero solo será posible si la acompaña y hace suya la mayoría del pueblo, de lo contrario será una falacia más, un engaño o en el peor de los casos una traición al derecho histórico de los pueblos a la vida y la paz, principios fundantes de toda sociedad.

Porque si lo que se busca es una transformación radical de las estructuras del Estado, (no es otra cosa la que se plantearía una oposición política consecuente) que garantice la justicia social y condiciones mínimas para la vida digna, entonces el camino no es otro que cambiar de rumbo, hacer un giro táctico, hacer un alto en el qué hacer y considerar si lo que se está haciendo es correcto, ético, si se está propiciando un cambio o no, de lo contrario le estarían echando un cuento y vendiendo humo a la gente.

La propuesta de Renta Básica, por ejemplo, importantísima y necesaria como el pan y el agua en para aliviar un poco las graves carencias durante y después de la pandemia por el coronavirus, el hambre con desempleo, el triste e inhumano panorama de millones de familias que empeorará y se profundizará con cada día que pasa, reclama otro tipo de acciones que van más allá de la simple formulación y presentación del proyecto a un congreso cerrado y un gobierno que se da el lujo de aplastar la oposición parlamentaria.

¿Qué estrategia política de oposición se puede hacer a un gobierno que decreta el confinamiento para frenar la pandemia con hambre y desempleo masivo; le entrega billones a la banca y las grandes empresas capitalistas; que se opone a una renta básica pero continua el sistema de subsidios miserables a través de instituciones corruptas que se quedan con una gran tajada; que no está interesado sino que instiga el asesinato sistemático de líderes de base y de oposición, de firmantes del acuerdo de paz y sus hijos, de reclamantes legítimos de sus tierras expropiadas; un narcogobierno elegido con fraude electoral y compra de votos (Ñeñe política); que viola la Constitución al permitir la entrada de tropas gringas sin consentimiento del Senado, un régimen apátrida que está comprometido en instigar una guerra fratricida contra la República Bolivariana de Venezuela?

Si la bancada de oposición está comprometida con el cambio en Colombia, la necropolítica jamás podrá ser su guía ética. Permitan que la podredumbre que gobierna a Colombia se hunda.