Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2023/11/29/pers-n29.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws Thomas Scripps 29.11.23
El Gobierno británico ha lanzado un asalto sistemático a los derechos democráticos, prohibiendo las manifestaciones, restringiendo seriamente la libertad de expresión e infringiendo flagrantemente las leyes de derechos humanos. El giro hacia un régimen autoritario por parte de la clase dominante británica es tan pronunciado que está generando críticas de los observadores de derechos humanos.
Una declaración de Human Rights Watch publicada la semana pasada señala: “El derecho a protestar pacíficamente está bajo amenaza, como lo han experimentado recientemente los manifestantes propalestinos y los activistas climáticos, y el país se ha unido a la carrera global hacia imponer peores condiciones para la migración y los refugiados”.
En declaraciones a The Guardian, la directora de Human Rights Watch en Reino Unido, Yasmine Ahmed, fue contundente. “Con los Gobiernos anteriores siempre hubo un intento de al menos tratar de aparecer como si estuvieran cumpliendo con el derecho nacional o internacional de los derechos humanos y respetar los tribunales y las instituciones de derechos humanos. Ahora no hay ningún intento de hacer esto; de hecho, es todo lo contrario”.
Al describir las acciones del Gobierno como algo que comienza a “parecerse mucho al autoritarismo”, Ahmed continuó: “El Gobierno no solo está hablando de romper las leyes nacionales de derechos humanos e ignorar sus obligaciones internacionales, sino que ha lanzado un ataque abierto al derecho a manifestarse pacíficamente, está encerrando a manifestantes climáticos, criminalizando a los refugiados y ha otorgado a la policía poderes sin precedentes sobre los ciudadanos”.
Ahmed condenó una propuesta del Gobierno británico de “no aplicar” la Ley de Derechos Humanos en un proyecto de ley que enviaría solicitantes de asilo a Ruanda, en violación de un fallo de la Corte Suprema del Reino Unido.
Algunas de las acciones más atroces se han tomado contra las protestas por el genocidio de Israel. El mes pasado, el primer ministro Rishi Sunak amenazó a los manifestantes: “Les recuerdo a todos que Hamás es una organización terrorista proscrita. La gente no debería apoyar a Hamás y nos aseguraremos que las personas que lo hagan respondan ante la justicia”. La policía británica ha arrestado a cientos de personas por manifestarse en oposición al genocidio en Gaza, a menudo simplemente por mostrar carteles.
A pesar de las amenazas del Gobierno, millones de personas han protestado en Reino Unido contra el genocidio, incluyendo a aproximadamente un millón de personas que marcharon en Londres el 11 de noviembre.
Los esfuerzos del Gobierno para criminalizar la oposición al genocidio de Israel en Gaza son parte de una embestida global a los derechos democráticos. En Francia, Alemania y otros países europeos, las autoridades han intentado prohibir las protestas. En los Estados Unidos, el Senado aprobó una resolución acusando a los manifestantes de “expresar solidaridad con los terroristas”, y varias universidades han prohibido el grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina.
Human Rights Watch generalmente se mantiene alineada con la política exterior imperialista. El hecho de que haga comentarios tan duros sobre Reino Unido es una señal de la rapidez con la que la clase dominante británica está desechando las formas democráticas de gobierno en su giro hacia la derecha. Significativamente, Ahmed advierte: “Este enfoque… desacredita y socava nuestra capacidad para pedir cuentas a otros que infrinjan los derechos humanos en el escenario internacional”.
Naciones Unidas también ha criticado los fallos draconianos del Gobierno británico contra los manifestantes climáticos y los ataques más amplios a los derechos democráticos.
En abril, dos manifestantes asociados con Just Stop Oil [Solo Dejen el Petróleo], Morgan Trowland y Marcus Decker, fueron sentenciados a tres y dos años de cárcel, respectivamente, por causar una “molestia pública” en octubre anterior. Los activistas escalaron el puente Dartford Crossing al este de Londres para desplegar una pancarta, lo que provocó que el tráfico se detuviera durante más de 24 horas mientras los retiraban.
Al apelar sus sentencias, el abogado Daniel Friedman señaló que fueron “las más largas penas jamás dictadas en un caso de protesta no violenta en este país en los tiempos modernos” y advirtió que “es probable que tengan un ‘efecto escalofriante’ para todo tipo de protestas en lugar de este tipo de protesta”.
La apelación fue rechazada. La presidenta de la Corte Suprema, Sue Carr, reconoció que las penas de cárcel “superan por mucho las sentencias anteriores impuestas por este tipo de delito”, pero respondió que los jueces seguían “la voluntad del Parlamento” expresada en la Ley de Policía, Delitos, Sentencias y Tribunales, que incluye un “delito de molestia pública, que obviamente incluirá un comportamiento de protesta no violento, con una sentencia máxima de 10 años de prisión”.
El fallo provocó una carta de preocupación del relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, que fue enviada al Gobierno británico el 15 de agosto.
Reportada por BBC News la semana pasada, la carta hace referencia a los manifestantes encarcelados y expresa su preocupación por “el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión y asociación pacífica”. Fry añade que está “gravemente preocupado por el posible efecto indirecto que la gravedad de los fallos podría tener en la sociedad civil y el trabajo de los activistas”.
La carta sostiene que la Ley de Orden Público “parece ser un ataque directo al derecho a la libertad de reunión pacífica”. Se pregunta “por qué… fue necesario introducir y aprobar la Ley de Orden Público y si la Ley de Orden Público y los fallos contra Decker y Trowland son compatibles con las normas y estándares internacionales”.
Señala que aún no han respondido una carta anterior, del 22 de diciembre de 2022, preguntando cómo es que la Ley de Orden Público cumple con el derecho internacional de los derechos humanos, firmada por él y otros cuatro relatores especiales de la ONU.
Su propia carta sufrió la misma suerte, a pesar de solicitar específicamente una respuesta dentro de los 60 días. Le dijo a la BBC que esto era “preocupante” y reflejaba “un desprecio general por las preocupaciones de derechos humanos por parte del Gobierno actual”.
Después de que la BBC publicara su artículo, el primer ministro Rishi Sunak entregó su belicosa respuesta al funcionario de la ONU, publicando en X: “Aquellos que violan la ley deberían sentir toda su fuerza. Es totalmente correcto que los manifestantes egoístas que intentan causar miseria a la mayoría trabajadora se enfrenten a duras sentencias”.
Hace solo unos años, la ONU y organizaciones como Human Rights Watch sentían que podían apoyar las afirmaciones de los Gobiernos imperialistas de ser los guardianes de un “orden internacional basado en normas”. Esto significa un régimen de intereses imperialistas disfrazados con el lenguaje del humanitarismo y los derechos humanos.
Pero la violencia y el autoritarismo con los que los Gobiernos se ven cada vez más obligados a gobernar sobre poblaciones profundamente hostiles es tal que la ficción se está desmoronando. El apoyo generalizado entre los Gobiernos imperialistas y los principales partidos de oposición al genocidio de Israel en Gaza ha acelerado rápidamente este proceso.
Aunque un número relativamente pequeño de activistas climáticos que utilizan tácticas de interrupción pacífica han servido de pretexto para nuevas leyes dictatoriales, su aplicación prevista es mucho más amplia. Ese hecho ha quedado claro por las feroces denuncias de los cientos de miles que asistieron a las manifestaciones nacionales contra el genocidio de Israel en Gaza, y por la aprobación de leyes dirigidas directamente a los trabajadores en huelga. La clase dominante se está preparando para una confrontación masiva con la clase trabajadora.
Si bien Human Rights Watch y la ONU hacen referencia específica al “Gobierno actual”, no hay diferencia entre los conservadores en el poder y la oposición del Partido Laborista.
Los laboristas han apoyado la represión de los manifestantes climáticos, plenamente conscientes de que se estaba utilizando como punta de lanza de una campaña dirigida y ahora emprendida contra la oposición al imperialismo y la guerra. En abril pasado, el secretario de Justicia en la sombra, Steve Reed, le dijo al Gobierno que “dejara de quedarse de brazos cruzados” y “siguiera con su trabajo” contra los manifestantes de Just Stop Oil. Ese octubre, el líder laborista sir Keir Starmer declaró su apoyo a sentencias más largas, diciendo que había presionado por lo mismo mientras era director del Ministerio Público (2008-2013).
Cuando se trata de las protestas palestinas, los laboristas encabezaron la caza de brujas sobre el “antisemitismo de izquierda” y desde entonces se han convertido en los partidarios más dedicados de la Policía Metropolitana, que ya ha arrestado a cientos de manifestantes y está pidiendo las herramientas para ir más allá.
El giro hacia un Estado policial tampoco es un fenómeno exclusivamente británico. Alemania ha llevado a cabo una feroz represión antidemocrática contra los manifestantes climáticos en los últimos años, sirviendo como prueba para la represión de los manifestantes propalestinos en la actualidad. Esto se refleja también en Francia. El asalto frontal a los derechos democráticos es la respuesta universal de una clase dominante que se siente aislada frente a la oposición de masas y no tiene otra respuesta que la represión estatal.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de noviembre de 2023)