La Comisión Europea presentó a mediados de julio de este año su propuesta para la anteriormente llamada Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2027. Decimos “anteriormente llamada” porque la propuesta actual deja de ser una política común europea para convertirse en otra cosa. El desmantelamiento de la PAC ha supuesto una sorpresa relativa, vistos los vientos que soplan actualmente en el continente y más allá, pero lo que seguramente no se esperaba era su ambición destructiva de los pocos avances logrados en los últimos años en defensa de una agricultura y alimentación más justas, sostenibles y saludables.

Un auténtico Armagedón neoliberal activado en el corazón de la gran política comunitaria. Recortes drásticos en su presupuesto (hay que pagar la deriva belicista del continente), desmantelamiento del desarrollo rural, eliminación de facto de la condicionalidad social y ambiental de las ayudas, renacionalización que va a desencadenar una guerra a la baja en los estándares sociales, ambientales y de salud entre Estados y regiones, creación de brechas normativas enormes que solo van a beneficiar al agronegocio… y así un largo etcétera de resortes y mecanismos que tienen como gran objetivo acabar con la poca protección con que contaban la agricultura familiar y sostenible y la alimentación saludable.

Con el clásico martillo pilón usado por el neoliberalismo (“simplificación y eficiencia”), la nueva PAC pretende destruir lo poco que se había logrado en estos años a favor de una agricultura y alimentación justas, verdes y saludables

Nada de esto se puede entender sin situar este órdago neoliberal en el marco del avance dramático e imparable (hasta ahora) de la extrema derecha que, bajo un discurso supuestamente agrarista, en realidad está acabando con los derechos laborales, ambientales, de salud y alimentarios de la población europea. La ultraderecha ha desplazado el marco de actuación y la agenda en Bruselas hacia su discurso nacionalista, neoliberal, etnicista y antiecologista.

Con el clásico martillo pilón usado por el neoliberalismo (“simplificación y eficiencia”), la nueva PAC pretende destruir lo poco que se había logrado en estos años a favor de una agricultura y alimentación justas, verdes y saludables. Uno de los cambios más evidentes es la reducción del presupuesto de la PAC para el próximo marco financiero (2027-2033). El dinero agrícola y alimentario se ha destinado a las llamadas inversiones en “competitividad”, al gasto militar o al capítulo “Global Europe”, que recibe el equivalente a casi una cuarta parte del gasto total de la PAC para beneficiar, en gran medida, a países actualmente fuera de la UE (destaca Ucrania).

Si ya no hay una política agrícola “común”, sino una serie de planes nacionales, se van a agudizar las desigualdades estructurales regionales

No solamente hay pérdida de peso en el presupuesto total, sino también en valores absolutos, ya que, si se mantienen los números presentados, la dotación para la nueva PAC será un 22 % menor en comparación con la del período 2021-2027. Aunque la Comisión, en un poco original ejercicio de trilerismo, lo disfraza de “optimización”, la realidad es que se pierden miles de millones en fondos clave para la agricultura sostenible y la adaptación climática. En cuanto a los pagos directos (el anteriormente llamado Primer Pilar), continúan beneficiando a los grandes terratenientes, mientras se recortan programas de innovación agroecológica.

Tampoco se establece un sistema de progresividad fiscal. El segundo elemento clave es la desaparición política de la UE en temas agrícolas y alimentarios. La propuesta harakiri de la Comisión traslada a los Estados la potestad política para aplicar las medidas que consideren oportunas. La UE se transforma en un fondo monetario que reparte a cada Estado y marca unos objetivos muy generales que cada uno debe cumplir. El cómo lo hagan será cosa de cada cual. Si ya no hay una política agrícola “común”, sino una serie de planes nacionales, se van a agudizar las desigualdades estructurales regionales.

Al entregar a cada gobierno la potestad de decidir cómo y a quién distribuir los fondos, se renuncia a una visión transformadora, equitativa y solidaria a escala europea. La renacionalización de la PAC (una proclama de la extrema derecha) es mucho más grave de lo que parece en superficie. En primer lugar, la desaparición de una política común va a conducir a un empeoramiento de las desigualdades entre los sectores agrícolas europeos y a aumentar la mortífera competencia dentro de la propia Unión, acelerando aún más la desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones, esenciales para la soberanía alimentaria europea y un modelo agrícola diversificado.

También será un revés para los compromisos climáticos y ambientales. Los Estados, en esta nueva lógica neoliberal interna, donde cada país va a competir con el de al lado, difícilmente resistirán la tentación de bajar al máximo los estándares sociales, ambientales o de salud, además de potenciar a todo gas sus respectivos polos agrícolas de agroexportación, cuyos resultados son más que evidentes. En el caso del Estado español, basta mirar al sector hortofrutícola de invernadero de exportación en Almería, Murcia o Huelva, el sector frutícola en Lleida o el País Valenciano  o el sector cárnico en Cataluña y Aragón, para entender de qué estamos hablando.

Lo que ocurre cuando se aplica este nuevo marco neoliberal es ampliamente conocido por las organizaciones y colectivos que llevamos años trabajando el tema agrícola y alimentario en el mundo. El resultado de esta nueva PAC será seguir premiando la concentración de tierra, el monocultivo y la exportación, mientras deja en la cuneta a quienes producen alimentos de proximidad. Si la situación actual ya era desesperante para este tipo de explotaciones, el horizonte propuesto es la puntilla definitiva. Porque, ahora mismo, cada día desaparecen centenares de explotaciones familiares en Europa.

En España, el 44 % de los agricultores tiene más de 65 años. ¿El relevo generacional? Un espejismo. ¿La digitalización y la innovación? Una coartada para abrirle las puertas al capital financiero y a las plataformas tecnológicas. Un tercer aldabonazo a una alimentación justa, sostenible y saludable consiste en cargarse la condicionalidad social y ambiental de las ayudas. Se había avanzado —muy tímidamente, pero se había hecho— hacia condicionar el pago de ayudas públicas a ciertos sistemas de producción agrícola más sostenibles y respetuosos con algunos derechos humanos (especialmente en el ámbito laboral). Ahora nada de eso es obligatorio (es decir, no se condiciona nada), sino opcional y, además, quien va a decidir el qué y el cómo será cada Estado (y sus agronegocios particulares).

Si los Estados tienen pleno control sobre la distribución del dinero de la PAC, sin objetivos de gasto para las medidas medioambientales, es muy probable que disminuyan los incentivos para avanzar hacia prácticas más sostenibles y, no digamos ya, más sociales

Así se propone pasar de obligaciones a recomendaciones, de regular a incentivar. Bajo la trampa lingüística emerge el grave riesgo de socavar los esfuerzos para fomentar prácticas agrarias sostenibles, y más si, como hemos visto, se concede a los Estados miembros plena flexibilidad para definir sus propios programas y suavizar los requisitos ambientales para acceder a las ayudas. Si los Estados tienen pleno control sobre la distribución del dinero de la PAC, sin objetivos de gasto para las medidas medioambientales, es muy probable que disminuyan los incentivos para avanzar hacia prácticas más sostenibles y, no digamos ya, más sociales.

Sin normas claras y obligaciones estrictas sobre el gasto, existe un alto riesgo de que los gobiernos sucumban a la presión del lobby del agronegocio y canalicen los fondos en beneficio de sistemas agrícolas explotadores de las personas y la naturaleza. Pesticidas y explotación laboral a la carta: esa es la propuesta de la nueva PAC.

¿Menos obligaciones y más incentivos?

Por si fuera poco, esto de que habrá “menos obligaciones y más incentivos” tampoco parece del todo cierto: si bien está claro que habrá menos obligaciones, no lo está tanto que vaya a haber más incentivos para respetar los derechos sociales, ambientales y laborales. No tener un plan real para proteger nuestras aguas de la sobreexplotación y la contaminación, para evitar la pérdida de polinizadores y biodiversidad o la desertificación del suelo, es un gran error que acabará pagando tanto la agricultura como, claramente, la ciudadanía, y pondrá en riesgo a la agricultura y la ganadería que más necesitamos.

En esta línea, el llamado Segundo Pilar de la PAC, dedicado al desarrollo rural, la sostenibilidad y la cohesión territorial, ha sido debilitado hasta casi desaparecer, integrándose en un único fondo monetario, pero vacío de normativa. Ello supone directamente menos apoyo a la agricultura familiar y ecológica, que dependía de estas ayudas para competir con la industrial. Supone el abandono de los proyectos de repoblación y empleo rural (clave para frenar la España vaciada), y recortes en medidas ambientales como la agroforestería o la conservación del suelo, ahora relegadas a “voluntarias” y de “incentivos”.

Capítulo aparte merece la explotación laboral en la agricultura de exportación española y europea. La nueva PAC propuesta anula la condicionalidad social, el mecanismo que vinculaba los pagos directos al cumplimiento de las normas laborales, incluida la salud y la seguridad en el trabajo. Además, la propuesta introduce exenciones para explotaciones menores de 10 hectáreas (el 70 % de todas las explotaciones de la UE) y sanciones menos estrictas, lo que aumenta claramente el riesgo para los derechos de las personas trabajadoras.

Todo este desmantelamiento no es casual: responde a la presión de lobbies que prefieren un campo sin campesinado, solo apto para megagranjas, plantas de biogás, solares, vertederos y monocultivos subvencionados, que han encontrado en el discurso reaccionario y fascista de la extrema derecha un marco ideal para su expansión cultural y material. Lo hemos visto en Francia, Italia, Hungría y también en España: los partidos ultraconservadores se presentan como defensores del campo, pero no del campesinado y mucho menos de la ciudadanía y del derecho a una alimentación sana, justa, adecuada, accesible y agroecológica.

Esta renacionalización de facto, legitimada por la Comisión, rompe con el principio de solidaridad, y se impone un modelo de “todos contra todos”: una guerra agrícola sin ganadores

Defienden una PAC sin condiciones sociales ni ambientales, donde el dinero público siga alimentando a las grandes explotaciones, mientras los pequeños agricultores desaparecen. Así, cada Estado impondrá sus reglas, adaptadas a las presiones de su oligarquía. Esta renacionalización de facto, legitimada por la Comisión, rompe con el principio de solidaridad, justicia y convergencia territorial que debería tener toda política común. En su lugar, se impone un modelo de “todos contra todos”: una guerra agrícola sin ganadores.

La nueva Política Agraria Común (PAC) debería ser una herramienta para garantizar el derecho a la alimentación, sostener al campesinado y enfrentar el colapso climático. Pero las últimas reformas la han convertido en todo lo contrario: una máquina de subvencionar el agronegocio que, con esta nueva propuesta de la Comisión Europea, significa desmantelarla como política de la Unión y ceder a las presiones de la extrema derecha. Hace apenas unos años, la Comisión Europea presentaba con entusiasmo su estrategia “De la granja a la mesa” y el Pacto Verde Europeo.

Lo que comenzó como una legítima revuelta del campesinado contra la precariedad y los precios bajos fue rápidamente instrumentalizado para desactivar cualquier intento de transformación ecológica. Bruselas cedió

Por primera vez, parecía abrirse la puerta a una reforma estructural de la PAC alineada con los objetivos climáticos y la transición agroecológica. Se hablaba de reducir pesticidas, fertilizantes, consumo de carne y apoyar una producción más local y sostenible. Hoy, ese proyecto está muerto. Lo mataron las protestas promovidas por el agronegocio y amplificadas por partidos ultraconservadores y negacionistas del clima en toda Europa. Lo que comenzó como una legítima revuelta del campesinado contra la precariedad y los precios bajos fue rápidamente instrumentalizado para desactivar cualquier intento de transformación ecológica. Bruselas cedió.

Se retiraron medidas clave del Pacto Verde, se flexibilizaron los requisitos ambientales de la PAC y se permitió que cada Estado miembro adaptase la política a su gusto, fragmentando aún más el sentido de una política común; y ahora, con esta nueva reforma, asistimos a su entierro definitivo. La PAC, lejos de garantizar soberanía alimentaria, refuerza la lógica de la competencia entre países, agricultores y modelos productivos. Al no poner límites al libre comercio, la UE firma tratados que permiten importar alimentos producidos sin derechos laborales ni garantías ambientales.

Esto expulsa del sistema a quienes no pueden competir en esa guerra de precios. En el supermercado, el resultado es un espejismo de abundancia: frutas todo el año, carne barata, estanterías llenas. Pero detrás de cada producto hay un coste invisible: explotación laboral, pérdida de biodiversidad, despilfarro de agua y colapso climático.

La fractura política de la renacionalización de la PAC

El desmantelamiento del Pacto Verde y la renacionalización de la PAC no son solo una derrota ambiental o económica, sino también una fractura política. La UE se construyó sobre la idea de una política agrícola común. Abandonarla es abrir la puerta a una Europa cada vez más fragmentada, más débil y más incapaz de afrontar colectivamente los retos del siglo XXI. La extrema derecha ha conseguido lo que quería: sustituir el debate sobre justicia social y climática por una guerra cultural nacionalista. Y la Comisión, en lugar de liderar, ha capitulado.

Esta reforma consagra un modelo que recorta fondos cuando más se necesitan (crisis climática, abandono rural), entierra el desarrollo rural y entrega la PAC a los Estados, sin garantías de equidad ni sostenibilidad. Es necesario recuperar el sentido político y público de la alimentación, el campo y la agricultura. Hay que exigir una PAC que garantice precios justos, que respalde la agroecología, que limite el poder de la gran distribución y que ponga en el centro el derecho a alimentarse con dignidad. Una Europa sin campesinado no tiene futuro, y menos una Europa donde el campo sea un negocio financiero, sin territorio, sin derechos y sin democracia.