[Con el objetivo de frenar a la Fundación La Caixa en su intento de privatizar 2.000 pisos de alquiler protegido, decenas de inquilinas han recurrido a la huelga como herramienta de lucha contra la mayor propiedad inmobiliaria del país. Viejas y nuevas formas de lucha han demostrado su eficacia: las huelguistas estan ganando. Este artículo repasa este conflicto y contribuye al desarrollo teórico de la huelga de alquileres como herramienta de lucha y emancipación inquilina.]
La Caixa ha dejado de ingresar cerca de 260.000 euros de más de sesenta viviendas alquiladas en régimen de Vivienda de Protección Oficial. Este conjunto de inquilinas lleva años organizando su malestar y estudiando las posibilidades de los mecanismos que han acabado obligando al mayor propietario de viviendas alquiladas de Cataluña a negociar y aceptar las condiciones con las que se quiere vivir en estas viviendas. La decisión de retener el alquiler es una medida que, en el actual ciclo de luchas contra los abusos inmobiliarios, parece incipiente e incluso innovadora. Por otro lado, tras las movilizaciones por una vivienda digna del otoño y la primavera pasados, podemos observar la progresiva infiltración en el imaginario colectivo del concepto de huelga de alquileres, así como su genealogía histórica.
En este sentido, el presente artículo pretende analizar este conflicto desde el poder creativo de su propuesta, sin olvidar el legado de las luchas de la parte de la sociedad que sabe que es explotada.
Vivienda protegida con fecha de caducidad
Para empezar, es necesario situar el origen del problema: la forma en que se ha llevado a cabo la promoción de la vivienda pública en el Estado español. En primer lugar, hay que aclarar que cuando los medios de comunicación hablan de “vivienda pública” no se refieren a viviendas de propiedad pública, sino a viviendas promovidas por la administración pública, es decir, viviendas sujetas a determinadas condiciones que exigen un precio asequible, pero que no implica necesariamente un cambio de propiedad o adquisición por parte de la administración.
Así, cuando hablamos de viviendas de protección oficial, la mayoría de las veces nos referimos a viviendas con ciertos requisitos de acceso y límites de precio, pero que no tienen por qué ser de propiedad pública. De hecho, lo que suele ocurrir es que el sector público subvenciona a entidades privadas para que construyan promociones de viviendas mediante mecanismos como la cesión de suelo público o beneficios fiscales. Estas subvenciones están condicionadas a que estas viviendas estén protegidas durante un periodo determinado y, cuando este finaliza, suelen volver al mercado privado, ya que la propiedad nunca ha cambiado de manos. En pocas palabras: a medio y largo plazo, este modelo de “vivienda pública” es en realidad una transferencia directa de recursos públicos al mercado privado. Otro ejemplo de cómo el mercado “libre” y el beneficio privado se sustentan en una fuerte intervención pública.
Uno de los principales actores que se ha beneficiado de este modelo ha sido, precisamente, La Caixa. Esta entidad ha participado en la construcción de viviendas protegidas con la expectativa de obtener beneficios sustanciales una vez transcurridos diez años, momento en el que estas viviendas pueden salir al mercado privado. Además, según un informe del Sindicat de Llogateres de Cataluña, en una promoción típica la amortización de la construcción se consigue tras este periodo.
Esto significa que, gracias al acceso a la construcción de viviendas públicas, La Caixa llegó a tener a su disposición 38 promociones que suponían una cartera de activos susceptibles de ser explotados en el mercado libre. La forma en que La Caixa fue preparando el terreno para maximizar la rentabilidad de sus activos fue comenzar a expulsar a las personas que alquilaban sus viviendas a medida que les vencían los contratos protegidos, mostrando su voluntad de ejecutar una operación de venta en paquete. Negocio redondo, sustancialmente redondeado por las administraciones públicas.
Sin embargo, las perspectivas comerciales de La Caixa no se han limitado a expectativas especulativas a diez años vista. Una serie de cláusulas y recibos han ido aumentando la presión del alquiler sobre las personas que viven en estas viviendas sociales. Así, la gestión de estos contratos refleja las prácticas de cualquier fondo buitre con su cartera de activos inmobiliarios: cobrar primas de seguros obligatorios, fianzas, comisiones, etc. En muchos casos, estos recargos impuestos a los inquilinos iban acompañados de un importante déficit en los gastos de mantenimiento. Resulta desconcertante (o quizá no) ver cómo se ha repercutido el IBI a los inquilinos, cuando los ayuntamientos conceden una bonificación del 50 % en este impuesto sobre la propiedad debido al carácter protegido de sus viviendas. O que incluso hayan llegado a cobrar a los inquilinos el coste de contratar un servicio de seguridad para retirar las pancartas de protesta de las familias.
Respuesta a la explotación
Una pancarta en un balcón es la señal para hacer visible que hay un conflicto en esa vivienda. Hacerlo de forma coordinada con los demás residentes del mismo bloque es una muestra de confianza en una comunidad dispuesta a plantar cara a un gran propietario. Esta confianza la han ido ganando poco a poco cada vez más inquilinos de La Caixa tras cuatro años de asambleas de bloque, campañas de puerta a puerta, ruedas de prensa y manifestaciones.
La respuesta de La Caixa siempre ha sido el silencio, la coacción y la negativa a mostrar ninguna debilidad. Por ejemplo, no suspendiendo los procedimientos judiciales contra las personas cuyos contratos están a punto de expirar. Como hemos visto, sin embargo, este conflicto se ha determinado por la capacidad de mantener las posiciones y por la táctica de socavar las del adversario.
Un caso claro lo podemos encontrar con el blindaje del espacio mediático por parte de los tentáculos de La Caixa. No ha existido un seguimiento detallado del pulso del conflicto y, en parte, es consecuencia de la presión que ha realizado la entidad financiera para que no se publique mucho al respecto. Si bien se podría pensar que esto ha sido una ventaja para la entidad de Isidre Fainé, también es síntoma de su incapacidad para contraponer públicamente su relato, ya que saben que en el contexto actual sus prácticas son indefendibles.
Así, las formas de recuperar la vivienda pública y doblegar las expectativas de beneficio de La Caixa se han logrado mediante movimientos de acción sindical, complementados con presión legal e institucional, contingentemente autónomas del debate mediático. Esta lucha nos permite analizar la solidez de la organización de base de los inquilinos en su determinación de liberarse de las reglas del juego impuestas hasta ahora por su arrendador.
Entonces, ¿cuál es la situación actual? El 26 de noviembre, el Gobierno anunció el último paquete de transferencia de 1100 pisos que, sumados a los anteriores, elevan el total a 1700 viviendas sociales aseguradas de forma permanente como parque público, tras haber sido adquiridas a un precio muy inferior a las expectativas iniciales de beneficio de La Caixa. El conflicto continuará durante unos meses más, presumiblemente hasta que se complete la transferencia de todas las viviendas. En este sentido, la asamblea extraordinaria de huelguistas del 29 de noviembre ratificó la continuación de la huelga durante el mes de diciembre, a la que se sumarán 50 nuevas familias, así como la movilización “Encerclem La Caixa” del 17 de diciembre.
Más allá de la impresión que causan estas cifras, lo que hay que reivindicar aquí es el gesto de insubordinación de unas sesenta viviendas que han roto las reglas del juego vigentes hasta ahora. En paralelo, hay que celebrar la presión que se ha ejercido desde el ámbito local, donde las secciones sindicales consiguieron que dieciséis municipios aprobaran mociones de apoyo a las reivindicaciones de las inquilinas y reconocieran una cuestión de puro sentido común que las huelguistas no se han cansado de repetir: no tiene sentido escuchar al gobierno del PSC enarbolar la bandera de la construcción de 50.000 viviendas públicas nuevas si, al mismo tiempo, cerca de 43.000 viviendas pueden perder esta calificación en los próximos años.
Lo mismo puede decirse de la acción legal colectiva que, hasta la fecha, reclama más de 350.000 euros por cobrar indebidamente el impuesto municipal a los inquilinos, una cifra que podría aumentar en función del número de familias que se sumen. La demanda, por tanto, es otra herramienta que nos muestra hasta qué punto esta huelga es tanto una enmienda a los Planes Estatales de Vivienda del pasado como un conjunto de condiciones para organizar la gestión de la vivienda social en el futuro.
Por todas estas razones, nos encontramos ante una victoria rotunda e histórica. Para llegar hasta aquí, la confianza en el apoyo mutuo que se ha ido tejiendo en el seno de la propia lucha de las huelguistas, así como la solidaridad de las luchas externas, han permitido imaginar hasta qué punto pueden ser escalables los conflictos que están por venir.
El significado de la huelga
Una huelga es una suspensión unilateral de la vida cotidiana y del orden establecido con el fin de reconfigurarlos según las necesidades y deseos de quienes la convocan. Cuando se refiere específicamente a la suspensión del pago de ingresos al propietario, la huelga de alquileres puede manifestarse con ciertas particularidades que la distinguen de las huelgas laborales, pero es necesario no perder de vista la perspectiva política que tienen todas las huelgas. Las huelgas no son solo un medio para resolver una situación concreta (un aumento salarial, una readmisión, una reducción del alquiler), sino una manifestación del poder organizativo que nos permite avanzar hacia un cambio profundo de las condiciones materiales de nuestra vida cotidiana.
En cualquier huelga, lo que se cuestiona son las condiciones de explotación que impone la propiedad privada, ya sea de los medios de producción o de los medios de extracción de rentas. La forma y los objetivos para cuestionar estos límites vendrán determinados por el contexto histórico y la lucha específica en la que se desarrollen, pero la base del conflicto y el poder que lo impulsa tienen su origen en la forma jurídica de la propiedad. ¿Qué están haciendo las vecinas de La Caixa sino cuestionar el libre ejercicio del comercio de activos que han sido adquiridos legalmente con la cooperación de las administraciones públicas?
En este sentido, si miramos la huelga contra La Caixa desde su caso más concreto, se desarrolla con unos objetivos muy claros: acabar con las prácticas abusivas y garantizar la renovación de los contratos protegidos. ¿Acaba aquí el significado de la huelga? En absoluto. Alcanzar estos dos objetivos también implica exigir que se detenga la desclasificación de las viviendas protegidas, cuestionando los fundamentos jurídicos del modelo VPO. Y lo que representa la mayor importancia política de esta lucha: exigir que las condiciones de acceso y gestión de estas viviendas se determinen en función de las necesidades y deseos de las personas que las habitan.
Esto nos lleva a reflexionar sobre el reconocimiento que todos obtenemos en esta lucha como organización inquilina. No nos referimos únicamente al reconocimiento legal, sino al reconocimiento indirecto, tácito e inevitable como organización. La propiedad puede negar la formación del comité de huelga de inquilinas, pero no el hecho de que no se esté pagando el alquiler. Puede negarse a sentarse a la mesa de negociaciones y mantener los procedimientos legales contra las inquilinas con contratos rescindidos, pero no puede negar el hecho de que ha visto cómo disminuye el valor de sus activos.
Nunca debemos esperar a que nos legitime la parte que nos oprime, sino crear las condiciones de posibilidad para la acción, anticipándonos a la cristalización de futuras formas de derecho. Y al igual que la huelga no es un fin en sí misma, tampoco lo es la conquista de derechos. Los derechos no se poseen, se ejercen, estén o no consagrados en un marco jurídico específico.
En este punto, nos gustaría fundamentar estas reflexiones en ejemplos de luchas pasadas que proyectan futuros que creemos alcanzables. En primer lugar, hablemos de la caja de resistencia. Nunca está de más recordar este mecanismo de apoyo y solidaridad frente al olvido que conlleva vivir bajo el realismo capitalista. Sin embargo, no es necesario apelar a la nostalgia histórica de los sindicatos ingleses de la primera Revolución Industrial para revivir la idea de las cajas de resistencia sindical. Podemos fijarnos en la exitosa huelga de Novaltia, que terminó en marzo de 2023 tras 3 años y 8 meses con un aumento salarial del 26 %. ¿Cómo fue posible mantener un conflicto así? Materialmente, gracias a una caja de resistencia financiada gracias a las elevadas tasas de afiliación, una característica de la organización de las clases trabajadoras en Euskadi. Emocional y políticamente, gracias a una cultura que confía en la acción sindical como garantía de mejora de sus condiciones.
Así, hay dos aspectos clave de la huelga contra la Caixa que son cruciales para el futuro de las inquilinas (sean o no de la Caixa): la confianza en la caja de resistencia y la normalización del conflicto como formas de expresar las exigencias de sus condiciones de existencia. Nos encontramos, por tanto, en un punto de inflexión en el último ciclo de luchas del movimiento por la vivienda, donde la experiencia acumulada nos permite articular movimientos ofensivos de masas. Para llegar a este punto, sin embargo, han sido necesarias acciones como la detención de desahucios ante comisiones judiciales y fuerzas policiales, y la desobediencia de miles de personas inquilinas desde el inicio de la campaña Nos Quedamos y la politización de las ocupaciones de viviendas vacías en todo el territorio. Esta experiencia ha sido fundamental para acostumbrarnos, como inquilinas, al conflicto y sus potencialidades.
Sin las experiencias compartidas de las luchas de clase a lo largo de muchos, muchos años, no se podrían entender huelgas como las de las cuencas mineras asturianas en pleno franquismo, las llamadas “huelgas del maíz” o las huelgas del “no sé”. En un contexto represivo hacia la organización trabajadora, llegar a la mina y encontrar maíz en el suelo era una señal que animaba a la huelga, aludiendo a la domesticación que habría supuesto seguir trabajando. Durante los interrogatorios de la policía, la respuesta fue unánime: no lo sé. Aunque nos encontramos en un contexto diferente, es importante valorar este tipo de códigos compartidos dentro de la clase, ya que son un indicador del grado de infiltración del conocimiento y del nivel de confianza que debemos mantener y ganar sobre nuestros adversarios.
En cuanto la caja de resistencia, más allá de ser un instrumento para acumular recursos materiales que permitan sostener un conflicto en sus dos dimensiones defensiva y ofensiva (pancartas, carteles, reclamaciones legales, apelaciones), debe recuperar la centralidad necesaria para convertirse en la encarnación de la solidaridad de clase. Extender este recurso es responsabilidad de todas las inquilinas que desean mejorar sus condiciones actuales. Al igual que la primera renovación del contrato tras un “Nos Quedamos” fue una victoria para el conjunto de las inquilinas, ganar una huelga en los términos que definen la huelga contra la ayuda a la vivienda tiene implicaciones políticas para todas.
Como se ha señalado anteriormente, más allá de un derecho de huelga que puede ser reconocido, nos interesa recuperar lo que ya está ocurriendo: la gestión común de los alquileres retenidos en un fondo que permite a las propias inquilinas plantar cara a la propiedad, y que esta no recibirá hasta que se alcance un acuerdo. Por otro lado, la caja de resistencia garantiza una acción sindical escalable, pero sobre todo tiene una importancia intangible con un valor incalculable en cualquier conflicto: el saber que se cuenta con el apoyo de personas que creen en tu lucha y te lo hacen saber.
Hacia la emancipación inquilina
A lo largo de este artículo se han presentado algunos elementos de la lucha existente contra la Caixa, que abren condiciones de posibilidad en cuanto al acceso y la gestión de la vivienda, pero también al uso urbano del espacio y a las formas en que se ha construido. Es más, día tras día, constatamos que el capitalismo contemporáneo no puede entenderse sin analizar los modos de extracción de renta en el mercado inmobiliario.
Es en este contexto donde la emancipación inquilina debe surgir como un concepto que deben poner en práctica las propias inquilinas. En este sentido, imaginar y construir la
emancipación de las inquilinas debe permitirnos pensar en formas de superar la relación actual que tenemos con nuestros hogares. Quienes sufrimos esta relación sabemos que el alquiler supone un agravamiento de la explotación que sufrimos en el trabajo, precarizando aún más nuestros salarios y, al mismo tiempo, haciéndolos más indispensables. Esta doble disciplina limita nuestra experiencia, así como la proyección de nuestras capacidades y deseos.
Ante esto, creemos que la huelga de inquilinos contra La Caixa nos dibuja un futuro posible: el de la gestión democrática de la vivienda, en la que los propios inquilinos definen la relación que debe establecerse para que una vivienda satisfaga las necesidades de las personas que la habitan. Materializar esta gestión democrática implica, por consiguiente, cuestionar la renta. En otras palabras: si el alquiler es una transacción que garantiza las necesidades básicas, ¿debería tener en cuenta, exclusivamente, los costes de construcción y mantenimiento de la vivienda (reparaciones, mejoras, etc.)? ¿Tendría sentido, en este caso, seguir hablando de “alquiler” o “renta” como tal?
Si respondemos a esta pregunta, comprenderemos mejor lo que pagamos cuando pagamos el alquiler y la magnitud de esa parte que sigue generando valor y aumentando a lo largo de los años de vida de un inmueble. Como se ha señalado anteriormente, los edificios de La Caixa se han amortizado tras diez años de alquiler. Lo que se sigue pagando después de cubrir los costes de construcción es lo que podemos llamar renta pura, y no es más que la manifestación de un peaje sobre la propiedad cuantificado en una esfera absolutamente ajena a la producción y reproducción de la realidad material en la que se inscribe.
Así pues, la abolición de la renta abre otra cuestión sobre la organización del trabajo necesario para reproducir la existencia humana sin la explotación rentista. Recordemos que la lucha de las inquilinas contra La Caixa cuestiona el volumen de viviendas sociales que las autoridades públicas dicen que hay que construir. Quizás si tenemos en cuenta la necesaria transición ecológico-social, llegaremos a la conclusión de que debemos pensar en cómo producir las viviendas necesarias con las condiciones materiales y los límites ecológicos del planeta que tenemos. Por lo tanto, la abolición de la renta no nos obliga a pensar solo en la gestión de la vivienda, sino en determinar colectiva y democráticamente los usos del suelo.
Pensar en la emancipación inquilina nos invita, pues, a considerar las formas que debería adoptar nuestra sociedad futura, en la que el acceso al suelo y a la vivienda sean la base y no el límite de nuestra libertad. Los huelguistas de La Caixa nos enseñan que esto no es un sueño o, mejor aún, que, si es un sueño, hacerlo realidad no es en absoluto imposible.
Sindicat de Llogateres de Catalunya