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Por primera vez, la Corte Penal Internacional podrá investigar el programa de torturas de la CIA después de la invasión de Afganistán en 2001. Los abogados de las víctimas se alegran, Washington echa humo.

Es una gran noticia y una decisión histórica: los oficiales militares estadounidenses y de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, podrían ser procesados ​​por su participación en el sistema de prisiones secretas establecido a principios de la década de 2000 en países como Rumania, Polonia, Lituania o Tailandia.

Esta es la consecuencia de una sentencia de la cámara de apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) de fecha jueves 5 de marzo: abre el camino a una investigación sobre crímenes de guerra cometidos desde el 1 de mayo de 2003 tanto en Afganistán, no solo por los estadounidenses, sino también por las fuerzas gubernamentales y grupos armados como por los talibanes, sino también en el extranjero, cuando estuvieran vinculados a ese conflicto.

Los jueces revocaron la decisión de primera instancia. La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, podrá ponerse a trabajar. En un video, declaró que era «un día importante para el curso de la justicia sobre la situación en Afganistán».

Bensouda, a quien Estados Unidos ha revocado su visado, dijo que quería «realizar una investigación exhaustiva, rigurosa, independiente, imparcial y objetiva». Por fin obtiene satisfacción.

Como recordó el presidente de la Sala de Apelaciones, el juez Piotr Hofmański, en noviembre de 2017 presentó una solicitud para investigar los crímenes presuntamente cometidos en Afganistán y en otros países «por, en primer lugar, los talibanes y grupos afiliados por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, las fuerzas de seguridad nacional afganas por crímenes de guerra y las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América y su Agencia Central de Inteligencia, la CIA , por crímenes de guerra».

En una primera decisión en abril de 2019, el Tribunal rechazó la solicitud, argumentando que la investigación, a la que se oponen tanto Estados Unidos como Afganistán, no serviría a los intereses de la justicia.

Una de las abogadas, Katherine Gallagher, que representa a dos víctimas, estaba encantada de que «hoy, la Corte Penal Internacional ha dado nueva vida al mantra de que» nadie está por encima de ley «y [restaurado] la esperanza de que la justicia pueda ser accesible, y aplicable, para todos».

«Durante más de quince años, al igual que muchas otras víctimas del programa de torturas estadounidense, Sharqawi al-Hajj y Guled Duran han sufrido física y psicológicamente el encarcelamiento ilegal de las autoridades estadounidenses, mientras que los ex altos funcionarios disfrutan de impunidad. . Al autorizar esta importante y dilatada investigación sobre crímenes en Afganistán y vinculados a Afganistán, la Corte ha demostrado que no se tolerará interferencias políticas en los procedimientos judiciales», agregó.

Sharqawi al-Hajj, un yemení, se encuentra recluido en la base de la Bahía de Guantánamo desde septiembre de 2004 sin haber sido acusado ni procesado, sin posibilidad de ser liberado. Antes, había pasado dos años en prisiones secretas de la CIA en Jordania y Afganistán, sometido a tortura e interrogatorios. Guled Hassan Duran, somalí, fue arrestado en Djibouti y entregado a la CIA en marzo de 2004. Ha estado en Guantánamo desde 2006.

Solomon Sacco, director de justicia internacional de Amnistía Internacional, declaró que se trata de un «momento histórico en el que la Corte Penal Internacional recuerda un terrible error y decide apoyar a las víctimas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por todas las partes en conflicto en Afganistán».

«La CPI representa la primera esperanza real de justicia para las víctimas del conflicto, que han sido ignoradas vergonzosamente durante años, incluso en el reciente acuerdo de paz que no menciona los crímenes cometidos contra ellas», anadió.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó en un comunicado «la acción abrumadora por parte de una institución política que no rinde cuentas y que se hace pasar por una institución legal». También denunció que la decisión «irreflexiva se produce solo unos días después de que Estados Unidos firmó un histórico acuerdo de paz sobre Afganistán».

«Tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar que los estadounidenses no sean conducidos ante esta institución político para ejecutar una venganza política», agregó Mike Pompeo, tras recordar que Estados Unidos no es parte del CPI.

Los estadounidenses comenzaron su guerra en Afganistán después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, que dejaron casi 3.000 muertos. Las prisiones secretas, los sitios negros (lea una investigación completa del Guardian aquí), se habían creado tanto en Afganistán como en países aliados. El de Tailandia fue dirigido por Gina Haspel, actual directora de la CIA.

Los interrogadores de la CIA utilizaron lo que la agencia describió como «técnicas mejoradas de interrogatorio» ideadas por dos psicólogos contratados con ella, Bruce Jessen y James Mitchell.

Se llevaban a cabo simulaciones repetidas de ahogamiento, los detenidos eran privados de sueño, a veces hasta 180 horas, y encerrados en confinamiento solitario en celdas oscuras con solo un cubo para sus necesidades. Se emitía música continuamente para evitar que se comunicaran entre sí. El sitio cerca de Kabul era llamado la «mazmorra» por uno de los responsables del equipo de interrogatorios.

Estas torturas se defendieron como necesarias para obtener información con el fin de evitar nuevos ataques contra los intereses estadounidenses. Sin embargo, un informe del Senado de EEUU de 2012 encontró que el programa no había sido un «medio eficaz para obtener información precisa o la cooperación de los detenidos». Empujados hasta el límite, estos últimos, por el contrario, daban información falsa para poner fin a su tormento.

Bruce Jessen y James Mitchell han sido demandados ante un tribunal civil en los Estados Unidos por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de tres víctimas del programa de la CIA, una de las cuales murió como resultado de las torturas. Fue la primera vez que se denunció ante los tribunales tal procedimiento.

En la víspera del juicio, en agosto de 2017, los dos psicólogos concluyeron un acuerdo, según lo permitido por los tribunales estadounidenses, para poner fin al procedimiento. Sus términos son confidenciales.

En diciembre de 2019, el Washington Post publicó, sobre la base de documentos oficiales (entrevistas con altos funcionarios) y memorandos secretos que el periódico pudo obtener después de una lucha legal de tres años en nombre de la libertad de información – una serie de documentos para entender por qué y cómo los Estados Unidos pudieron actuar ilegalmente hasta este punto.

Fuente:

https://www.mediapart.fr/journal/international/060320/la-justice-internationale-peut-desormais-se-pencher-sur-les-prisons-secretes-de-la-cia

Traducción:Enrique García