La Audiencia Nacional de España ha imputado a 14 cadenas de televisión, incluidas las más importantes del país, por el denominado ‘fraude de la rueda’, por el que presuntamente obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de los contenidos musicales emitidos en programas nocturnos sin apenas audiencia.

Los entes televisivos investigados son: Radiotelevisión española, Atresmedia, Mediaset, Canal Sur, Televisión de Extremadura, Radiotelevisión del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Radiotelevisión de Aragón, Televisión de las Illes Balears, EITB, Telemadrid, Televisión Pública de Canarias, Radiotelevisión de Castilla y León y Televisión de Castilla La Mancha.

El juez, que les investiga por un delito de corrupción en los negocios cometidos por medio de organización y/o grupo criminales, les da un plazo de cinco días a todos ellos para personarse en la causa.

La trama se destapó en 2017 con un operativo policial contra un sistema por el que varios socios de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), una sociedad privada para la gestión colectiva de derechos de autor, habrían defraudado entre 2006 y 2011 alrededor de 100 millones de euros: en torno a 20 millones de euros al año. Para evitar ser detectados, y que no aparecieran siempre los mismos beneficiados, ponían los derechos autor a nombre de familiares, cónyuges, hijos o de sociedades o productoras creadas a tal fin.

El magistrado investiga el registro de supuestas modificaciones de obras originales, para que estuvieran libres de derechos de autor, así como de obras de poca o nula calidad, que eran puestas a nombre de terceras personas, para emitirlas como música de fondo en programas nocturnos de televisión y cobrar por ello. En esos años, la franja horaria nocturna llegó a suponer el 70 % de la recaudación de la SGAE en la televisión, aunque en términos de audiencia, solo llegaba al 1 %.

Según el auto conocido, la actividad delictiva «no podría desarrollarse sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas», y apunta que los investigados podrían haber actuado en connivencia con trabajadores de productoras de televisión, de manera que «abonarían a estas comisiones para que su repertorio se difundiera en horas nocturnas, con preferencia a otras obras».