Bukele estará esta semana en la mira de gobiernos y organizaciones de derechos humanos. Su gobierno comenzará este martes 8 de octubre un juicio, para el cual no hay prueba alguna, de cinco defensores del agua, acusados por la Fiscalía General de El Salvador de un presunto crimen de guerra cometido hace más de 33 años, durante la guerra civil de El Salvador, que cobró 75 mil vidas.

Desde enero de 2023 se capturó (aho­ra en arresto domiciliario) a Miguel Án­gel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas, Saúl Agustín Rivas y Antonio Pacheco, miembros de la Asociación de Desarrollo de El Salvador (ADES) de Santa Marta. Como parte de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, se enfrentaron y vencieron a la empresa minera canadiense Pacific Rim (adquirida por OceanaGold). No hace falta conjeturar que se les persigue por su papel en haber hecho de El Salvador el primer país del mundo en prohibir la minería metálica, y por levantar la voz de alarma sobre los intereses del régimen actual en reinstalarla.

Este caso demuestra que el gobierno de Bukele no detiene solamente a miembros de bandas criminales. Una delegación de verificación que visitó El Salvador el pasado otoño reportó que se ha detenido y torturado a miles de personas inocentes, incluyendo sus opositores políticos, activistas ambientales y dirigentes sindicales (Ver Estado de decepción: https://tinyurl.com/25jxtf44). En cambio, Bukele ha bloqueado los intentos de búsqueda de justicia para cientos de víctimas en las masacres del Mozote, el Río Sumpul y el Río Lempa, perpetrados por un régimen represor respaldado por Estados Unidos.

En el trasfondo de este juicio existen evidencias de que Bukele busca revertir la prohibición a la minería metálica alcanzada por un voto unánime en la legislatura salvadoreña en 2017, con lo que arriesgaría el abastecimiento de agua y violaría la voluntad popular. Según un reporte, en 2021, el gobierno de Nayib Bukele invitó a ONG y universidades a participar en la elaboración de una nueva ley de minería metálica. Mientras, un grupo de extranjeros y una empresa, relacionada con la trasnacional minera Titan, que operaba en Honduras, llegaron a San Isidro, tanto para realizar supuestas obras sociales como para comprar tierras con potencial minero (https://tinyurl.com/mrbfh6vy). Bukele también asignó en 2022, 4.5 millones de dólares para modificar leyes mineras y energéticas, incluyendo una nueva ley para crear una Dirección de Hidrocarburos, Energía y Minas.

Organizaciones solidarias con el pueblo de El Salvador en México (https://www.facebook.com/SolidaridadSVMX/), Estados Unidos, Canadá, Panamá y Alemania lanzamos desde la semana pasada una Semana Internacional de Acción protestando ante embajadas y consulados salvadoreños, con consignas como: ¡el agua vale más que el oro!, ¡no a la minería, sí a la vida! (más información: https://www.stopesmining.org/). Estas acciones son continuación de más de 20 meses de campaña, durante los cuales congresistas de EU y España, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y cientos de organizaciones se han solidarizado con los cinco defensores del agua y por el derecho del pueblo salvadoreño a continuar la prohibición a la minería.

En enero pasado, 185 académicos, abogados y organizaciones legales de 26 países enviaron una carta abierta al fiscal general de El Salvador solicitando abandonar el caso y hacer respetar los derechos humanos del pueblo salvadoreño (https://tinyurl.com/yu483as6). Una de las académicas firmantes es Aideé Tassarini, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella participará esta semana en El Salvador con una delegación internacional para observar el juicio. Cuando le pregunté qué le motivaba a sumarse, me respondió que “leer el libro Defender el agua, de John Cavanagh y Robin Broad (editorial Grano de Sal), me inspiró para hacer lo que más me interesa en relación con las luchas, a veces a muerte, contra los monopolios mineros que devastan nuestros territorios en casi todo el planeta, y lo que más me interesa es dar a conocer a públicos más amplios el saqueo y devastación que sufren las personas y la naturaleza”.

Asimismo, representantes de embajadas de Canadá, Alemania, Francia, el Reino Unido y España y varias instituciones de derechos humanos enviarán representantes al juicio. Lamentablemente, hasta el momento, no se ha logrado ese compromiso de los gobiernos de Estados Unidos ni de México.

Para México este caso es importante por su historia. Además de la falta de pruebas, los cinco defensores del agua están cubiertos por los Acuerdos de Paz de 1992, producto del diálogo entre el FMLN y el gobierno salvadoreño, auspiciado por la ONU y países como México, y firmados en el castillo de Chapultepec. Ese mismo año la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Reconciliación Nacional, que admitió una amnistía a miembros del FMLN para permitirles deponer las armas y participar en la vida política del país.

Bukele ha llamado los Acuerdos de Paz una farsa (leer entrevista en BBC a Nidia Díaz, firmante de los acuerdos en representación del FMLN: https://tinyurl.com/3adz5bjj). Por esto, en este caso el gobierno de Bukele y su sistema de impartición de justicia serán los juzgados internacionalmente. La lucha en El Salvador ante la minería es importante ejemplo para la intención de la nueva secretaría de la Semarnat, la doctora Alicia Bárcena, de desterrar el paradigma neoliberal extractivista, generador de desigualdades.

* Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)