Los medios europeos ya no ocultan que corren “vientos de pánico” en la industria europea y, singularmente, en el sector de los fabricantes de automóviles. Además de la guerra comercial con China, las normas para reducir las emisiones de CO2 pueden acabar con el sector y miles de trabajadores irán a la calle.

La Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA), el grupo de presión del sector en Bruselas, ha pedido a la Unión Europea que active un procedimiento de emergencia para posponer dos años la aplicación, prevista para 2025, de las normas para reducir las emisiones de CO2.

La agencia Bloomberg ha publicado el documento, que no está apoyado por Stellantis, uno de los grandes monopolios del sector, con marcas como Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroen o Lancia. Su redactor ha sido Luca de Meo, el presidente de Renault.

Los fabricantes se refieren a una norma denominada CAFE (Corporate Average Fuel Economy), que fija un umbral medio de emisiones de CO2 para todos los vehículos vendidos, bajo pena de multa. Para lograr este aplazamiento, “aboga por el uso de una disposición poco conocida, el artículo 122.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permitiría diferir en la urgencia de aplicar un reglamento, evitando la intervención del Parlamento de Estrasburgo.

Para cumplir los nuevos objetivos, los fabricantes tendrían que vender de media un coche eléctrico por cada cuatro vehículos térmicos, con el fin de compensar el exceso de emisiones de gases.

Sin embargo, el mercado eléctrico europeo lleva más de un año estancado en menos del 15 por cien para los turismos y del 7 por cien para los vehículos utilitarios. Las sanciones podrían alcanzar los 13.000 millones de euros para los turismos y los 3.000 millones para los vehículos comerciales.

Los objetivos son diferentes para los turismos y para los utilitarios, prueba de que incluso en Bruselas son conscientes de que electrificar los vehículos profesionales es tarea imposible… al menos de momento.