Los días 26 y 27 de noviembre tuvieron lugar dos jornadas de huelga que han vaciado y parado las seis universidades públicas madrileñas. Esta movilización, con un alto seguimiento de forma general, responde al estrangulamiento económico, burocratización y privatización de la educación superior.
La valoración de las jornadas es muy positiva, movilizando a unas 55 000 personas en la manifestación Atocha-Sol en el segundo día de huelga. Esto es el resultado del trabajo militante y activista constante en cada facultad, en un ejercicio de organizar a las no organizadas. Sólo una plataforma construida (y en construcción) desde abajo, por les estudiantes y trabajadores, es capaz de organizar una huelga tan dinámica y fructífera. Esto se logra a pesar de que la plataforma interuniversitaria tiene apenas un año de vida y de los intentos de desmovilización de la Comunidad de Madrid con anuncios tramposos de financiación para las Universidades públicas.
Este éxito es un balón de aire para las militantes en el movimiento por la universidad pública y, en general, para todas las luchas por los servicios públicos. No obstante, hay retos y matices que nos recuerdan la necesidad de seguir organizadas y coordinadas, empezando por la necesidad de integrar a otros sectores educativos que se encuentran en ciclos bajos de movilización, así como la necesidad de seguir extendiendo la lucha dentro de las universidades para que la movilización no sea puntual, sino constante. La plataforma por la Universidad pública madrileña ha de seguir estructurándose, manteniendo su autonomía política y agenda propia, extendiendo la lucha en todas las universidades, logrando que haya mayor participación en las asambleas y agitaciones.
En el corto plazo, todas estamos convocadas el 4 de diciembre frente a la Asamblea de Madrid a las 12:00 h. Se debate la enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2026, pudiendo ser parados si golpeamos juntes.
Esta lucha por la universidad pública tiene dos frentes abiertos: por un lado la asfixia económica y, por otro, la aprobación de la Ley de Educaciones Superiores (LESUC) que formalizaría y profundizaría en la privatización, burocratización y represión en las universidades públicas.
Como ya analizamos en un artículo en abril, las consecuencias de la aprobación de la LESUC serían devastadoras para la Universidad pública, el estudiantado, las trabajadoras y toda la sociedad en su conjunto. Mediante la formalización del parasitismo de las universidades privadas a las públicas, la normalización de los recortes presupuestarios, o la aceptación de criterios de rentabilidad para mantener abiertos ciertos grados o Institutos de investigación, se asumiría que la educación superior pase a ser un objeto de lujo, regido por las lógicas del mercado. El plan de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) es que la universidad pública agonice hasta que el alumnado y profesorado sean absorbidos mayoritariamente por las universidades privadas, donde sus tentáculos tienen mucho más poder para decidir qué enseñar, cómo y a quién.
¿De dónde venimos?
Un escenario tan agorero es creíble en tanto que los problemas que enfrenta la educación pública en la CAM no son coyunturales. Se trata de una cuestión estructural que se lleva señalando desde sindicatos y movimientos sociales desde los años posteriores a la crisis financiera. No podemos hablar tampoco de una particularidad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), como se plantea en muchas ocasiones, sino que todas y cada una de las universidades públicas madrileñas lo sufren.
En un momento de crecimiento económico en la CAM, Ayuso, Viciana y el resto del gobierno autonómico deciden continuar con su proyecto de convertir a Madrid en un paraíso para los negocios privados, donde las universidades públicas tengan que pedir créditos, apagar calefacciones o practicar con muñecos para que la infrafinanciación no continúe mermando la oferta de plazas o grados. Esta falta de crédito para las universidades públicas no encuentra correlato en el sector privado, pues en este tiempo las universidades privadas han duplicado a las públicas (trece frente a seis), con total apoyo de la CAM. Se trata de incrementar las trabas administrativas y burocráticas en las universidades públicas, asfixiarlas económicamente y precarizar a sus trabajadoras para abonar un terreno fértil en el que las universidades privadas puedan brotar como setas.
Este ataque a la educación pública es parte de un plan más amplio de privatización y deterioro de lo público. Podemos situarlo incluso en el contexto global de crisis a todos los niveles del sistema capitalista en el que el Estado deja de proveer de servicios públicos para convertir lo más fundamental en bienes de mercado. Sea como sea, no podemos dejar de lado las particularidades de la CAM. El PP gobierna desde 2003 y ejecuta a cara descubierta las políticas neoliberales más brutales. El gobierno de Ayuso, siguiendo esta línea, se propuso que en Madrid la educación, al igual que la sanidad o la vivienda, sea un bien de mercado al cual sólo unos pocos privilegiados puedan acceder. Ahora bien, el plan contra la universidad pública responde también a intereses más concretos.
El deterioro de la pública la hace “menos competitiva” frente a la privada,favoreciendo el negocio de las segundas. Pero no tratan de clausurar las universidades públicas. Hablar en términos de competitividad señala que el verdadero objetivo es forzar a las universidades públicas a regirse por las lógicas del mercado, difuminando las fronteras entre los distintos tipos de educación. La gestión de los campus y la actividad que en ellos se desarrolla deben ser, ante todo, rentable. Así, se arrancan espacios a la comunidad universitaria para dárselos a quien más pague por ellos y se dejan la educación, la investigación y el gobierno de la universidad en manos de empresarios. Lo vivimos con los macrofestivales en la UAM, con las cátedras de Repsol en la Politécnica y en la UC3M, o con la presencia desbordante de empresas en los Consejos Sociales.
Se mercantiliza la universidad y se reprime todo intento de señalar y frenar este proceso. Criminalizar la protesta en los campus destruye un entorno clave de lucha política. Además de introducir la ideología neoliberal en las aulas e investigaciones, se bloquea la politización de izquierdas por parte de las estudiantes. Esto es evidente teniendo en cuenta que el gobierno de Ayuso prepara esta ley en un contexto de repunte del movimiento estudiantil a raíz de las Acampadas por Palestina. De hecho, ya hemos vivido un ataque similar con la prohibición de exponer simbología palestina en los centros educativos.
Podríamos hacer una lista eterna sobre los distintos mecanismos de pinza con los que el gobierno de la CAM, con el beneplácito de los Rectores y muchos de sus decanos, está desmontando las universidades públicas madrileñas. No obstante, dentro de este panorama tan desolador, hay espacio para la rabia organizada y la esperanza construida desde abajo, tal y como ha demostrado la huelga. Nuestro objetivo es presentar una propuesta sobre cómo aprovechar esta escalada de tensiones sindicales y estudiantiles para que el conflicto de clase pueda arrancar algunas victorias y no se agudice la precarización de las universidades públicas, su docencia, investigación y aprendizaje.
Hacia dónde nos dirigimos: propuestas de acción
La esperanza de la que hablamos tiene forma de plataformas de trabajadoras y estudiantes. Desde el año pasado se han conformado asambleas por facultades o campus que se coordinan interuniversitariamente. A pesar de las dificultades y limitaciones de esta iniciativa, contiene mucho potencial en su seno.
Esta forma de organización desde abajo, que integra al personal docente e investigador (PDI), al personal de gestión y administración (PTGAS) y al estudiantado, aspirando a organizar a las trabajadoras de las (cada vez más) subcontratas, cuenta con una estructura descentralizada que permite intervenir y propagar información sobre los ataques al sistema público de universidades madrileño en el tú a tú. Esto ha sido fundamental en tanto que ha transmitido la gravedad de la situación a muchas personas afectadas que no se implican en las plataformas, siquiera simpatizaban con la lucha, a pesar de la lapidación de los servicios públicos en la CAM. Es necesario extender la lucha dentro de las universidades para poder asegurar la presencia en los espacios públicos con toda la fuerza posible.
Es especialmente importante hibridar la participación de las estudiantes, al estar directamente afectadas por los recortes económicos y de derechos políticos en el presente y también en el futuro, con la participación del PTGAS. Son estos últimos quienes menos implicación tienen en las plataformas por la Universidad Pública a pesar de que atesoran otras experiencias de lucha y, si deciden parar por la huelga, bloquean la universidad.
Por todo ello, es fundamental que en cada facultad haya piquetes, mesas informativas, asambleas centro por centro, que las estudiantes y trabajadoras organizadas inviten a sus amigues y compañeres a las asambleas, actos de propaganda, concentraciones, manifestaciones. De nuevo, no sólo ha de darse descentralizadamente. Es necesario que todas las universidades públicas golpeen juntas, a pesar de las diferencias en su músculo militante. Precisamente así el movimiento podrá tomar impulso en los campus donde menos fuerza tenga. Toda la comunidad universitaria ha de tomar espacios públicos donde reunirnos, concentrarnos, reivindicar, dar forma y dinamismo al movimiento. Sólo midiendo bien nuestras fuerzas y valorando la situación en la que se encuentran las plataformas en todas las universidades podemos marcarnos objetivos realistas de movilización, que no acumulen derrotas y erosionen los ánimos.
Otra cuestión a valorar para activar a las partes menos movilizadas son los nuevos formatos de intervención y visibilización de la lucha, siempre con una clara orientación política. Todo ha de ir enfocado a convencer de la importancia de la existencia de educación pública, a extender la lucha entre aquellas personas que están directamente interpeladas por la LESUC y la infrafinanciación, pero aún no se han movilizado. Sólo así se harán evidentes las contradicciones en las que se enmarca la Universidad Pública, entendiendo que esta lucha no está separada de otras pues todas parten del mismo núcleo: la gestión de nuestras vidas por parte de gobiernos y organizaciones capitalistas.
Hemos podido medir el éxito de estas líneas de acción en las jornadas de huelga. Ahora, sin dejar de lado las herramientas para movilizar a los sectores menos activos, la tarea es mantener el impulso logrado y afianzar a quienes no se habían acercado aún al movimiento. El movimiento debe de permanecer activo y dinámico para evitar que las recién llegadas se dispersen y las demostraciones de fuerza queden vacías. Las plataformas de cada universidad son una herramienta clave para dar continuidad al movimiento, como llevan haciendo durante un año.
Pero contar con dichas plataformas no basta: esta huelga también es una prueba de la importancia y utilidad de los mecanismos de coordinación. Es legítimo preocuparse por las posibles, que no inevitables, tendencias burocráticas que pueda tener un órgano como la coordinadora (y no solo en el caso del movimiento universitario). Ahora bien, tener una forma sólida y estable de poner en común las perspectivas de cada universidad y sector es la mejor vía para lograr que nadie se quede atrás. De lo contrario, ¿cómo se tomarían aquellas decisiones que afectan a todo el movimiento? Las alternativas a la coordinadora son lo verdaderamente antidemocrático: o bien quedarían todo en manos de grupos informales sin necesidad de rendir cuentas, o bien serían necesarias reuniones constantes, inoperativas e inaccesibles. La coordinadora no debe eliminar el debate político en las asambleas. Su tarea no es marcar líneas inflexibles, sino dotar al movimiento de una unidad de acción para evitar su estancamiento.
A modo de cierre
En un comunicado del 15 de octubre de 2025, una nota de prensa sobre la situación económica de la Universidad Complutense de Madrid decía que esta situación financiera que arrastramos desde el año 2008 «pone de manifiesto la necesidad de un nuevo modelo de financiación acorde a las necesidades actuales». En efecto, como 55 000 personas han reclamado en las calles, es necesario un nuevo modelo, no de financiación, sino de universidad pública. La reforma económica es un salvavidas en el corto plazo, nos permite condurar la universidad pública unos años más. Pero estas reformas tienen las patas muy cortas, se agotan en las demandas económicas. Nos dejaríamos fuera toda la burocratización, represión y precarización del sistema educativo. Deja fuera la enmienda a la totalidad del sistema de producción en el que vivimos. Es necesario que las empresas salgan de las aulas para que sean les hijes de la clase trabajadora quienes las llenen, para que las universidades sean instituciones organizativamente democráticas y políticamente plurales, sin persecución del movimiento estudiantil u otras disidencias. Debe ser la propia comunidad universitaria, y no las empresas, quien decida el futuro de los campus y las facultades.
Lun Martín Pastor, Andrea Martín – Gallego, Militantes de Anticapitalistas y Abrir Brecha