Si quedara una pizca de honestidad, ni hablar de inteligencia, en los medios de comunicación, la segunda “Cumbre por la Democracia” del Gobierno de Biden, que inició el miércoles, sería apodada la Cumbre para los Hipócritas Autoritarios y Proguerra o la Cumbre de Títeres del Imperialismo Dispuestos a Postrarse ante las Posaderas de Estados Unidos, o algo incluso menos digno pero atinado.

Decir que este evento cínico no rompió con la rutina de nadie, incluso para su principal promotor y auspiciador, el presidente Biden, no sería una exageración. A pesar de la afirmación del Gobierno de Biden de que la pandemia de COVID-19 ya se acabó, el encuentro fue virtual y ningún jefe de Estado se vio obligado a dejar su hogar y viajar a Washington. Solo hizo falta sacrificar algunas horas para congraciarse con el líder del Estado imperialista más poderoso del mundo. Y hubo más de 100 Gobiernos dispuestos a hacerlo.

Biden inició la reunión prometiendo $690 millones a una iniciativa especial para promover la democracia. La suma delató la superficialidad del compromiso: es menos que una centésima parte del gasto del imperialismo estadounidense en la guerra en Ucrania el año pasado. El Pentágono gastará $690 millones cada siete horas según el presupuesto solicitado por el Gobierno de Biden a inicios del mes.

La prensa corporativa, reconociendo la insignificancia del evento, prácticamente no lo reportó ni analizó. El lema parece haber sido: cuánto menos se diga sobre este funesto asunto mejor. Pero esto significa que la prensa está uniendo fuerzas para encubrir la enorme hipocresía de la política exterior estadounidense. Vale la pena examinar la cumbre, al ofrecer una lección objetiva sobre las mentiras de EE.UU. de que está encabezando la lucha de las “democracias” contra los “autoritarios”, reciclando la afirmación de la guerra fría de que EE.UU. representaba el “mundo libre” en oposición a los regímenes totalitarios estalinistas.

Por supuesto, la duplicidad es asombrosa. Algunos aliados clave de EE.UU. son tan brutalmente represivos que ni siquiera pudieron invitarlos. Sería difícil argumentar que Arabia Saudita o Egipto son más democráticos que Irán o Rusia, o que Tailandia y Birmania ofrecen más derechos a su población que China.

La Cumbre por la Democracia fue totalmente antidemocrática. Solo el Gobierno de Biden seleccionó los Gobiernos invitados. Esta decisión no se basó en ningún criterio democrático —de lo contrario, ¿cómo fueron invitados regímenes que han encarcelado, expulsado o ilegalizado a sus oponentes políticos—. Los Gobiernos fueron invitados por su apoyo a la política exterior estadounidense, particularmente la guerra por delegación de EE.UU. y la OTAN contra Rusia en Ucrania o la acumulación militar estadounidense dirigida contra China.

De lo contrario, ¿cómo se podría explicar la participación del primer ministro indio Narendra Modi, cuyo historial de promover la violencia comunal hindú contra la minoría musulmana se remonta más de 20 años al pogromo de Guyarat cuando gobernaba el estado? Desde que se asumió control del Gobierno nacional en 2014, su partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party ha forjado un Estado autoritario que reprime sistemáticamente la oposición popular, cierra periódicos y encarcela a oponentes.

Recientemente, el régimen impuso una sentencia de dos años de prisión a Rahul Gandhi, el líder del Congreso Nacional Indio e hijo y nieto de ex primeros ministros, bajo cargos fraudulentos de difamación por un discurso en el que criticó a Modi. El 23 de marzo, Gandhi fue expulsado del Parlamento por insultar al primer ministro, esencialmente una ofensa de lesa majestad. Sin embargo, aún se describe frecuentemente a India como “la democracia más grande del mundo”.

Según los criterios del Departamento de Estado estadounidense, las otras “democracias” incluyen Filipinas, dirigida ahora por el presidente Ferdinand Marcos Jr, que alaba la brutal dictadura militar de su padre como la “edad de oro” del país; Perú, donde una mayoría derechista en el Congreso, respaldada por el ejército, depuso y encarceló al presidente electo y llevó a cabo masacres de trabajadores rurales y campesinos que se levantaron en protesta; Kenia, cuyo presidente ha ordenado salvajes ataques policiales contra las protestas de la oposición, que alega que su elección fue fraudulenta; y Polonia, donde el Gobierno ultraderechista del PiS ha ilegalizado el aborto, criminalizado las investigaciones académicas sobre el papel de los fascistas polacos en el Holocausto y trabajado sistemáticamente para crear un Estado unipartidista dominado por la Iglesia católica.

Taiwán ha sido invitado, aunque no es un país sino parte de China, que es reconocida como la soberana legal de la isla por la inmensa mayoría de los países del mundo, e incluso por el propio Estados Unidos. No obstante, el Gobierno de Taipéi fue recibido como una provocación más contra Beijing, parte de la incitación estadounidense de un conflicto militar en el este de Asia.

Luego están dos de los más estrechos aliados de Estados Unidos, Israel y Ucrania. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asistió tras enfrentarse a las mayores protestas de la historia del país y a una huelga general a gran escala, desencadenada por su intento de poner trabas a los tribunales e imponer una dictadura efectiva de los colonos ultraderechistas y los extremistas religiosos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino el miércoles en la cumbre, repitiendo sus trilladas peticiones de ayuda militar para la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Su Gobierno dirige un Estado policial de facto, en el que colaboradores nazis de la Segunda Guerra Mundial, como Stepan Bandera, son aclamados como padres fundadores del país, y la lengua rusa (hablada en casi la mitad de los hogares del país) está prácticamente proscrita.

La situación de los derechos democráticos no es mejor en los centros imperialistas. Biden declaró en su intervención que cuando se celebró la primera cumbre en 2021, “el sentimiento en demasiados lugares del mundo era que los mejores días de la democracia habían quedado atrás”. Ahora afirmó que, “gracias al compromiso de los líderes [mundiales]” y a “la persistencia de la población en todas las regiones del mundo”, había “indicios reales” de que la marea estaba cambiando.

Solo unos días antes, el presidente francés Emmanuel Macron, uno de los oradores destacados de la cumbre, empleo métodos dictatoriales y violencia policial para recortar las pensiones en oposición directa a “la persistencia de la población”, que ha protagonizado manifestaciones masivas.

¿Y qué hay del estado de la democracia en Estados Unidos? Biden afirmó: “También estamos demostrando la resistencia de la democracia estadounidense”, citando la derrota de los candidatos pro-Trump más extremistas en las elecciones intermedias de 2022. Pero no hizo ninguna referencia al hecho de que uno de los dos principales partidos de la política oficial estadounidense, el Partido Republicano, se ha convertido en un partido fascista en todo menos en el nombre y Trump es favorito para la nominación presidencial republicana.

Si bien cientos de participantes rasos del golpe de Estado fallido del 6 de enero de 2021 han sido juzgados, condenados y en algunos casos encarcelados, los organizadores y líderes políticos del violento ataque al Congreso, sobre todo, el propio Trump y su círculo íntimo, han salido impunes y amenazan con acciones similares en 2024 o incluso antes. Los funcionarios del aparato militar y de inteligencia que permitieron que el ataque se llevara a cabo e incluso lo ayudaron han gozado de una impunidad similar.

Además, la Administración de Biden y el Partido Demócrata son enemigos de los derechos democráticos de los trabajadores. Sus afirmaciones, durante las protestas masivas por el asesinato policial de George Floyd en 2020, de oponerse a la violencia policial han sido desechadas, en favor de una política de ley y orden, incluyendo la promesa del propio Biden de destinar miles de millones de dólares más para armar a la policía.

En la frontera entre Estados Unidos y México, existe efectivamente un régimen de Estado policial, donde los migrantes que huyen de la represión y la pobreza se encuentran atrapados entre los matones de la Patrulla Fronteriza a un lado y la policía y los militares mexicanos al otro. Las terribles condiciones a las que se enfrentan los migrantes, de las que la Administración de Biden es ahora la principal responsable, se han puesto de manifiesto esta semana de la forma más descarnada en el incendio en un centro de detención de refugiados en Ciudad Juárez, a la vista de El Paso, Texas, matando a 40 hombres y dejando a 28 más en condición grave.

En cuanto a los derechos de los trabajadores, hace menos de cuatro meses el Congreso, controlado por los demócratas, aprobó un proyecto de ley para ilegalizar una huelga de 110.000 trabajadores ferroviarios e imponerles un contrato que habían rechazado por votación. Biden firmó la ley con entusiasmo. Su Administración está colaborando con los sindicatos para suprimir las huelgas de trabajadores portuarios, profesores, trabajadores automotores, trabajadores sanitarios y, este verano, de 350.000 camioneros del de la empresa UPS en el sindicato Teamsters.

La última iniciativa para avanzar la “democracia”, destacada en las declaraciones de Biden y en un documento de apoyo publicado por la Casa Blanca, es la emisión de una nueva orden ejecutiva para prohibir a los funcionarios del Gobierno el uso de programas espía comerciales. Biden presentó esto como una medida para restringir el espionaje ilegal, pero su propósito real es reservar a las agencias de inteligencia estadounidenses el poder de espiar a los estadounidenses. La CIA y el FBI ya tienen capacidades de vigilancia mucho mayores que cualquier empresa privada, como demostró Edward Snowden en su valiente filtración de documentos de inteligencia en 2013.

El Gobierno supuestamente democrático de EE.UU. dedica todos sus esfuerzos a detener y encarcelar a figuras como Snowden y, en particular, Julian Assange, de WikiLeaks, que han sacado a la luz sus conspiraciones antidemocráticas contra toda la población del mundo.

En el centro de todos los ataques a los derechos democráticos se encuentra la política de guerra con Rusia y de preparación para la guerra con China de la Administración de Biden. El pueblo estadounidense no ha votado a favor de estas guerras, y no las apoya, pero sus vidas están siendo puestas en grave peligro en conflictos que amenazan con convertirse en un Holocausto nuclear.

Como ha demostrado repetidamente la historia del siglo veinte, la democracia es la primera víctima de la guerra. No hay defensa de los derechos democráticos fuera de la lucha más intransigente contra la guerra imperialista. Y ambas luchas, contra la guerra y por los derechos democráticos, requieren la movilización independiente de la clase obrera contra el sistema capitalista, sobre la base de un programa socialista.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de marzo de 2023)