He sido siempre muy crítico con todo lo que ha ocurrido en Venezuela desde 1999, cuando Hugo Chávez comenzó a gobernar. Lo fui especialmente en sus últimos años y, muy en particular, con la gestión, a mi juicio nefasta, de Nicolás Maduro. Y he tratado de basar siempre mis críticas en el análisis de los datos que mostraban las luces (indiscutibles) y las sombras (indisimulables) de la llamada «revolución bolivariana». En esta entrada de la web hay una relación de los artículos que escribí en su día sobre lo que ocurría en aquel país y en los que se puede comprobar que señalé los errores, la corrupción galopante y la deriva autoritaria, entre otras cosas. Y soy también muy crítico en estos momentos con la forma en que el régimen de Nicolás Maduro ha llevado a cabo el reciente proceso electoral.

Pero, precisamente porque he sido crítico desde el primer momento con lo que han hecho los gobiernos de Chávez y Maduro, es por lo que creo que tengo también la obligación de denunciar un par de circunstancias de las que apenas se habla:

a) La extraordinaria atención que se presta a Venezuela y la contundencia con la que se critica y ataca a su gobierno no se deben a que antes Chávez y ahora Maduro sean malos gobernantes o ni siquiera dictadores.

b) La gestión desastrosa y los evidentes problemas económicos que se viven en ese país, con su secuela de escasez, enfermedades, hambre y descontento, no son de exclusiva responsabilidad de los dirigentes bolivarianos.

Justifico ambas ideas a continuación y brevemente.

Es una evidencia que nadie puede negar que en el planeta hay dictadores y genocidas mucho más crueles, brutales, corruptos y peores gobernantes que los de Venezuela y que, sin embargo, no sólo no son criticados por Estados Unidos y las demás potencias, sino que incluso reciben su apoyo político, económico y militar en abundancia.

Si Venezuela se ha convertido en una especie de ogro o diablo al que se combate con tanta intensidad desde que Hugo Chávez comenzó a gobernar es, sencillamente, por algo que se oculta: Venezuela tiene las reservas de petróleo y de oro más grandes del planeta y lo que se propuso la revolución bolivariana fue que toda esa riqueza, a diferencia de lo que ocurría hasta 1999, se repartiese de una forma más justa. Un sólo dato creo que muestra mejor que nada lo que ocurría en la Venezuela anterior a Hugo Chávez: todavía en 2003, siete de cada diez venezolanos carecían de cédula de identidad; es decir, ni siquiera eran considerados oficialmente ciudadanos y se encontraban, por tanto, en completa indefensión, pues ni siquiera podían ser identificados como tales.

Por otro lado, es evidente también (yo mismo lo he mostrado en los escritos a los que hecho referencia más arriba) que los gobernantes bolivarianos cometieron multitud de errores tratando de repartir mejor la riqueza y que muchísimos de ellos se corrompieron, aprovechando la ocasión para hacerse multimillonarios, lo mismo que sucedía antes de la revolución. Y es evidente que esos errores han debido resultar muy dañinos para el resto de la población. Pero eso no es todo.

El hambre, la inflación, las carencias y la lamentable situación económica de ese país tienen muchísimo que ver también con una auténtica guerra, ilegal y no declarada oficialmente como tal, con la que se viene tratando de destruir a Venezuela y a su economía, en particular, desde que la gobierna Maduro.

En marzo de 2015, el presidente Obama declaró a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. A partir de ahí y de las sucesivas disposiciones legales de Estados Unidos, bancos internacionales han bloqueados cuentas del Estado venezolano, grandes empresas han dejado de comerciar con ese país y altos funcionarios han sido perseguidos y encarcelados, provocando daños civiles que están expresamente condenados por el derecho internacional. En particular, se produjo un embargo de las exportaciones del crudo venezolano y se prohibió venderle recursos esenciales, lo que privó de miles de millones de dólares a ese país y produjo escasez de combustible en su propio interior, crisis de suministro eléctrico y carencia de materiales básicos para la alimentación y el sistema sanitario. Estados Unidos impidió, además, que Venezuela utilizara sus reservas de oro para pagar alimentos, combustible, medicinas y otras importaciones. Para provocar el colapso de su economía, el presidente Trump declaró en 2017 que “todas las opciones están sobre la mesa”, y Estados Unidos y otros países, entre ellos España, han impedido que Venezuela tenga acceso a dólares para poder comerciar con el exterior y han bloqueado activos de su propiedad por valor de miles de millones de dólares.

Uno de los principales objetivos de la guerra económica contra Venezuela fue atacar y sabotear la labor de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Alimentos (CLAP), que trataban de proporcionar alimentos a bajo coste a la población. En 2016, 2019 y 2020 Estados Unidos estableció sanciones a las empresas que suministraran bienes o recursos a esos Comités. Contra Venezuela se ha ejecutado una auténtica «guerra de hambre».

Los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs calcularon los efectos de esa guerra económica: 40.000 muertes solo entre 2017 y 2018. Y la relatora especial de Naciones Unidas Alena Douhan informó que unos 2,5 millones de venezolanos sufrían de inseguridad alimentaria y 300.000 estaban en peligro de muerte por haber caído las importaciones en un 73%, debido a las sanciones y a pesar de que Venezuela tenía recursos para pagarlas. Según esta relatora, las sanciones provocaron que sólo pudiera funcionar el 20% del equipo hospitalario del país. Incluso se bloqueó el pago de vacunas contra el Covid para que el gobierno de Maduro no pudiera contar con ellas.

Como dijeron Weisbrot y Sachs en su informe, las potencias occidentales han aplicado un «castigo colectivo de la población civil», algo condenado por las convenciones internacionales de Ginebra y de La Haya, contrario a las leyes internacionales y a la propia legislación interna estadounidense.

No quito ninguna responsabilidad a la gestión del régimen de Nicolás Maduro, ni alivio sus errores o, ni mucho menos, su falta de transparencia y sus atentados contra la libertad, el pluralismo y la democracia. Pero, de igual modo, tampoco callo ante lo esencial: lo que buscan quienes hacen la guerra contra Venezuela no es esto último, democracia y libertad, sino apoderarse de nuevo de sus inmensas riquezas naturales.