La vulgata de Occidente sobre el conflicto entre los anglosajones y Rusia no tolera la contradicción. Quienes se atreven a mencionar la existencia de otros puntos de vista están siendo objeto de una represión arbitraria.

Todo comenzó, en Francia, durante la campaña electoral que precedió la elección presidencial de 2017. Dos medios rusos, RT y Sputnik, mencionaron en sus reportes los ficheros pirateados del equipo de campaña del candidato Emmanuel Macron y las declaraciones de un diputado sobre la cuenta secreta que supuestamente tenía en una empresa offshore en Bahamas. El candidato Macron presenta entonces a la justicia una denuncia contra X (o sea, sin designar al autor del delito) mientras que ambos medios anuncian su intención de presentar una denuncia por difamación (el ahora presidente de Francia Emmanuel Macron no podrá ser juzgado mientras esté en el cargo).

El asunto quedó ahí hasta que, un mes después, luego de la elección presidencial, el flamante presidente de Francia Emmanuel Macron da en Versalles una conferencia de prensa junto al presidente ruso, Vladimir Putin. Macron califica entonces a los medios rusos de «órganos de influencia [que] en varias ocasiones produjeron información tendenciosa sobre mi persona y mi campaña» y afirma que «Russia Today y Sputnik no se comportaron como órganos de prensa ni como periodistas sino que se comportaron como órganos de influencia, de propaganda y de propaganda mentirosa, ni más ni menos».

En 2022, las autoridades británicas dan una interpretación del envenenamiento de Serguei y Yulia Skripal. RT propone una interpretación diferente. La autoridad británica de regulación de los medios, la Office of communication (Ofcom), envía a RT una serie de notificaciones y termina condenando ese canal informativo ruso de televisión a pagar una multa de 200 000 libras esterlinas, multa que será confirmada posteriormente por la Alta Corte de Justicia de Londres.

El 10 de marzo de 2021, la directora nacional de la inteligencia de Estados Unidos publica un informe sobre las amenazas extranjeras durante las elecciones de 2020 [1] y asegura en ese documento que el presidente ruso Vladimir Putin había impartido instrucciones para que los medios rusos denigraran al candidato Joe Biden y respaldaran así la reelección de Donald Trump. Pero… nada de eso es reprensible y en el documento no se cita a ningún medio.

En 2022, las autoridades de Alemania se inquietan ante la visión de RT sobre «la agresión rusa contra Ucrania». ¿Por qué? Pues porque RT presenta los argumentos del Kremlin sobre la «operación militar especial», que los rusos consideran necesaria debido a la presencia de neonazis en el gobierno de Kiev. ¿Y qué medida toman las autoridades de Alemania? Pues simplemente prohíben RT, y prohibiciones similares son rápidamente emitidas por la mismísima Unión Europea. El 27 de febrero, la presidente de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, anuncia que los medios rusos RT y Sputnik quedan prohibidos en todos los países de la Unión Europea. Días después, YouTube cierra el acceso de los internautas europeos a los canales del canal ruso de televisión y de la agencia Sputnik. Un mes después, Canadá también prohíbe el acceso a RT y Sputnik.

La censura se acelera en 2024. El 27 de marzo el gobierno checo prohíbe el acceso al sitio web Voice of Europe y adopta sanciones contra el ex diputado ucraniano Viktor Medvedtchuk, quien supuestamente lo financia. Ese mismo día, la policía polaca irrumpe en las oficinas de ese sitio web en Varsovia, donde realiza un registro y se apodera de todo el dinero en efectivo que encuentra. El 17 de mayo de 2024, la Unión Europea prohíbe RIA-Novosti y Voice of Europe, así como los diarios rusos Izvestia y Rossiiskaya Gazeta.

No está de más precisar que RT, Sputnik, RIA-Novosti, Voice of Europe, Izvestia y Rossiiskaya Gazeta, nunca habían tenido problemas con la justicia. Las decisiones de prohibir esos medios son de carácter puramente administrativo. Parece que en la Unión Europea la libertad de expresión no protege a los medios rusos.

El 15 de julio de 2024, la policía federal de Alemania realiza registros en los domicilios de Jurgen Elsasser, el redactor-jefe de Compact, Magazin für Souveränität, y de una veintena de sus colaboradores. Los policías buscaban pruebas sobre supuestos preparativos de un golpe de Estado, se llevan grandes cantidades de material… pero no encuentran nada. A pesar de ello, la ministro del Interior, la socialista Nancy Fraeser, prohíbe la revista por la vía administrativa.

El 7 de agosto de 2024, el FBI registra el domicilio de Scott Ritter, tratando de hallar pruebas de que Ritter recibe “financiamiento ruso”. El FBI también se lleva muchas cosas del domicilio de Ritter… pero no encuentra nada. El pecado de Scott Ritter es que, desde la invasión de Irak, ha venido analizando las mentiras de los gobiernos estadounidenses… lo cual debería ser posible en una democracia.

El 14 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig anula el decreto que prohibía la publicación de Compact, Magazin für Souveränität, en espera de que el gobierno federal –encabezado por el canciller Olaf Scholz– presente pruebas del complot que atribuye a la revista. El Tribunal Administrativo Federal de Leipzig exige además que las autoridades devuelvan el material confiscado a Jurgen Elsasser y a sus colaboradores. En realidad, el único “delito” de Jurgen Elsasser es haber declarado que el gobierno del canciller Scholz ha traicionado al pueblo alemán, y que, por eso, le gustaría verlo derrocado. Se trata de una opinión, ciertamente radical, pero también ciertamente autorizada en una democracia. Además de la revista, Jurgen Elsasser ha creado en internet un canal que cuenta diariamente no menos de 1,2 millones de espectadores en Alemania.

Pero eso no es todo.

El 4 de septiembre pasado, Washington anuncia el inicio de procedimientos penales y la adopción de sanciones como respuesta a intentos de injerencia en las elecciones estadounidenses, injerencias que atribuye a Rusia. El Departamento de Estado impone restricciones a la entrega de visas a los medios del grupo Rossia Segodnia.

El 13 de septiembre, al ser interrogado por la prensa, el secretario de Estado Antony Blinken habla de “actividades desestabilizadoras” de la televisión RT, convertida, según él, en una «rama» de la inteligencia rusa en el mundo. Casi 2 años antes, los servicios de este secretario de Estado habían publicado un “informe especial” titulado Los medios financiados por el Kremlin: el papel de RT y de Sputnik en el sistema ruso de desinformación y propaganda [2].

El 16 de septiembre, sólo 3 días después de la declaración de Blinken, Meta, el emporio que posee Facebook, Instagram y WhatsApp, anuncia: «Rossia Segodnia, RT y otras entidades vinculadas quedan fuera de nuestras aplicaciones en el mundo entero debido a sus actividades de injerencia externa.»

Por supuesto, uno puede pensar que esos casos no están vinculados entre sí, aunque todos tienen que ver con los mismos medios. Pero creer eso sería una ingenuidad dado el hecho que las autoridades de Estados Unidos y de la Unión Europea han violado sin miramientos el principio de la libertad de expresión, inscrito tanto en la Constitución de los Estados Unidos de América como en los tratados de la Unión Europea. Así que sólo queda por ver cuál es la instancia que coordina esas acciones y con qué objetivo.

En 2016, yo mencioné en este sitio web la creación del Centro de Comunicación Estratégica de la OTAN [3]. Posteriormente, en 2022, mencioné también la creación de la Disinformation Governance Board (Junta de Gobernanza de la Desinformación) por parte de la administración Biden [4]. La primera de esos dos entidades sigue en funciones y está desarrollándose, la segunda fue disuelta, pero su directora está ahora al servicio del Foreign Office británico.

Todo ese dispositivo ahora trata de intervenir principalmente de la manera lo más preventiva posible. Recurriendo a los últimos descubrimientos de las neurociencias, se trata de orientar los cerebros incluso antes de que comiencen a reflexionar, eso es lo que se llama la “guerra cognitiva” (cognitive warfare). Se trata de una invención concebida por los franceses François du Cluzel, Bernard Claverie y Baptiste Prébot [5] en el seno del Mando Aliado de Transformación de la OTAN, bajo el mando de los generales, igualmente franceses, André Lanata y Philippe Lavigne.

Según la perspectiva de la guerra cognitiva, lo conveniente es intervenir [en las mentes] lo más temprano posible, antes de que ciertas ideas se abran paso. Es por eso que, en febrero de 2022, cuando Rusia comienza a aplicar la resolución 2022 del Consejo de Seguridad de la ONU (acto que la propaganda atlantista califica abusivamente de «agresión rusa»), los adversarios de Rusia inicialmente trataron simple y llanamente de prohibir la cultura rusa y acabaron recurriendo a la prohibición de los medios rusos. En definitiva, para ellos lo ideal sería prohibir no los “repetidores” de los puntos de vista de Rusia sino más bien los medios que tratan de entender el pensamiento ruso.

El enemigo ya no es quien transmite los comunicados del Kremlin sino todo aquel que trate de entender la manera de pensar de los rusos. Esa era antes la función de los diplomáticos, tratar de entender cómo piensa el otro. Pero, el 16 de abril de 2022, el presidente francés Emmanuel Macron disolvió el cuerpo diplomático, justo después de haber prohibido los medios rusos en Francia. Más recientemente, hace sólo semanas, la administración de Macron arrestó a Pavel Durov, el fundador de Telegram, culpable de haber concebido un medio de comunicación privado que permite a sus usuarios mantenerse en contacto con los rusos.

Esos esfuerzos se coordinan muy probablemente a través del Centro de Comunicación Estratégica de la OTAN, el único organismo que cuenta simultáneamente con una experiencia de la guerra cognitiva y con el poder de prohibir este o aquel medio, así como de ordenar que se encarcele a esta o aquella persona.

Según nuestras informaciones, el ente que determina los blancos es el Centro Bávaro de Protección de la Constitución (Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz). Esa entidad fue creada en 1950 por el Alto Comisionado de Estados Unidos en la Alemania ocupada, John McCloy, y se componía de antiguos miembros de las SS y de la Gestapo. ¡Y todo sigue igual desde aquella época! Por ejemplo, hace unos meses el Centro Bávaro de Protección de la Constitución etiquetaba un centenar de grupos de oposición, como la asociación Attac y el partido Die Linke, como «extremistas de izquierda» acusándolos de estar vinculados con el terrorismo y aconsejando su ilegalización.

¿Otro ejemplo? Para mi sorpresa he podido comprobar que esa entidad alemana me clasifica como «agente de influencia ruso»… por haber defendido el derecho internacional elaborado en 1899 por el gobierno del zar Nicolás II y por el premio Nobel de la Paz de 1920, el francés Leon Bourgeois [6]. Parece que los sesudos del Centro Bávaro de Protección de la Constitución sólo vieron la referencia al zar Nicolás II, ignorando en cambio la mención al ilustre político francés, quien fue presidente del consejo de ministros (1895-1896), presidente de la Asamblea Nacional de Francia, presidente del senado (de 1920 a 1923) y que además presidió además el primer Consejo de la Sociedad de las Naciones, en 1920. Bueno… también es cierto que el nombre de Leon Bourgeois ha sido eliminado de los manuales escolares franceses.

El hecho es que estamos viviendo un momento que nadie supo prever. Para enfrentar con éxito la guerra cognitiva hay que disponer de referencias, de puntos de comparación, es necesario cierto nivel de cultura general.

Es fundamental que no olvidemos lo siquiente:
• Más que aplicar una censura generalizada contra las ideas disidentes, lo que quiere la OTAN es influir sobre nuestra manera de pensar. En eso consiste la “guerra cognitiva”. Todas las ideas están hipotéticamente autorizadas, pero nadie debe contar con una cultura general, o sea la gente no debe disponer de las herramientas intelectuales necesarias para verificar las ideas.
• Las prohibiciones impuestas contra los medios rusos y las espectaculares operaciones de registro realizadas en los domicilios y oficinas del estadounidense Scott Ritter y del alemán Jurguen Elsasser, se montan para no tener que ordenar grandes cantidades de detenciones o arrestos. Si se lograra hacer callar a quienes expresan ideas incómodas, ya no sería necesario aterrorizar a la población.