Después de años de pésima situación, la economía de los territorios palestinos se hunde aún más debido a la guerra en la Franja de Gaza, que está acelerando su dependencia de Israel.

Técnicamente, no hay ninguna economía palestina bajo la ocupación. Está anexionada por Israel.

La economía palestina se rige en gran medida por un conjunto de reglas acordadas entre palestinos e israelíes y establecidas en los protocolos de París, firmados en 1994.

Al igual que los Acuerdos de Oslo en cuyo marco se firmaron, esos textos debían aplicarse durante cinco años, hasta la creación de un Estado palestino.

La promesa nunca se cumplió y la guerra actual ha permitido a Israel reforzar su control sobre la economía palestina, utilizando mecanismos existentes.

Los textos de 1994, por ejemplo, otorgan a Israel el control exclusivo de las fronteras palestinas y la recaudación de impuestos de importación, que luego debe pagar a la Autoridad Palestina.

El día después de la incursión de 7 de octubre, Israel dejó de pagar la totalidad de los ingresos aduaneros, alegando que se negaba a financiar el “terrorismo palestino”.

Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, se negó a recibir la propina. Noruega, que encabeza la mediación, anunció en febrero que Israel finalmente había desembolsado unos 115 millones de dólares.

Israel ya ha suspendido estas transferencias en varias ocasiones. Las propinas representan casi el 60 por cien de los ingresos de la Autoridad Palestina. Sin esos fondos tiene dificultades para pagar los salarios de sus funcionarios y sus gastos corrientes.

El primer ministro palestino, Mohammed Mustafa, lamenta una crisis económica sin precedentes, con un agujero de 7.000 millones de dólares en el actual año fiscal, o más de un tercio del PIB de los territorios palestinos.

Tras la incursión de octubre, 130.000 palestinos fueron privados de permisos de trabajo en Israel y se quedaron sin ingresos.

Uno de cada tres trabajadores está desempleado en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967 y donde viven tres millones de personas. El doble que antes de la guerra.

Al prohibir a los trabajadores palestinos entrar en Israel y retener los impuestos palestinos, Israel pretende socavar a la Autoridad Palestina porque la considera un enemigo.

Hasta octubre, casi un tercio de los ingresos de Cisjordania procedían de los salarios de los 193.000 palestinos que trabajaban en Israel. Actualmente sólo unos 8.000 palestinos trabajan legalmente en Israel.

Israel pretende castigar colectivamente a los palestinos, a quienes considera como enemigos colectivamente.

En Israel algunos, como el ministro Benny Gantz o el diputado Gideon Saar, quieren permitir el regreso de los trabajadores palestinos para evitar un levantamiento en Cisjordania que complicaría aún más la represión del ejército israelí.

Netanyahu presiona a los palestinos para mostrar a Mahmud Abbas que la economía palestina está en sus manos. Cree que debilitará su autoridad y la obligará a aceptar concesiones políticas.

El gobierno israelí no quiere una Autoridad fuerte, ya que pretende privarla de un papel central al final de la guerra en Gaza.