El Fit Experience Fest 2025 se presenta a la sociedad canaria como una fiesta del bienestar y el deporte, un evento promovido con la promesa de fomentar «hábitos saludables» y un «ambiente familiar». La primera impresión que da es que se trata de un evento más, un encuentro inofensivo que cuenta con el respaldo de instituciones insulares. Detrás de esta máscara de vida saludable, estamos ante un artefacto de la ultraderecha. Este evento es, en realidad, un vehículo para legitimar la agenda de odio y de violencia a costa de los recursos de la ciudadanía.
La complicidad institucional que lo ha apoyado con recursos del erario público, con el logo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de las Islas Canarias impreso en sus carteles, constituye la palanca que permite que esta franja de redes extremistas adquiera una visibilidad y normalidad a la que no podría aspirar sin ello a nivel de difusión en nuestro espacio. Los discursos de la intolerancia se disfrazan a fin de introducirse insidiosamente en nuestra sociedad y adquirir un respaldo que de otro modo nunca les correspondería.
La fachada
La historia del Fit Experience Fest ha estado marcada por un fuerte respaldo institucional en las Islas Canarias. En su edición número XXXVIII, celebrada en 2024, el evento contó con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de las Islas y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La ceremonia de apertura dejó clara esta complicidad institucional: asistieron figuras políticas de primer nivel. Entre ellas, la concejala de Deportes de Tenerife, Alicia Cebrián; la concejala de Educación y Juventud, Charín González; el viceconsejero de Deportes del Gobierno de las Islas, Ángel Sabroso; y el consejero delegado del club Ideco.
Las declaraciones oficiales no se salieron del guion típico de relaciones públicas. Afirmaron que «el festival busca promover la inclusión y la diversidad de todas las personas». Pero esas palabras suenan huecas, especialmente cuando se contrastan con las condiciones reales de quienes participan y con el historial de la empresa que organiza el evento.
El festival se vende con cifras impresionantes: se esperaba una asistencia de cinco mil personas y una audiencia global de más de 150 mil espectadores a través de transmisiones en vivo. Sin embargo, esa visibilidad masiva no responde a una causa noble. Es, más bien, una plataforma para una marca que ha dejado en claro su compromiso con una ideología excluyente.
En el centro del Fit Experience Fest está su principal patrocinador y organizador, Life Pro Nutrition. La empresa, registrada como Life Pro Nutrition Spain S.L., no es un simple actor del mundo del fitness. Está ligada de forma explícita a una red de figuras de extrema derecha. Su CEO, Alejandro Monedero, ha usado sus redes sociales para respaldar públicamente al Club Desokupa, un grupo al que él mismo ha calificado como “escuadrista”. Esta es una alianza ideológica que se traduce en acciones concretas y en vínculos comerciales.
La relación entre Life Pro y Daniel Esteve, líder de Desokupa, es directa y viene de largo. Esteve, conocido por sus discursos de odio, actitudes misóginas y acoso a periodistas y figuras políticas, se ha convertido en uno de los rostros visibles de la marca. En sus videos aparece vistiendo ropa de Life Pro y promocionando sus productos con frases como: “Elige Life Pro, yo ya lo he hecho”. La colaboración va más allá del marketing. Ambas entidades lanzaron una camiseta conjunta y Esteve ofrece descuentos en productos de la marca a sus seguidores. Se trata de una estrategia comercial con una intención clara, lucrar con el odio, utilizando figuras polémicas para posicionarse en el mercado a través del conflicto social.
La participación de Daniel Toledo, alias ‘Jacare’, en la edición 2024 del festival, terminó de confirmar el rumbo del evento. ‘Jacare’, exluchador de ideología neonazi e instructor del Club Desokupa, fue uno de los invitados destacados. Su presencia desmiente cualquier narrativa de “diversidad e inclusión” con la que el festival pretenda envolverse. Es una muestra del verdadero propósito, ofrecer una plataforma para lavar la cara de una agenda extremista.
Que un personaje con un historial violento y racista participe en un evento respaldado con recursos públicos es un agravio directo a los principios democráticos que supuestamente esas instituciones representan.
Monetizar el odio y la intolerancia
Life Pro Connection va más allá del ámbito de la «desokupación» extrajudicial. La empresa ha financiado a otras figuras mediáticas de la ultraderecha, como el streamer El Xokas. La trayectoria de este personaje es la imagen de la ideología que esta red propaga. Se ha señalado a El Xokas por esparcir bulos racistas y por hacer afirmaciones generalizadoras sobre la sociedad coreana que causaron indignación. Su misoginia es un elemento más en su discurso. Se jactó de «ligar» con mujeres ebrias, describiéndolo como un «trucazo» para aprovecharse de ellas. Sus palabras fueron denunciadas públicamente por el Ministerio de Igualdad.
Life Pro capitaliza la base de fans de estas figuras. Les da una plataforma y legitimidad a cambio de visibilidad y un retorno económico. Lo que está en marcha es una estrategia de negocio que monetiza el odio, usando el deporte y el entretenimiento como vehículo. Al patrocinar a figuras con discursos racistas y misóginos, la marca se posiciona en una corriente ideológica clara y peligrosa, atrayendo a una audiencia que comparte esas posturas y excluyendo, de manera implícita, a una audiencia antirracista y de izquierdas. El dinero de los impuestos está siendo usado para financiar un modelo que utiliza el deporte como excusa para expandir una agenda de intolerancia.
La red también va más allá de lo digital. El rastro de Life Pro lleva directamente a actos de violencia callejera. En los disturbios de Torre Pacheco, Murcia, que comenzaron después de que grupos ultras instigaran «cacerías» contra personas inmigrantes, se pudo ver a miembros de esta red. Crónicas periodísticas certifican que grupos de extrema derecha, que difundieron bulos racistas como arma, fueron los responsables de los disturbios que se saldaron con heridos y cargas policiales. Las imágenes del lugar muestran a gente con prendas de Life Pro junto a Daniel Esteve y al agitador ultra Vito Quiles. Quiles, conocido por sus vínculos con Alvise Pérez, ha sido denunciado públicamente por «promover el terrorismo racista». La presencia de la ropa de la marca en un contexto de disturbios racistas es una confirmación de que no se trata de una simple empresa de suplementos. Su logo es un «uniforme» que identifica a quienes están dispuestos a llevar el odio de la red a la calle.
El gasto de dinero público
La denuncia sobre la financiación pública del Fit Experience Fest se sostiene en hechos verificables. En 2024 el festival contó con el respaldo directo de instituciones como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Sus logotipos aparecían en los carteles oficiales y, en el caso del Ayuntamiento, se adjudicó un contrato menor por 14.500 euros. Se utilizó dinero que proviene de los contribuyentes para apoyar el evento.
Para la edición de 2025 no existe, al menos de momento, una confirmación oficial en las convocatorias públicas. El Gobierno canario maneja un presupuesto de más de 8,9 millones de euros para patrocinios a entidades privadas. El precedente del año pasado hace muy probable que el festival vuelva a recibir apoyo económico. A esto se añade otro elemento revelador: ninguna de las instituciones ha rechazado ni explicado públicamente su participación anterior. Ese silencio puede leerse como indiferencia, o como una aprobación tácita. En cualquier caso, implica complicidad. Respaldar con recursos públicos un evento que normaliza ciertos discursos es otorgarles, además de dinero, legitimidad social y política.
El Fit Experience Fest es parte de un fenómeno más amplio. Bajo la apariencia de un encuentro deportivo y de bienestar, opera como escaparate de una red vinculada a la ultraderecha. Las conexiones con figuras como Daniel Esteve, El Xokas, y la presencia de miembros de este entorno en episodios de violencia racista en las calles, son hechos documentados. La financiación pública resulta aún más grave. Ya existe el antecedente de 2024.
La respuesta ciudadana debe ser tajante. Se debe exigir al Ayuntamiento de Santa Cruz, al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife que rindan cuentas y expliquen su papel en este patrocinio. El dinero público debería destinarse a proyectos que promuevan la inclusión, diversidad y justicia, no a plataformas que legitiman el odio. Las instituciones tienen la responsabilidad de rechazar de manera explícita cualquier colaboración con eventos que sirvan de altavoz a la extrema derecha. El deporte aquí no es un fin en sí mismo, es la coartada.
Redación Afroféminas
