Juan es salvadoreño. Tiene 40 años y un auto que, reconvertido en Uber, le da su sustento diario.

—Yo lo apoyo al señor, pero no al 100%. Al 80% sí.

“El señor” es Nayib Bukele, presidente de El Salvador desde el 2019, popular por haber impuesto un régimen de excepción  que, según la información oficial —sospechada de falaz— generó una drástica reducción en la tasa de homicidios y una recuperación del control territorial por parte del Estado. Juan es uno de los pocos salvadoreños que expresa un contrapunto con el gobierno. Una enorme mayoría, por convicción o por temor, manifestó ayer un respaldo absoluto en las elecciones presidenciales.

—Una prima mía estuvo un año detenida. No había hecho nada, sólo estaba casada con alguien que cuando era adolescente había sido cercano a las pandillas, pero ella ni lo conocía en ese entonces. Por eso se la llevaron presa un año. ¿Quién le devuelve ese tiempo? Ahorita, si este es el costo que hay que pagar para tener la tranquilidad que hoy tenemos, pues lo pago.

Es posible que ninguna denuncia de violación a los derechos humanos sea suficiente para convencer a parte de la sociedad latinoamericana acerca de la importancia de defender el Estado de derecho.

Historias como las de Juan se repiten a diario en El Salvador. Urge entonces responder la siguiente pregunta: ¿es cierto que la anulación de las garantías básicas impulsada por Bukele logró una reducción inédita de la criminalidad? Si esto es así, es posible que ninguna denuncia de violación a los derechos humanos sea suficiente para convencer a parte de la sociedad latinoamericana acerca de la importancia de defender el Estado de derecho. Tal como reflejan los resultados (al momento de escribir estas líneas, aún preliminares y bajo sospechas de manipulación, pero que indudablemente reflejarán un apoyo abrumador), muchas personas estarán dispuestas a tolerar todos los costos que implica este modelo de “ultra mano dura” con tal de vivir un poco más seguros. Costos que, vale decir, no son solo para los “pandilleros” —una categoría con límites cada vez más difusos, que incluye desde “conocidos” de los mareros hasta personas detenidas por el solo hecho de tener tatuajes—, sino para toda la sociedad: el riesgo de ir preso sin motivo alguno, la imposibilidad de expresar disidencias o críticas ante un modelo económico que no da respuestas y abusos (incluso de índole sexual o con casos de desapariciones forzadas) ejercidos por unas fuerzas militares o de seguridad cada vez más poderosas y con menos controles. Todo eso puede “valer la pena” para parte de la sociedad con tal de recuperar otros derechos (a la vida, a la salud, a la libre circulación, al comercio, etc.) que la criminalidad afecta a diario, y que los Estados no han podido abordar eficazmente, ya sea por complicidad o por incapacidad. El paso del tiempo hace que el recuerdo de los abusos genocidas de poder estatal ocurridos en casi toda Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX sea cada vez más remoto. La entrega de libertades personales parece generar, entonces, menos temores que hace unos años.

¿Son ciertos los resultados del modelo Bukele? En tal caso, ¿fue la eliminación de las garantías la receta que permitió ese descenso en los índices de criminalidad, o hay causas ocultas que explican mejor la reducción del crimen? La pregunta no reviste un interés académico, sino centralmente político: si no se desarma esa receta, gobiernos de otros países de la región podrían caer en la tentación de imitar esa restricción de garantías, presentada por el gobierno salvadoreño como una receta mágica.  Honduras, Ecuador, Perú, Argentina, Costa Rica, entre otros, ya son testigos de estos debates.

Lo cierto es que existen cada vez más sospechas de que la verdadera explicación del “éxito” de Bukele en materia de reducción de los homicidios no fue el encarcelamiento masivo, sino que intervinieron otros factores, como el presunto pacto oculto entre el gobierno y líderes de las maras. No solo no se conocen las condiciones de ese acuerdo, sino que los verdaderos resultados del modelo Bukele en delitos no letales permanecen en la opacidad por el sistemático bloqueo de la información pública. Las pocas estadísticas que sí se difunden, principalmente la cantidad de homicidios, despiertan fundadas sospechas de manipulación. Y si bien es cierto que la sensación ciudadana corrobora que la criminalidad se redujo significativamente, existen serias dudas sobre la sostenibilidad de este modelo, ya no solo desde una perspectiva de garantías y derechos humanos, sino también bajo una lógica de eficacia y eficiencia.

¿Qué pasará cuando el costoso encarcelamiento masivo sea económicamente insostenible? ¿Las maras realmente se desarticularon en forma definitiva, o están ofreciendo una “tregua” que puede caer de la mano con ese presunto acuerdo? Si efectivamente perdieron su capacidad, ¿qué otro actor social está ocupando u ocupará el espacio vacío que dejaron? ¿La hiperconcentración de poder por parte del Gobierno y las fuerzas armadas y de seguridad puede estar generando un ambiente propicio para el surgimiento de nuevas formas de criminalidad, vinculadas al crimen organizado transnacional? En última instancia, persiste la pregunta por los países que imiten el “modelo Bukele” de anulación de garantías: ¿tendrán los resultados esperados o el régimen de excepción es el mascarón de proa de un recetario con métodos más turbios y de dudosa sustentabilidad? Honduras parece estar dando señales de que la segunda opción es la verdadera. Y el propio Bukele, en un pasaje llamativamente más racional que el de muchos imitadores del continente, advirtió (haciendo referencia al caso de Argentina) que en países con situaciones menos extremas que la que vivía El Salvador, las medidas drásticas tomadas por su gobierno podrían ser inadecuadas y desproporcionadas.

Bernardo Arévalo, el nuevo presidente de Guatemala, y su  sorprendente Movimiento Semilla se encuentran también ante una oportunidad histórica: emerger ante toda América Latina como los impulsores de una política criminal eficaz, pero también eficiente, que no requiera encarcelamientos masivos y arbitrarios, y que sí logre resultados rápidos y sostenibles en el tiempo. Es decir, una alternativa a la falsa eficacia del modelo Bukele que se ocupe no sólo de prevenir violaciones estatales a los derechos humanos, sino también de mejorar la seguridad percibida por la ciudadanía. Esa eficacia es un antídoto imprescindible para evitar el hartazgo social que, como ya hemos visto, puede generar un terreno fértil para el surgimiento de estos “autoritarismos cool”, mucho más autoritarios que cool.

Gobiernos de otros países de la región podrían caer en la tentación de imitar esa restricción de garantías, presentada por el gobierno salvadoreño como una receta mágica.

De entre todos los temas que componen la compleja agenda judicial que enfrenta el nuevo gobierno, el primer gran escenario de disputa será el Ministerio Público (MP) y, en particular, su Fiscalía General, hoy cooptada por el “pacto de corruptos”, una alianza entre políticos, empresarios, medios de comunicación y sectores del sistema judicial (incluidas las propias fiscalías) para hacer y dejar hacer diversos crímenes económicos y de corrupción. La historia reciente del MP de Guatemala es un excelente ejemplo de una situación de alcance regional. A partir de la implementación de los sistemas acusatorios, los Ministerios Públicos (que nuclean a todas las fiscalías de un país), no solo asumieron la facultad de investigar e impulsar los casos penales —antes en cabeza de los juzgados de instrucción—, sino que también incorporaron la obligación de “diseñar la política de persecución penal”, es decir, establecer qué fenómenos criminales serán prioritarios, qué herramientas y estrategias de intervención se implementarán para perseguir cada uno de ellos (con instrumentos penales como la cárcel, pero también con otras salidas como las conciliaciones o las reparaciones del daño) y, en última instancia, buscar impactar sobre los niveles de criminalidad y de violencia social, en coordinación con los otros poderes estatales. Esto implicó un cambio de paradigma en el sistema penal, que deja de ver a los conflictos como “expedientes a tramitar”, y pasa a entenderlos como hechos que integran regularidades sociales (basadas en razones económicas como los mercados criminales o culturales, como sucede la violencia de género) sobre las cuales se debe intervenir con el objetivo de controlarlas, reducirlas, transformarlas o eliminarlas.

Esta enorme reforma a los sistemas de justicia permitió que algunos Ministerios Públicos logren impulsar políticas de control de la criminalidad eficaces que rompieran con la impunidad estructural heredada de los modelos inquisitivos, como sucedió a partir de la gestión de Claudia Paz y Paz al frente de la Fiscalía General. Sin embargo, esos mismos Ministerios Públicos también fueron utilizados como garantes de esa misma impunidad, al punto de poner en riesgo la propia vigencia de la democracia con tal de proteger a políticos, empresarios y otros gerentes del crimen, como sucedió en Guatemala en los últimos años.

Hay cada vez más sospechas de que la verdadera explicación del “éxito” de Bukele en materia de reducción de los homicidios no fue el encarcelamiento masivo, sino el presunto pacto oculto entre el gobierno y líderes de las maras.

El nuevo gobierno de Guatemala tendrá el enorme desafío de impulsar una recuperación de la legitimidad del MP, que en gran parte dependerá de lo que suceda con el mandato de la propia Consuelo Porras, sindicada como corrupta y artífice de los atentados contra la democracia del último año. Si se logra superar ese escollo —para nada menor—, el MP no necesitará mirar hacia afuera, sino recuperar y actualizar su experiencia no tan lejana, sancionar y remover a quienes atentaron contra la democracia, y diseñar en forma concordada pero veloz un plan estratégico orientado a:

1. Desarticular el “pacto de corruptos” que puso en jaque a la democracia, sin descuidar el respeto por las formas procesales, cuyo incumplimiento puede servir de excusa para la anulación de los procesos.

2. Implementar una persecución penal estratégica que apunte a la rápida reducción de fenómenos criminales prioritarios, actualizando el modelo de gestión y las herramientas de análisis criminal que supieron ser ejemplos regionales.

3. Desarrollar capacidades de investigación patrimonial y recupero de activos que permitan incidir eficazmente sobre las ganancias económicas que explican buena parte de los delitos, no sólo los patrimoniales.

4. No descuidar las demandas ciudadanas por obtener respuestas en casos de criminalidad “ordinaria”, para lo cual se requiere optimizar la vía composicional o alternativa, la gestión de los casos y mejorar el vínculo con las víctimas, con especial énfasis en la diversidad de casos de violencias de género que cada vez con mayor frecuencia llegan a la justicia penal.

5. Aprovechar la inédita concientización social sobre la importancia del MP para fomentar la participación ciudadana en el diseño, pero también en el monitoreo y evaluación de las políticas de persecución penal, con un sistema de información público claro y accesible, que permita escrutar el desempeño del MP y facilite la rendición de cuentas permanente, potenciando la metodología de “persecución penal comunitaria”.

6. Generar mecanismos de articulación eficaz con los sistemas de administración de justicia indígena.

7. Revisar el régimen de carrera fiscal para recuperar una calidad técnica corrompida por la remoción y hasta el exilio de numerosos fiscales.

Más allá de los aspectos técnicos, la discusión en torno a la orientación político criminal de los MP es una disputa política en donde entran en juego fuertes intereses de los sectores más poderosos del país e incluso transnacionales. Esto requiere, por un lado, fortalecer los mecanismos de vinculación con la ciudadanía, que, como ha quedado claro en estos últimos meses, es una fuente de legitimidad imprescindible para enfrentar las fuertes resistencias que implica la ruptura de los pactos de impunidad. Y, por el otro, generar una política institucional integral de lucha contra la impunidad, que brinde un marco de respaldo a los y las fiscales que se animen a avanzar en casos de alto impacto. La eficacia político-criminal no debe depender de actitudes heróicas o sobrehumanas, sino que debe ser la institucionalidad la que valide, acompañe e impulse acciones que, ciertamente, requerirán una dosis de valentía e integridad.

Experiencias recientes de gobiernos progresistas en la región demuestran que el desafío que enfrenta Semilla no es menor. Un riesgo es el de reducir su agenda judicial únicamente a la persecución de sus predecesores, que aún cuando sea fundada y necesaria, no es suficiente. Pero, además, la necesaria desarticulación de aquellos sectores del sistema de justicia que fueron partícipes del “pacto de corruptos” debe ser inmediatamente seguida de una reconstrucción de la institucionalidad. De lo contrario, seguirá vigente la impunidad, ya no por acción, sino por omisión.

La retórica progresista debe renovarse. Manifestarse a favor de los derechos humanos no es suficiente para defenderlos. Admitir que los problemas de inseguridad no se resolverán únicamente con la justicia penal no nos puede llevar a desatender la enorme importancia que la herramienta penal puede tener para acercar soluciones, sobre todo en aquellos países que afrontan formas de criminalidad altamente organizada. La descalificación como “eficientista” a cualquier propuesta de reformar la justicia penal que pretenda mejorar su eficacia no sólo lleva a ignorar un problema social central para la ciudadanía, sino que tampoco ha logrado construir una agenda alternativa de efectiva reducción del encarcelamiento masivo.

¿Qué pasará cuando el costoso encarcelamiento masivo sea económicamente insostenible? ¿Las maras realmente se desarticularon en forma definitiva, o están ofreciendo una “tregua” que puede caer de la mano con ese presunto acuerdo?

Existen innumerables ejemplos de gobiernos supuestamente progresistas que, en vez de ocuparse seriamente de la eficacia político-criminal, burocratizan esa agenda con presuntos “modelos” (que no son tales) que terminan en la nada o, ante la primera frustración, en copias de mala calidad de las recetas autoritarias. De este modo, no hacen más que legitimar la idea de que la única receta útil para controlar la criminalidad es la mano dura, regalándole la bandera de la seguridad a las nuevas derechas. Romper el falso dilema entre Estado de Derecho o seguridad es una de las principales tareas para los próximos años.

Si Semilla fracasa en este desafío de lograr una eficacia político-criminal que dé respuestas a la ciudadanía, lo que estará en riesgo ya no será sólo el futuro político del Movimiento. La experiencia salvadoreña demuestra que cuando la inseguridad afecta en forma extrema la vida cotidiana de la ciudadanía, cualquier gobernante que ofrezca un alivio tendrá el apoyo popular, sin importar si el precio a pagar es la anulación de garantías básicas o de la división de poderes. En última instancia, hoy más que nunca, la disyuntiva es clara: o nos ocupamos seriamente de la cuestión criminal, o la propia vigencia de la democracia entra en riesgo.

06/02/24.