Apartir de hoy las empresas europeas deben declarar las emisiones de gases de efecto invernadero de sus importaciones. Es el primer paso antes de que el arancel al carbono en las fronteras entre en vigor en 2026, llamado “Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono”.

Cerca de 10.000 empresas en Europa podrían verse afectadas. La recaudación ascenderá a 3.000 millones de euros de aquí a 2030. Un parte entrará en las arcas de la Unión Europea y otra en la de los Estados miembros. Es una gota en el océano comparada con la gigantesca movilización de capitales que pondrá en marcha la transición energética y la descarbonización de la economía europea.

La transición se extenderá hasta finales de 2025 y forma parte de la política europea de “New Deal Verde”. Su objetivo declarado es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (“quien contamina paga”). Su objetivo real es proteccionista: defenderse de la competencia de China e India, calificadas como economías contaminantes.

El aumento de la recaudación fiscal ayudará a financiar una montaña de inversiones, pero no será suficiente. Habrá más impuestos. A un precio del carbono de 80 euros por tonelada se recaudarán 3.000 millones de euros.

El arancel se concentra en los sectores económicos de mayor riesgo (acero, aluminio, fertilizantes, cemento, hidrógeno, electricidad), pero no cabe duda de que se extenderá a otros para generar más ingresos fiscales.

Las consecuencias serán dramáticas. Los costes de producción van a aumentar y se van a trasladar a los precios de venta. En consecuencia, la inflación y la carestía de la vida van a subir aún más.

Los países más afectados por el arancel serán China e India, que ocupan un lugar preponderante en el mercado internacional y están desplazando a la industria europea.