Fuente: https://www.investigaction.net/es/la-desactivacion-de-las-organizaciones-narcoparamilitares/ EDUARDO GIORDANO 22 Abr 2023
El gobierno de Gustavo Petro ha conseguido en pocos meses importantes avances en su propuesta de Paz Total: dos rondas de negociaciones con la guerrilla del ELN, una en Caracas y otra en México, que permitieron establecer la agenda completa y la metodología de las conversaciones, y ha abierto un espacio de negociación con las otras guerrillas persistentes tras el Acuerdo de Paz firmado con las FARC, las disidencias de esta misma organización.
Encausados estos procesos de diálogo, el otro gran foco de violencia que afecta de manera especial a las comunidades rurales y étnicas son las bandas narcoparamilitares. Desmantelar las organizaciones paramilitares es una labor muy compleja, dada la fortaleza de su poder de fuego, su apoyo en algunas franjas de la sociedad y presencia en los territorios. La mayor parte de los recursos que manejan proceden del narcotráfico, en particular de cocaína, que en general practican simultáneamente con otras actividades criminales como la minería ilegal y las extorsiones.
Estos grupos armados son las principales responsables de masacres, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados, desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos. El informe de Indepaz sobre presencia de grupos armados en Colombia para los años 2021-2022 señala, en 2022, a una docena de organizaciones paramilitares como “los grupos que mayor afectación causaron”. Estos son: “EPL-Pelusos, La Oficina del Valle de Aburrá, Los Pachencas, Los Puntilleros, Los Rastrojos, Los Caparrapos, Los Costeños, Los Pachelly, La Constru, Los Contadores, La Local-Los Shotas, La Local-Los Espartanos”.
Este informe es muy contundente al analizar la actividad principal de estos grupos y su vinculación con las instituciones estatales: “Las estructuras sucesoras del paramilitarismo, denominadas como narcoparamilitares, son entendidas como una modalidad de paramilitarismo por negocios, especialmente de narcotráfico y lavado de activos. Grupos privados armados para fines de lucro que ejercen funciones de seguridad pública y, en ocasiones, de contrainsurgencia, contando para ello con la complicidad u omisión desde agentes del Estado y de la Fuerza Pública”.
Según un reciente informe de Indepaz, la violencia contra comunidades y líderes sociales se redujo moderadamente en los meses de enero y febrero de 2023 respecto al mismo período del año anterior, después del anuncio de cese al fuego y de hostilidades que hizo el gobierno a final de año. Pero la violencia no ha desaparecido. El paramilitarismo ha continuado muy activo después del cambio de gobierno. Sólo durante el mes de enero de 2023, Indepaz contabilizó 12 masacres en una decena de departamentos, y el asesinato de 11 líderes sociales y defensores de derechos humanos más un firmante del acuerdo de paz. Además, según comunicó la Defensoría del Pueblo, en el año 2022 se alcanzó el lamentable récord de 215 asesinatos perpetrados por grupos paramilitares.
Dado que no habrá una negociación política con estos grupos criminales, ¿qué ventajas podrían conseguir con su sometimiento a la justicia además de una reducción de condenas? La clave podría ser que se suspendan las extradiciones, siempre que estos jefes mafiosos admitan responsabilidades y abandonen con garantías su actividad ilegal. Esta propuesta fue adelantada por Gustavo Petro poco después de tomar posesión en agosto, en una conferencia de prensa que dio junto al presidente español Pedro Sánchez. En esa ocasión anunció que su gobierno había hecho cuatro propuestas al gobierno de Estados Unidos para cambiar la política de drogas, si bien aún de manera informal, no con el fin de llegar a conclusiones sino para pulsar ideas. El primer punto se refiere a las extradiciones y lo formuló así: “Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita.” Estas declaraciones fueron cuestionadas por funcionarios estadounidenses.
Con todo, la posibilidad de suspender la extradición a Estados Unidos para aquellos narcotraficantes que se entreguen a la justicia colombiana sería una buena noticia para las víctimas de estas organizaciones criminales, que se ven privadas de enjuiciar a los jefes paramilitares por los delitos de lesa humanidad que cometen en el país. Por ejemplo, la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe máximo de las AGC o Clan del Golfo, que se produjo poco después de su detención durante los últimos meses del gobierno de Iván Duque, impidió que este cabecilla de la mayor estructura narcoparamilitar fuera juzgado por los graves crímenes que cometió en Colombia. En enero de 2023 Otoniel se declaró culpable de tráfico de cocaína ante un tribunal estadounidense, el cual lo condenó a pagar 216 millones de dólares tras haber reconocido que había ingresado a Estados Unidos más de 96 toneladas de cocaína a través de América Central y México. Admitió también que “las AGC cobraban tarifa fija por cada kilo que se manufacturaba o transportaba por las áreas que controlaba el grupo”.
La idea de mantener negociaciones con los grupos narcotraficantes y paramilitares ha recibido sonoros rechazos, y no sólo entre los opositores al gobierno de Gustavo Petro. Desde algunos sectores del Pacto Histórico emergieron discrepancias sobre algunas actuaciones del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a quien se pretendió vincular a las ofertas que recibieron algunos presos de una mafia de abogados que les ofrecía beneficios penitenciarios y no ser extraditados a cambio de altas sumas de dinero. Estas acusaciones y sus visitas a las cárceles junto al hermano del presidente, Juan Fernando Petro, a quien también se ha vinculado a esas ofertas, coincidieron en el tiempo con las revelaciones de presuntos pagos de dos jefes mafiosos, Samuel Santander Lopesierra y el Turco Hilsaca, a Nicolás Petro, hijo del presidente y diputado por la región del Atlántico, cuando tenía a su cargo recaudar fondos para la campaña presidencial de su padre. La publicación de los chats con su ex mujer, Day Vásquez, y la entrevista que ella concedió a la revista sensacionalista Semana, fue un golpe muy duro a la línea de flotación del gobierno y a su programa de lucha contra la corrupción. Aunque la ex esposa de Nicolás Petro deslindó al presidente Gustavo Petro de cualquier responsabilidad, al asegurar que su ex pareja había ocultado todo a su padre y se había lucrado personalmente con lo recaudado sin aportarlo a la campaña, la maquinaria mediática de la oposición derechista encontró un flanco muy sensible para fustigar al gobierno del cambio.
A la esperada reacción de la derecha se sumaron las voces representativas de la llamada “moderación” dentro del Pacto Histórico, como la del presidente del Congreso, el liberal Roy Barreras (que también puso reparos al proyecto de reforma de la salud), quien desgranó sus desacuerdos con algunos procedimientos del Ejecutivo que, en su opinión, no ayudan al objetivo de alcanzar la paz: “Pido al Gobierno que suspenda cualquier tipo de conversación, diálogo o negociación, oficial o extraoficial, con los narcotraficantes, porque le hace daño al propósito noble de la Paz Total y porque es innecesario”, declaró el 6 de marzo en rueda de prensa, y volvió sobre este mismo tema al día siguiente: “Habrá unos narcos que se acojan a esa ley de beneficios y otros que no. A esos hay que someterlos con la fuerza legítima del Estado, pero nada hay que negociar con los narcos”. Es decir, mano dura sin concesiones y continuidad de la guerra contra el narcotráfico que el Estado colombiano nunca ha podido ganar. Falta aquí la perspectiva de una nueva política de drogas, principal anclaje de las ideas de Gustavo Petro en la lucha contra los narcotraficantes.
El presidente del Congreso también tomó distancia de las gestiones emprendidas por el Alto Comisionado, Danilo Rueda, sin llegar a desautorizar su trabajo como sí lo hizo el titular de la Fiscalía, Francisco Barbosa, quien afirmó que nunca creyó en su palabra. El difícil equilibrio de poderes es uno de los principales obstáculos del gobierno para avanzar en el camino de la paz.
Mientras tanto, en medio de tanto ruido político, el abogado designado por los narcoparamilitares de las AGC para avanzar en un eventual proceso jurídico, Ricardo Giraldo, afirmó el 9 de marzo que para sus representados resulta más beneficiosa la ley 906 de 2004 (de Álvaro Uribe, hecha a la medida de los reincorporados de las AUC) que la nueva ley prevista. En declaraciones a Noticias Caracol, este abogado aseguró: “Con base en esa ley de sometimiento, ellos no estarían dispuestos a negociar, tienen razón, no hay negociación allí, es o se someten o se someten”.
Días más tarde, el 20 de marzo, el presidente suspendió el alto al fuego que había declarado con las AGC desde el 1 de enero, y ordenó al ejército y la policía “reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo”. Esta decisión se produjo por la violenta implicación de este grupo en el “paro minero” del Bajo Cauca, en Antioquia, donde quemaron ambulancias y vehículos de transporte para imponer los bloqueos, y por un ataque con fusiles contra la fuerza pública. Petro formuló su decisión en un trino, añadiendo: “Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”.
La ley de sujeción a la justicia
El pasado 16 de marzo el ministro de Justicia radicó en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento de los grupos narcoparamilitares, “por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
Este proyecto de ley, incubado durante meses de debates al interior del Pacto Histórico, ofrece una salida de compromiso a la violencia sistemática que ejecutan los grupos paramilitares en los territorios, ofreciéndoles beneficios de reducción de penas, hasta un máximo de 6 a 8 años para los cabecillas de esas organizaciones, siempre que reconozcan sus crímenes y se comprometan a desmantelar las estructuras armadas y a no reincidir. Aunque se evita el término “negociaciones”, el capítulo III de la ley, que desarrolla el “procedimiento para la sujeción a la justicia y el desmantelamiento de las estructuras armadas”, incluye una primera etapa de acercamiento y “conversaciones con los integrantes de la organización criminal” que hayan manifestado su intención de someterse, en cuyo caso se suspenderá la ejecución de órdenes de captura.
El procedimiento desemboca en la firma de actas colectivas e individuales de los miembros de la organización delictiva con garantías de no repetición y de reparación a las víctimas de la violencia. En el artículo 35, sobre la “aceptación de responsabilidad” de los actores armados, se establece “la identificación plena de los bienes inventariados y entregados por los integrantes en la fase de acercamiento y conversaión y la solicitud de extinción de dominio a favor del Estado”. Así mismo, se impone entregar “información detallada sobre actividades ilícitas y fuentes de financiación”, incluida la relación de testaferros de la organización.
El artículo 29 se ocupa de la “intervención de la Fiscalía General de la Nación en el proceso”. Aquí se indica que por solicitud del presidente de la república, la Fiscalía “suspenderá las órdenes de captura y medidas de aseguramiento que se hayan dictado y las que se lleguen a dictar durante la etapa de conversaciones y procesamiento”. También establece que este organismo “aportará información a la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre las indagaciones, investigaciones y procesos penales en curso contra los integrantes de la estructura armada organizada de crimen de algo impacto”.
La oposición política de la Fiscalía
La suspensión de las órdenes de captura es uno de los principales puntos de fricción con el fiscal general Francisco Barbosa, quien se declaró contrario al proyecto de ley a poco de conocerse, alegando que afectaría a “la separación de poderes y la administración de justicia”. Cuestionó también que se exija a la Fiscalía que entregue información clasificada al Comisionado de Paz, afirmando que sería “inaceptable entregar datos sobre indagaciones, procesos penales e investigaciones” contra integrantes de las bandas criminales.
Una de las preocupaciones que manifestó el fiscal es la imagen de Colombia en el exterior, por el trato en su opinión inadecuado que se estaría dando a los narcotraficantes. Añadió, citando como fuente al Departamento de Estado, que “el 97% de la cocaína que entra a los Estados Unidos proviene de Colombia”. Esta apreciación puede interpretarse sin duda como una intromisión de la Justicia en la política exterior del gobierno y podría considerarse un intento de sabotear el cambio en la política de drogas que defiende el presidente Gustavo Petro. El fiscal general, que reprocha al gobierno que considere a la Fiscalía como “parte de la rama ejecutiva del poder público”, dijo en una entrevista periodística que su preocupación fundamental “es que camuflan un proceso de paz en un sometimiento a la justicia”, una opinión que no se sustenta leyendo el texto de la ley. La Fiscalía interfiere así con declaraciones incendiarias en las prerrogativas de los poderes ejecutivo y legislativo.
Al mismo tiempo, el fiscal Barbosa puso grandes reparos al Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno, principal herramienta de transformación del país, proclamando que algunos artículos afectarían a la separación de poderes y que los cambios propuestos en normativa de la contratación pública no le fueron consultados. Una de las objeciones es su rechazo a la contratación directa por parte de cabildos indígenas y comunidades afrodescendientes, porque -asegura- “carecen de experiencia contractual” y “pueden ser fácilmente manipulados por inescrupulosos”. La Fiscalía, que nunca hizo alarde de tanto purismo legalista bajo el gobierno de Iván Duque, se convierte así en la principal fuerza opositora al gobierno del Pacto Histórico, en un claro intento de bloquear, demorar o desviar los principales cambios políticos.
En Colombia la dimensión y el poder de la Fiscalía –y también de otras instituciones como la Procuraduría– es desmesurado cuando se lo analiza desde una perspectiva de constituciones comparadas con las de otros países de su entorno. A pesar de ello, su eficiencia como institución judicial es cuestionada socialmente por su inercia en investigaciones relevantes durante los anteriores gobiernos.
Barbosa actúa en un momento en el que están muy devaluadas las figuras opositoras de la derecha. Álvaro Uribe afronta graves procesos judiciales, Iván Duque ya es un cadáver político, mientras que Federico Gutiérrez, el último candidato del uribismo, lleva el estigma del perdedor. El 15 de marzo, el fiscal general mantuvo conversaciones con la bancada del partido derechista Cambio Radical en el Congreso, y uno de los senadores que participó dijo que estuvieron “muy sintonizados”. En esa reunión, el fiscal pidió a Cambio Radical que presionara al gobierno para evitar la tramitación de urgencia del proyecto de la ley de sujeción a la justicia.
En paralelo al sesgo de la Fiscalía, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, también hizo declaraciones muy intrusivas contra las reformas laboral y pensional del gobierno, asegurando que “eso no parece una reforma laboral sino un pliego de condiciones de un sindicato”. Estuvo en línea con las declaraciones del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), para quien la reforma, además de elevar el costo de la contratación formal, “trae una carga muy importante de sindicalizar al sector privado colombiano”.
Al mismo tiempo, ambas instituciones supuestamente “neutrales” están dinamitando los apoyos conseguidos por el gobierno en el Congreso entre los partidos situados a la derecha del Pacto Histórico, esa alianza transversal del espectro político que se constituyó tras las elecciones para avanzar en algunas reformas. Una investigación periodística de TV Caracol difundida el 25 de marzo reveló que la procuradora Cabello y el fiscal Barbosa se reunieron “con directivos de los tres partidos tradicionales que se sumaron a la coalición de gobierno: la U, los conservadores y los liberales, para motivarlos a abandonar la coalición y declararse como independientes”.
El senador Iván Cepeda, principal negociador con el ELN en nombre del gobierno y uno de los inspiradores de la ley de sujeción de bandas criminales, afirmó que la actitud del fiscal Barbosa era incompatible con su cargo: “El fiscal Barbosa ha dejado de lado la independencia del poder judicial y se ha dedicado a hacer, sin disimulo, oposición política al gobierno y a la política de paz.” Cepeda interpuso una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes porque “públicamente ha dicho que no va a dejar que pase en el Congreso el proyecto de ley de sujeción a la justicia de estructuras criminales, lo que podría afectar la autonomía e independencia del debate legislativo”, y por hacer uso del cargo con “propósitos políticos y electorales”, entre otras razones.
Iván Cepeda, un referente en la defensa de los derechos humanos, fue mucho más explícito en un trino que le dirigió el 22 de marzo: “Fiscal Barbosa, la pregunta central sobre el Clan del Golfo es la siguiente: ¿Por qué tanto interés en evitar el sometimiento judicial de sus jefes? ¿Será que temen que cuando cuenten verdades los involucren? Esa es la verdadera razón de la oposición a la ley de sometimiento.” En abril de 2022, en plena campaña electoral, Cepeda ya denunció al fiscal Barbosa por intervenir en política durante la contienda con graves descalificaciones al entonces candidato presidencial Gustavo Petro.
Frenazo del narcotráfico con el gobierno de Petro
Es probable que hoy existan condiciones objetivas que favorezcan la sujeción a la justicia de las organizaciones narcotraficantes. El negocio de la cocaína colombiana está en franco declive desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, en agosto de 2022. El principal termómetro de esta situación es que los grupos narcos redujeron sustancialmente la compra de coca (de hoja de coca y pasta base) a los campesinos que habitualmente se la suministraron. Una de las presumibles causas serían los relevos realizados por el gobierno Petro en la cúpula de la fuerza pública, que habrían conllevado la interrupción de contactos de organizaciones mafiosas con sus viejos aliados en el Ejército y la Policía. Los grandes capos mafiosos que invierten en gran escala en el negocio de la cocaína habrían rebajado sustancialmente compras.
El problema económico derivado de esta situación se percibe con extrema gravedad en los departamentos sudoccidentales, especialmente en el Cauca y Nariño, cuyos campesinos dependen de la venta de la coca para su supervivencia. Víctor Ocampo, un líder social de la región del Cauca, aseguraba en un evento convocado en Bogotá por el MOVICE el 10 de abril de 2023: “Para las personas que vivimos en la región no es un secreto que la economía ilícita es lo que dinamiza la región. El departamento del Cauca no tiene fuentes de empleo, más allá de la informalidad y los empleos derivados de la contratación pública.” Dado que “eso es lo que mueve la economía de la región”, Ocampo ve “con preocupación que haya un represamiento –digámoslo así– en los términos de la compra de hoja de coca a los campesinos que están hoy sembrando y que no tienen muchas más opciones de vida”.
El diagnóstico es similar desde otras fuentes y en otros departamentos cocaleros. La periodista María Jimena Duzán dedicó a este tema un programa el 10 de abril presentado así: “Ya son varios los territorios donde los campesinos que cultivaban la hoja de coca se están quedando con sus cosechas. Bajó el precio de la hoja de coca y la gente está empezando a pasar hambre. Duzán da entrada en su programa a dos periodistas del medio alternativo El cuarto mosquetero, Lina Álvarez y Shirley Forero, que entrevistaron a muchos campesinos de la región del Guayabero, entre el Meta y el Guaviare, y produjeron un excelente reportaje titulado “Hambre e incertidumbre en territorios cocaleros”. Aquí se documenta cómo los campesinos han perdido la antigua seguridad que les permitía usar trozos de pasta base de coca, pesados con báscula, como moneda de cambio, el llamado “dinero blanco”. Esta se desvaneció en los últimos seis meses: ya no hay quien les compre la producción, el dinero desapareció por completo y hay una enorme escasez de productos básicos.
Alirio Uribe, senador por el Pacto Histórico y uno de los fundadores del MOVICE, también participó en el citado encuentro de este organismo en Bogotá. Sus consideraciones sobre el tema coinciden: “Hay un congelamiento en compra de hoja de coca, de pasta de coca y por supuesto también en la circulación de la cocaína. En mi opinión los inversionistas que manejan todo el tema de la cocaína no sienten seguridad en las zonas para transportar la droga por algunas medidas que ha tomado el gobierno. […] Es el caso del Clan del Golfo, que ha sido el grupo que más ha protegido las estructuras de distribución de la cocaína, y también la guerra en algunos territorios entre el Clan del Golfo y el ELN, y con algunas disidencias, han llevado a que el negocio de la cocaína esté en este momento a la baja. Habría una oportunidad histórica para que el gobierno colombiano llegara con propuestas reales de sustitución.”
Sin embargo, aunque el contexto sería favorable a la política de sustitución de cultivos, el gobierno debería actuar más rápido para aprovechar la oportunidad: “No tiene esas propuestas a la mano, en lo inmediato, y esto está trayendo obviamente una crisis bastante fuerte en esas zonas cocaleras, porque la gente está aguantando hambre, porque no hay movilidad –digamos– de dinero, y porque los narcotraficantes prefieren comprar la cocaína en otros países.”
En efecto, las inversiones del narcotráfico a gran escala se habrían desplazado en parte hacia Perú, Brasil y Bolivia. También se ha descubierto recientemente la producción de coca y laboratorios de cocaína en países centroamericanos sin tradición cocalera que antes eran sólo lugares de paso, como es el caso de Honduras.
La desactivación de los grupos criminales de alto impacto consustanciales a la existencia del narcotráfico no parece hoy posible, ni en Colombia ni en el resto de América Latina, sin un cambio sustancial de la política global de drogas que permita secar las fuentes financieras de las organizaciones narcoparamilitares mediante la despenalización del consumo y la comercialización regulada de la coca y sus derivados.
Fuente: ALAI