“Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, está mostrando un patrón reconocible de prácticas autoritarias y de erosión de los derechos humanos”. Con esta frase inicia la organización Amnistía Internacional su informe Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos, publicado con motivo del primer aniversario del segundo mandato de Trump.

Este documento hace un repaso por las doce alarmas que alertan de las prácticas de Trump, entre las que destacan los ataques a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, las amenazas a las universidades y docentes, las coacciones al sistema judicial y al Estado de derecho, la normalización de la militarización y del control a través de la inteligencia artificial, así como el señalamiento de comunidades específicas, el aumento de políticas que marginan a grupos vulnerables y las deportaciones masivas.

“Los esfuerzos de la administración Trump por intimidar, silenciar y castigar a manifestantes y críticos, restringir a la prensa y reconfigurar el acceso a la información, y erosionar sistemáticamente el Estado de derecho están creando una emergencia de derechos humanos”, insisten. Desde Amnistía advierten que han visto “a dónde conduce este camino cuando se castiga la disidencia” pero también subrayan que “la deriva no es inevitable”.

Por eso, el informe incluye recomendaciones que animan a la sociedad civil a movilizarse para “salvaguardar el espacio cívico, restablecer las garantías del Estado de derecho y evitar la normalización de la represión”.

Sin voces críticas

Los medios de comunicación están en el punto de mira. A menudo son atacados verbalmente en las ruedas de prensa de Donald Trump, quien incluso les amenaza con retirarles acreditaciones -y de ese modo el acceso a información- y financiación. Esta última configura la supervisión periodística del gobierno permitiéndole «controlar el mensaje y desalentar la cobertura crítica”, escribe Amnistía Internacional.

Otro ejemplo de condicionar las voces críticas es el de Mario Guevara, periodista con 20 años de trayectoria en Estados Unidos, detenido por el ICE el pasado junio mientras transmitía en directo las protestas del No Kings Day contra las redadas de inmigración en el estado de Georgia. Guevara contaba con un permiso de trabajo y una “suspensión administrativa” de órdenes de deportación. Sin embargo, las autoridades migratorias reabrieron su caso tras arrestarle por cargos de tres delitos menores: reunión ilegal, obstrucción y ubicarse como peatón en la calzada. Según informó The Guardian, se trata de uno de los periodos de encarcelamiento más prolongados de un periodista detenido por su labor profesional en la historia de Estados Unidos. Y es tan solo uno de los casos que muestra el viraje de la administración pública hacia prácticas más autoritarias.

Aunque el foco de Trump no está solo puesto en los medios de comunicación sino en cualquier voz crítica. A través del programa “Catch and Revoke” (“Capturar y revocar”) -que combinaba el monitoreo de redes sociales, el seguimiento del estatus migratorio y evaluaciones automatizadas de amenazas para revocar visas de manera masiva-, la administración Trump detuvo y trató de deportar a estudiantes que expresaron opiniones y participaron en protestas, en particular, con los derechos del pueblo palestino.

Al inicio del mandato presidencial, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que había revocado las visas de al menos 300 estudiantes y visitantes, alegando que esas personas habían participado en “actos de vandalismo en universidades, acoso a estudiantes, ocupación de edificios y alteración del orden”.

Un ejemplo es el de la activista palestina Leqaa Kordia, detenida por primera vez en marzo de 2024 en una manifestación de solidaridad con Gaza en la Universidad de Columbia. Los cargos en su contra fueron desestimados, pero en marzo de 2025 la volvieron a arrestar cuando se presentó a una cita de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«El presidente Trump ataca a quienes imparten la docencia y la forma en la que lo hacen. Ataca a la libertad de expresión, la autonomía institucional y la gobernanza compartida, y esto amenaza con socavar la solidez de la educación superior estadounidense que hasta ahora presumía de independencia frente a la interferencia política», denunciaba Lynn Pasquerella, presidenta de la Asociación Estadounidense de Colegios y Universidades, en RTVE.

El sistema judicial maniatado

Abogados particulares, bufetes y asociaciones de abogados fueron amenazados con investigaciones y sanciones por llevar a cabo su trabajo. También algunos fiscales han sido despedidos, como Michael Ben’Ary. Con más de 20 años de experiencia, fue relevado de su puesto mientras estaba trabajando en un caso de terrorismo que el propio Trump había mencionado en su discurso al Congreso. ¿El motivo alegado? Se difundió que había trabajado con Lisa Monaco, una figura clave en la administración de Joe Biden, y que supuestamente había sido parte de una «resistencia interna» contra Trump.

Los ataques verbales del presidente Trump contra jueces también han sido habituales. Incluso el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, reprendió públicamente a Trump después de que este solicitara el juicio político contra el juez Boasberg -quien supervisa un litigio contra Trump que impugna la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros-.

Como informó Reuters, el presidente Trump atacó al menos a 470 personas, instituciones y grupos mediante despidos, suspensiones, investigaciones y la revocación de autorizaciones de seguridad. También los amenazó con investigaciones o sanciones, incluida la congelación de fondos federales.

Expulsiones masivas y asedio a las personas migrantes

La aceleración de las detenciones masivas y las deportaciones aterroriza a las comunidades y crea una narrativa deshumanizante. “Paraliza la vida cotidiana: las familias evitan la escuela, la atención médica y los servicios básicos por miedo”, explican en el informe. “Desde el primer día, la administración Trump impulsó una agenda anti-migrante y anti-refugiados, implementando órdenes ejecutivas racistas y xenófobas que deshumanizaban y criminalizaban a los migrantes y a las personas que buscaban seguridad”.

El sistema de detención masiva de inmigrantes se expandió, manteniendo a miles de personas en instalaciones superpobladas. Se construyeron nuevos centros de detención financiados por el Estado, como “Alligator Alcatraz” y Krome, en Florida. En ambos centros se ha denunciado trato cruel, inhumano y degradante.

La expulsión masiva de migrantes y solicitantes de asilo venezolanos mediante la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo de 2025 -se había utilizado por última vez para detener a más de 120.000 estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial- es una de las violaciones de los derechos humanos señaladas por Amnistía Internacional. Para Trump es tan solo la respuesta a una «invasión» que motivó el uso extraordinario de una ley de tiempos de guerra.

Un ejemplo del uso de esta ley es el caso del venezolano Andry Hernández Romero, quien fue deportado acusado de ser miembro de la banda criminal Tren de Aragua. Después de esto, fue detenido durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. Su deportación fue una más de las 200 hechas a sus compatriotas sin antecedentes penales.

Además, la administración Trump ha puesto fin al Estatus de Protección Temporal para muchas nacionalidades.

El control como objetivo: militarizado o con IA

El uso de los recursos militares para las protestas bajo el pretexto de combatir la delincuencia urbana se ha hecho “con el fin de apoyar una aplicación agresiva y a menudo ilegal de la ley migratoria”, denuncia el informe. El patrón de despliegues puso sobre la mesa la relación entre delincuencia y raza. Seis de las nueve ciudades donde el presidente Trump amenazó o desplegó a la Guardia Nacional tenían un alcalde negro y una gran población negra y latina.

Pero el control no llega solo por la fuerza sino que el monitoreo de las redes sociales es otra de sus herramientas. La IA Babel X, proporcionada por Babel Street, y el sistema operativo Immigration OS de Palantir, permiten la vigilancia masiva de las redes sociales de millones de personas bajo la potencial amenaza del «terrorismo».

Además, Trump también ha recortado la financiación de las instalaciones y programas de atención reproductiva, forzando el cierre de clínicas -según el Gender Equity Policy Institute, las mujeres embarazadas que viven en estados que prohibían el aborto tenían casi el doble de probabilidades de morir-. Asimismo, ha atacado los derechos y la atención LGBTI, en particular de las personas transgénero, firmando una orden ejecutiva para “restaurar la verdad biológica”, definiendo el sexo como una “clasificación biológica inmutable como masculino o femenino”.

«Estamos presenciando una escalada alarmante de la represión patrocinada por el Estado y el abandono del estado de derecho y las normas de derechos humanos en todo el mundo», dice Erika Guevara-Rosas, directora sénior de Investigación, Políticas, Incidencia y Campañas, en el informe. Aunque el gobierno de Estados Unidos se había posicionado durante mucho tiempo – al menos en teoría- como un defensor mundial de los derechos humanos, la administración Trump ha hecho que Estados Unidos dé marcha atrás retirándose de acuerdos y organismos globales cruciales en materia de derechos humanos.