Los argumentos fundamentales de Israel sobre su ocupación a largo plazo de Cisjordania y Gaza se ven socavados por la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que esencialmente arma a países, instituciones y corporaciones con justificaciones para penalizar a Israel. Ignorarlo no debería ser una opción.

Por predecible, por fuerte que sea el “Sí, pero no hay nada nuevo aquí”, por no vinculante que sea, el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación y administración de Israel en Cisjordania y Jerusalén Este es una declaración desagradable y peligrosa.

De hecho, probablemente eclipsó los peores temores de Israel al exigir que Israel ponga fin a la ocupación lo más rápido posible, una ocupación que el tribunal considera ilegal. Cuando los jueces llegan a esta conclusión y exigen que Israel pague reparaciones a los palestinos, Israel puede desafiar, ignorar, ridiculizar y atacar mojigatamente la opinión todo lo que quiera. Pero esto reivindica a muchos países: enemigos y amigos, detractores y partidarios por igual.

El tribunal afirma que la ocupación se ha vuelto permanente y se ha convertido en una anexión. De hecho, toda la presencia de Israel en Cisjordania es ilegal, opina el tribunal.

El gobierno extremista y mesiánico de derecha de Benjamín Netanyahu puede descartar (y lo hará) esto como un fallo irrelevante de un tribunal sin jurisdicción. Dirá que el tribunal no expresa nada más que un antisionismo que cruza la delgada línea del antisemitismo.

Eso no cambiará el hecho de que ahora existe un amplio consenso en todo el mundo. El fallo del tribunal no se vio favorecido por el voto de la Knesset esta semana “contra un Estado palestino”, como si esto estuviera actualmente sobre la mesa y requiriera una respuesta urgente.

El tribunal dijo que la ocupación es una anexión de facto, respondiendo a la cuestión central que se le pidió abordar. Añadió que la ocupación consiste en “discriminación sistemática, segregación y” (aquí viene la temida palabra) “apartheid”.

En cuanto a los acuerdos, el tribunal se hizo eco y armó a la amplia opinión mundial. Dijo que los asentamientos son «ilegales y violan el derecho internacional». Y a pesar de la retirada unilateral de 2005, Israel sigue siendo “una fuerza ocupante en la Franja de Gaza”.

El tribunal emitió su fallo como una opinión legal tras la remisión de las Naciones Unidas, a las que proporciona opiniones por petición como parte de su mandato. Como tal, la decisión no es jurídicamente vinculante, e incluso si la Asamblea General la remite al Consejo de Seguridad para su ejecución, es razonable esperar un veto estadounidense.

Aún así, la decisión conlleva importantes consecuencias políticas, especialmente en el contexto de la guerra en Gaza y la crucial opinión mundial sobre la continuación de la guerra por parte de Israel. La opinión socava aún más los argumentos básicos de Israel sobre la naturaleza de su relación con Cisjordania y Jerusalén Este.

Países concretos, bancos, fondos de pensiones y corporaciones multinacionales podrían utilizar la opinión para ampliar las sanciones contra individuos, asentamientos, organizaciones y empresas israelíes. Lo que es más inquietante es que el fallo del tribunal seguramente tendrá un efecto en la Corte Penal Internacional, el tribunal hermano en La Haya que está considerando nuevas acusaciones de genocidio y crímenes de guerra contra Israel. Podría emitir órdenes contra más funcionarios además del primer ministro y el ministro de defensa.

¿Irreversible?

La opinión del viernes es independiente de la petición de Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia que alega que Israel está cometiendo o facilitando genocidio en Gaza. La apelación actual se realizó en diciembre de 2022 y, curiosamente, aunque es un caso diferente a la petición sudafricana, menciona a Gaza al menos 15 veces, en un documento redactado casi un año antes de que comenzara la guerra. También describe «un elevado número de bajas entre civiles palestinos… incluidos niños» y subraya que «la situación en Gaza es insostenible».

Cuando se hizo la remisión de la petición de dictamen, fue apoyada en la Asamblea General de la ONU por 87 países y con la oposición de 23, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. La pregunta básica que se le hizo al tribunal fue si la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Este –una realidad vigente desde junio de 1967, sin importar cómo se defina– es “temporal” o se ha convertido en una característica “permanente” que conduce a una anexión total o parcial.

En otras palabras, ¿constituyen los asentamientos israelíes –es decir, importantes transferencias de población desde el país ocupante o administrador al territorio ocupado en parte o en su totalidad, una presencia militar continua y un vasto trabajo de infraestructura– una ocupación irreversible?

Según el derecho internacional, una ocupación no es automáticamente ilegal si es temporal y las circunstancias que la llevaron pueden justificarse o explicarse adecuadamente. Esto se aplicó, por ejemplo, a la ocupación estadounidense de Japón y Alemania Occidental, y a la ocupación soviética de Alemania Oriental, después de la Segunda Guerra Mundial. La ley reconoce el contexto, las situaciones y las eventualidades posteriores a los conflictos en las que circunstancias específicas hacen que la ocupación temporal sea legal, o al menos “no ilegal”.

El derecho internacional distingue entre “ocupación beligerante provisional” y “adquisición territorial mediante invasión y anexión”, las cuales son ilegales según el derecho internacional. También distingue entre cesión, conquista y ocupación efectiva.

En la cesión, la soberanía se cede al ocupante. En cuanto a la conquista, la anexión directa y la adquisición de territorio por la fuerza se han vuelto ilegales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es la base de las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU que clasifican a Israel como ocupante. De hecho, la conquista ya fue mencionada en la Convención de La Haya de 1907.

La ocupación efectiva implica el control del territorio sin que ningún otro poder soberano reclame el territorio. Esto era parte de la argumentación de Israel que afirmaba que Jordania (que controlaba Cisjordania) y Egipto (que controlaba Gaza) no tenían ningún derecho soberano sobre esos territorios entre 1949 y 1967.

Una vez que un territorio está ocupado, tanto el Reglamento de La Haya como los Convenios de Ginebra establecen amplias obligaciones para una potencia ocupante.

Reglas de ocupación

Las reglas de ocupación tienen como objetivo impedir medidas que puedan conducir a la anexión, lo cual está estrictamente prohibido por el derecho internacional. La prohibición de la anexión mediante el uso o la amenaza de la fuerza surge del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas y ha sido reiterada en la Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados.

La esencia del argumento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia es empírica. Demográficamente, 650.000 israelíes viven en asentamientos al este de la Línea Verde, la línea del armisticio de 1949 que también se conoce como las fronteras del 4 de junio de 1967, en referencia al día anterior a la Guerra de los Seis Días. Esta presencia constituye una clara demostración de ocupación permanente.

De ahí las observaciones del tribunal sobre los acuerdos. Cincuenta y siete años de presencia militar ininterrumpida y expansiva, vastas inversiones en infraestructura y numerosas declaraciones de intenciones, ya sea de oposición a un Estado palestino o de intención de anexarse, difícilmente indican temporalidad. Ya en 2004, la Corte Internacional de Justicia decretó que la “valla de seguridad” –la barrera que Israel estaba construyendo en Cisjordania para separarse de las ciudades y pueblos palestinos– era una anexión efectiva de las áreas al oeste de la barrera junto a la frontera de 1967.

En los últimos 30 años, la línea de defensa legal de Israel cambió un poco desde el argumento de “no soberanía” hasta los Acuerdos de Oslo de 1993. Según Israel, los acuerdos demostraron que la ocupación estaba destinada a ser temporal en ausencia de un acuerdo diplomático. En virtud del establecimiento de la Autoridad Palestina, su soberanía sobre los centros de población palestinos en Cisjordania y Gaza y el compromiso mutuo con un futuro Estado palestino, Israel demostró que no tenía intenciones anexionistas.

Buena suerte si se espera que este argumento sea creible cuando lo defiende el actual gobierno extremista de Israel, pero ese sigue siendo el núcleo de la defensa legal de Israel.

Dejando de lado la naturaleza no vinculante del fallo del viernes y la falta de viabilidad política, el tribunal esencialmente armó a países, instituciones y corporaciones con una justificación razonada no sólo para amonestar a Israel, sino para castigarlo. Nadie cree que este fallo desencadene un cambio o un despertar político.

Pero las pontificaciones, condenas y burlas instintivas en Israel son igualmente inviables. El mundo entero puede estar equivocado, claro, pero ignorarlo no es una política ni una postura moral. Es la falta de ellos.