Vijay Prashad

Queridos amigos y amigas,

Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

El 16 de agosto de 2024, la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya creación en 1948 como institución de la Guerra Fría fue instigada por Estados Unidos, votó una resolución relativa a las elecciones presidenciales venezolanas. El contenido de la resolución propuesto por Estados Unidos pide a la autoridad electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que publique todos los detalles de las elecciones lo antes posible (incluidas las actas, o registros de votación, a nivel de colegio electoral local). Esta resolución le pide al CNE que vaya en contra de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) de Venezuela. Puesto que la ley no exige la publicación de estos materiales, hacerlo sería una violación del derecho público. Lo que sí indica la ley es que el CNE debe anunciar los resultados en 48 horas (artículo 146) y publicarlos dentro de 30 días (artículo 155) y que los datos de los centros de votación (como las actas) deben publicarse en forma tabulada (artículo 150).

Resulta irónico que la resolución se votara en la sala Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, DC. Simón Bolívar (1783-1830) liberó a Venezuela y los territorios vecinos del Imperio Español e impulsó un proceso de integración que fortaleciera la soberanía de la región. Por ello la República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a su legado en su nombre. Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1998, puso a Bolívar en el centro de la vida política del país, buscando profundizar este legado a través de iniciativas como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que continuaría el camino para establecer la soberanía en el país y en la región. En 1829, Bolívar escribió: “Los Estados Unidos parecen estar destinados por la Providencia para plagar la América [Latina] de miseria en nombre de la Libertad”. Esta miseria, en nuestro tiempo, se ejemplifica en el empeño de Estados Unidos por asfixiar a los países latinoamericanos mediante golpes militares o sanciones. En los últimos años, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela han estado en el epicentro de esta “plaga”. La resolución de la OEA es parte de esa asfixia.

Bolivia, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas no asistieron a la votación (tampoco Cuba, ya que fue expulsada por la OEA en 1962, lo que llevó a Fidel Castro a apodar a la organización como el “Ministerio de Colonias de Estados Unidos”, ni Nicaragua, que abandonó la OEA en 2023). El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO), describió por qué su país decidió no presentarse a la reunión de la OEA y su desacuerdo con la resolución propuesta por Estados Unidos, citando el  artículo 89, inciso X de la Constitución mexicana (1917), que establece que quien ocupe la presidencia de México debe apegarse a los principios de “no intervención; solución pacífica de controversias; [y] proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales”. Para ello, AMLO dijo que México esperará a que la “autoridad competente del país” resuelva cualquier desacuerdo. En el caso de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia es la autoridad competente, aunque ello no ha impedido que la oposición rechace su legitimidad. Esta oposición, que hemos caracterizado como extrema derecha actual, está empeñada en utilizar cualquier recurso –incluida la intervención militar estadounidense– para derrocar el proceso bolivariano. La postura razonable de AMLO va en el sentido de la Carta de las Naciones Unidas (1945).

Muchos países con gobiernos aparentemente de centroizquierda o de izquierda se unieron a Estados Unidos para votar a favor de esta resolución de la OEA, entre ellos Brasil, Chile y Colombia. Chile, a pesar de tener un presidente que admira a Salvador Allende (ex presidente asesinado en un golpe impuesto por EE.UU. en 1973), ha mostrado una orientación de política exterior en muchos temas (incluyendo Venezuela y Ucrania) que se alinea con el Departamento de Estado de EE.UU.. Desde 2016, por invitación del gobierno chileno, el país acogió a casi medio millón de migrantes venezolanos, muchos de los cuales son indocumentados y enfrentan ahora la amenaza de expulsión ante un entorno cada vez más hostil en Chile. Pareciera como si el presidente, Gabriel Boric, quisiera ver cambios de la situación en Venezuela para poder ordenar el regreso de los venezolanos a su país de origen. Sin embargo, esta actitud cínica ante el entusiasmo de Chile por la política estadounidense sobre Venezuela no explica la situación de Brasil y Colombia.

Nuestro último dossier, Los avances del neofascismo y los desafíos de la izquierda en América Latina, analiza el panorama político actual en el continente, y comienza por cuestionar el supuesto que ha existido una segunda “marea rosa” o ciclo de gobiernos progresistas en América Latina. El primer ciclo, inaugurado con la elección en 1998 de Hugo Chávez en Venezuela y que llegó a su fin tras la crisis financiera de 2008 y la contraofensiva estadounidense contra el continente,“desafió frontalmente al imperialismo estadounidense avanzando en la integración latinoamericana y la soberanía geopolítica”. El segundo ciclo, definido por una orientación más de centroizquierda, “parece más frágil”. Esta fragilidad es emblemática de la situación de Brasil y Colombia, donde los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, no han podido ejercer su pleno control sobre las burocracias permanentes de las cancillerías. Ni el canciller de Brasil (Mauro Vieira), ni el de Colombia (Luis Gilberto Murillo) son hombres de izquierda, ni siquiera de centroizquierda. Ambos tienen estrechos vínculos con Estados Unidos como ex embajadores en ese país. Cabe reflexionar que todavía hay más de diez bases militares estadounidenses en Colombia, aunque esto no es razón suficiente para la fragilidad de este segundo ciclo.

En el dossier ofrecemos siete explicaciones de esta fragilidad:

1. La crisis financiera y ambiental mundial divide a los países de la región sobre el camino a seguir.
2. La reafirmación del control de Estados Unidos sobre los recursos naturales y laborales de la región, que había perdido como consecuencia de la primera ola progresista, en especial para desafiar lo que considera la entrada de China en los mercados latinoamericanos.
3. La creciente uberización de los mercados laborales ha creado unas condiciones de vida mucho más precarias para las y los trabajadores y ha afectado negativamente a la capacidad de la clase trabajadora para organizarse en masa. Esto ha provocado un importante retroceso de los derechos laborales y ha debilitado el poder de la clase trabajadora.
4. La reconfiguración del régimen de reproducción social con base en la desinversión pública en políticas de bienestar social, manteniendo la responsabilidad de los cuidados en la esfera privada, sobrecargando principalmente a las mujeres;
5. El crecimiento del poder militar de EE. UU. en la región como su principal instrumento de dominación frente al declive de su poder económico.
6. El hecho de que China se ha convertido en el principal socio comercial de América Latina, sin buscar desafiar frontalmente la agenda estadounidense para garantizar la hegemonía sobre el continente, y sin que los gobiernos de la región hayan tenido la capacidad de impulsar una agenda de soberanía aprovechando la influencia económica de China y las oportunidades que presenta.
7. La fragmentación de los gobiernos progresistas y el ascenso del neofascismo en las Américas, que impiden el crecimiento de una agenda progresista regional, incluidas políticas para la integración continental semejantes a las propuestas durante la primera ola progresista.

Estos factores, y otros, han debilitado la asertividad de estos gobiernos y su capacidad para poner en práctica el sueño bolivariano compartido de soberanía hemisférica y alianza.

Otro punto adicional, pero crucial, es que el equilibrio de fuerzas de clase en sociedades como Brasil y Colombia no favorece una política genuinamente antiimperialista. Celebradas elecciones, como las victorias de Lula y Petro en 2022, no se construyeron sobre una amplia base de apoyo de la clase trabajadora organizada que luego obligue a la sociedad a avanzar en una agenda genuinamente transformadora para el pueblo. Las coaliciones que triunfaron incluían fuerzas de centroderecha que siguen ejerciendo el poder social e impiden que estos líderes, independientemente de sus impecables credenciales, ejerzan libremente la gobernanza. La debilidad de estos gobiernos es uno de los elementos que permite el crecimiento de la extrema derecha actual.

Como argumentamos en el dossier, “La dificultad de construir un proyecto político de izquierda que pueda superar los problemas cotidianos del pueblo desvinculó a muchos de estos proyectos electorales progresistas de las necesidades de las masas”. La clase trabajadora, atrapada en ocupaciones precarias, necesita inversiones productivas masivas (impulsadas por el Estado), basadas en el ejercicio de la soberanía sobre cada país y sobre el conjunto de la región. El hecho que varios países de la región se alinearan con EE.UU. para vulnerar la soberanía de Venezuela demuestra que estos frágiles proyectos electorales poseen poca capacidad para defender su soberanía.

En su poema Quo vadis, la poetisa mexicana Carmen Boullosa reflexiona sobre la naturaleza problemática de jurar lealtad a la agenda del gobierno estadounidense. “Las balas que vuelan no tienen convicciones”, escribe. Estos gobiernos “progresistas” no tienen convicciones respecto a las operaciones de cambio de régimen o los esfuerzos de desestabilización en otros países de la región. Se debe esperar mucho de ellos, pero al mismo tiempo demasiada decepción es injustificable.

Cordialmente,

Vijay

Instituto Tricontinental de Investigación Social