Un proyecto de plan de acción perpetuaría un régimen de inversión internacional que otorga a las corporaciones un poder excesivo para socavar las regulaciones de interés público.

Las Naciones Unidas recibirán a los líderes mundiales el 22 y 23 de septiembre para una “Cumbre del Futuro”. Lamentablemente, el borrador del plan de acción para la cumbre, si bien está lleno de lenguaje altivo y algunas buenas intenciones, no cuestiona el modelo neoliberal ni el control corporativo de la economía global.

Por el contrario, propone, por ejemplo, “facilitar el acceso de los países en desarrollo a la OMC y promover la liberalización del comercio y la inversión”.

Es asombroso que este plan, que se supone que servirá de base para un acuerdo intergubernamental, esté tan anclado en el pasado. Desde hace décadas, los movimientos sociales y los funcionarios electos de muchos países se han opuesto cada vez más a las normas sobre comercio e inversión que otorgan enormes privilegios y poder a las empresas transnacionales.

En muchos sentidos, estas viejas reglas contradicen directamente el objetivo general de la cumbre de la ONU de crear “un mundo que sea seguro, sostenible, pacífico, inclusivo, justo, igualitario, ordenado y resiliente”.

También se burlan del compromiso declarado de la cumbre con el principio de la Carta de las Naciones Unidas de “pleno respeto a la igualdad soberana de todos los Estados miembros” y el principio de “igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos”.

Basta con observar cómo las industrias extractivas de recursos naturales han utilizado el actual sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) para socavar la soberanía y la sostenibilidad nacionales y fomentar conflictos. El sector minero, en particular, ha utilizado este sistema, aplicado a través de casi 3.000 tratados, para demandar a los gobiernos en tribunales supranacionales, eludiendo los sistemas jurídicos nacionales.

La gran mayoría de las demandas en el marco del ISDS se dirigen contra países del llamado “sur global”, y la mayoría de las demandas están dirigidas a países latinoamericanos. El ISDS permite a las corporaciones reprimir la oposición de las comunidades locales e indígenas que luchan por sus derechos territoriales y ambientales. Cuando los gobiernos responden a favor de las comunidades que se resisten a los proyectos mineros, las empresas suelen utilizar estas demandas para chantajear a los gobiernos para que den marcha atrás y concedan permisos para proyectos ambientalmente destructivos o paguen una “compensación” por la pérdida de las ganancias corporativas esperadas.

Los tratados de inversión incluyen incluso cláusulas de “plena protección y seguridad” que otorgan a las empresas el derecho a exigir que los gobiernos repriman a las comunidades que se oponen a sus proyectos mineros. En Guatemala, por ejemplo, la empresa minera con sede en Nevada afirma que el gobierno no facilitó el acceso a un yacimiento minero bloqueado por manifestantes indígenas, y ha demandado al país por más de 400 millones de dólares.

El aumento de la demanda de minerales para las transiciones energéticas eufemísticamente denominadas “verdes” significa que los gobiernos correrán un mayor riesgo de enfrentarse a demandas multimillonarias, ya que estos procesos están generando reacciones sociales en todo el mundo. El Transnational Institute, el Institute for Policy Studies y otras organizaciones publicaron recientemente información extensa sobre demandas de empresas mineras (y otras) contra gobiernos en un sitio “ISDS-Tracker”.

Panamá se enfrenta a un ejemplo particularmente escandaloso de estas demandas ISDS. El pueblo de este país se ha levantado contra la empresa minera canadiense First Quantum y en noviembre de 2023 logró que la Corte Suprema de Panamá declarara inconstitucional la renovación de la licencia minera de cobre de la empresa. Esto llevó a la Asamblea Nacional panameña a aprobar una ley de moratoria minera.

Según informes, First Quantum ha demandado a Panamá por la suma impagable de 30 mil millones de dólares en la Cámara de Comercio Internacional de París, y ha amenazado con otro arbitraje de 20 mil millones de dólares bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá.

Otras transnacionales mineras afectadas por la cancelación de licencias han seguido el ejemplo de First Quantum y, en total, Panamá enfrenta demandas ISDS por al menos 57.000 millones de dólares, equivalentes a más de la mitad de su PIB.

Como demostramos en nuestro reciente informe “ISDS: Un retrato del poder transnacional en México, el régimen de protección a las inversiones y sus consecuencias”, México enfrenta demandas por un total de al menos 13 mil millones de dólares, de los cuales más de la mitad están relacionados con la minería. Esta cifra es parcial, pues corresponde únicamente a las demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que publica información sobre las mismas. Por otro lado, la Cámara de Comercio Internacional, donde Panamá ha sido demandada, y otros tribunales supranacionales no publican información sobre los casos.

El sistema ISDS ha sido desmantelado en algunos países ricos. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá lo eliminaron entre ellos en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. La Unión Europea lo eliminó entre sus estados miembros y está abandonando el Tratado sobre la Carta de la Energía, que también permitía estas demandas entre inversionistas y Estados.

Si los líderes mundiales que asistirán a la Cumbre de las Naciones Unidas el 22 y 23 de septiembre quieren realmente proteger el futuro de la humanidad y del planeta, deberían desmantelar este sistema de inversión antidemocrático (ISDS) para todos los países.