A medida que la crisis energética se agrava en el Viejo Continente, las grietas de la unidad europea, antes poco visibles, empiezan a aparecer a plena luz del día. Acaba de surgir una nueva manzana de la discordia: el gigantesco paquete de subvenciones anunciado por Alemania -200.000 millones de euros- para proteger su economía amenazada por la recesión debido a la subida de los precios de la electricidad.

Es pura competencia desleal. Mario Draghi ha criticado abiertamente el apoyo del gobierno de Olaf Scholz a las empresas privadas. “No podemos dividirnos en función del margen de maniobra de nuestros presupuestos nacionales”, dijo el Primer Ministro italiano en funciones.

Al pedir que se “eviten las distorsiones peligrosas e injustificadas del mercado interior”, Draghi puso de relieve un problema que aumentará en los próximos meses. Los países más ricos y menos endeudados, como Alemania, disponen de más recursos que los Estados de Europa Central y Oriental, o los países sobreendeudados, como Italia, Grecia y España.

Thierry Breton también ha afirmado que el plan alemán debería “examinarse en detalle” y evaluar su “impacto en la igualdad de condiciones en el mercado interior”. El Comisario Europeo de Mercado Interior pidió que el apoyo a las empresas “se haga de forma muy transparente, en consulta y con coherencia europea”.

El anuncio alemán se produjo en vísperas de una reunión de los ministros europeos de Energía, cuando Berlín está bloqueando una de las medidas clave defendidas por otros gobiernos europeos: la introducción de un precio máximo para el gas. El gobierno de Scholz teme que ese tope provoque una escasez de gas. Sobre todo porque uno de cada diez fabricantes alemanes ya ha reducido su producción debido a los precios de la energía.

Esta batalla interna entre los europeos ensombrece el futuro de la Unión. El viernes los Veintisiete acordaron medidas sin precedentes que habrían sido inimaginables hace sólo unas semanas: cada Estado miembro tendrá que tomar medidas para reducir su consumo de electricidad en un 5 por cien en las horas punta entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo. Los Estados miembro también tendrán que recuperar parte de los beneficios excesivos obtenidos por algunos productores de electricidad de bajo coste (nuclear, carbón, renovables).

Los beneficios generados cuando la electricidad se venda a más de 180 euros por megavatio-hora entre el 1 de diciembre y el 30 de junio tendrán que ser confiscados para financiar medidas de apoyo a los consumidores, como la congelación de los precios al por menor.

La tercera medida es que los Veintisiete tendrán que gravar a las empresas petroleras por sus actividades de producción y refinado de petróleo en Europa. Se aplicará un tipo mínimo del 33 por cien a los beneficios de este año, considerados excesivos (beneficios un 20 por cien superiores a la media de los últimos cuatro años).

Los cálculos que se manejan en Bruselas son que los gravámenes a los productores de electricidad y a las compañías petroleras permitirán recaudar 140.000 millones de euros, lo que equivale a un 1 por cien del PIB de la Unión Europea. Ese dinero debería ayudar a los países a financiar medidas de crisis como la congelación de las tarifas del gas y la electricidad.

Es el cuento de le lechera. No van a recaudar tanto dinero, pero aunque lo lograran, no sería suficiente. La factura energética del Viejo Continente es del orden del 6 por cien del PIB en los próximos dos años.