Fuente: Umoya num. 97 4º trimestre 2019 Cristina Reyes Miguel
La venta en la calle es una práctica que se ha llevado a cabo a lo largo de toda la historia. En la actualidad, los conocidos como ‘manteros’ son habituales en muchas ciudades del país como Madrid, Sevilla, Barcelona o Valencia. Se concentran generalmente más en zonas turísticas, por los que algunos comerciantes han expuesto una serie de quejas ante las autoridades.
El pasado mes de julio en Barcelona se desató una gran polémica que giraba en torno a los manteros. Se defendía un despliegue de las fuerzas de seguridad para acabar con el top manta. Sin embargo, si profundizamos un poco en el tema y analizamos los números y datos expuestos, llegamos a la conclusión de que los manteros no provocan los millones en pérdidas al comercio local de la ciudad, tal y como se está informando en reconocidos medios de comunicación.
El top manta se ha empezado a tratar como un asunto de seguridad ciudadana, lo que provoca, indirectamente, un discurso que valida posturas racistas y que, además, fomenta la xenofobia. El patrullaje policial que intenta erradicar el top manta consigue criminalizar y estigmatizar a las personas racializadas, lo cual no es algo nuevo, y es aquí donde se sostienen las bases del racismo. Un ejemplo de que es sencillo perseguir a los más vulnerables y no meterse y alterar los asuntos de poderosos empresarios. Pero ¿intentar sobrevivir se considera un delito? En el contexto actual, dominado por el incremento de las desigualdades sociales, aceptar estas posturas es una práctica peligrosa.
“En mi país, cuando los europeos llegan, solo traen sus pasaportes para conseguir cualquier trabajo. Yo entendía que sería lo mismo para mí también”, indica Aziz Faye, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, en el reportaje La voz de los top. Aziz llegó a España en 2007 en cayuco, tras haber sido deportado a Senegal en dos intentos anteriores. Desembarcó en Tenerife, y más tarde se dirigió a Madrid. De ahí se le presentó la oportunidad de salir y llegar a Barcelona. “Cuando llegué a Barcelona con unos compañeros de Gambia, recibimos la información de que teníamos que estar en España durante tres años para recibir los documentos. Sin documentos, el único trabajo que puedes hacer es un trabajo negro o estar sin trabajo. Me planteé, si no tengo trabajo, tengo que hacer algo. Así que busqué trabajo sin papeles durante ocho meses. Pero, tras una mala experiencia como peón, empecé a salir a la calle y a conocer a senegaleses que me empezaron a ayudar, a dar más ideas. Con sus orientaciones, me dijeron que la única salida que podía hacer para tener una vida digna es la venta ambulante”, explica en una entrevista para La Zurda.
Desde el continente africano llegan a España personas que encuentran enormes dificultades para conseguir un trabajo. Exponen que, tras tres años de adaptación, ya pueden empezar los trámites para regular su situación y conseguir el arraigo. Sin embargo, en algunas ocasiones, aunque tengan el pasaporte en regla, se presentan enormes dificultades tras las que estas personas se ven confinadas en los CIES y, finalmente, son deportadas de nuevo a sus países de origen. En un sistema en el que se pide conseguir unos documentos para poder vivir en dicho territorio, resulta que cuando una persona se ha esforzado para conseguirlo y ha recopilado toda la documentación necesaria, aún puede ser expulsada del país.
No estamos hablando de personas que han hecho daño a otras, ni de ladrones, ni de delincuentes. Hablamos de personas que vienen de sus países a buscarse la vida y acaban viviendo una persecución.
Los manteros compran los bolsos o las camisetas en los mismos lugares donde se encuentran los españoles que tienen tiendas. Todo lo compran legalmente, ponen esos productos en una manta y los venden. Los comerciantes lo venden en su tienda pagando impuestos, pero ¿por qué el mantero no paga impuestos? Este es un problema que tiene su origen en la propia Ley de Extranjería ya que los manteros no son considerados como personas legales y no se les reconocen sus derechos como a cualquier persona que vive en la ciudad. Quieren hacer las cosas de manera legal pero, ¿han abierto los gobiernos alguna vía para que puedan pagar impuestos y poder trabajar legalmente?
Se argumenta que el top manta realiza una competencia desleal con el pequeño comercio. Algo que no reflejan los datos. Los datos indican que quien está realmente perjudicándolo son las grandes superficies y la venta online de plataformas como Amazon, son ellas las que contribuyen de una manera más marcada a terminar con el comercio local de cercanía.
La criminalización de los manteros ha originado una respuesta del colectivo, que se ha organizado de manera independiente y ha creado sindicatos propios con el fin de reivindicar sus derechos y formar una marca bajo la que poder comercializar sus productos. ¿Realmente podemos pensar que los dispositivos policiales solucionarán la criminalización de los manteros? Hablamos de derecho a la vivienda, derecho al empleo, derecho a tener papeles. Hablamos de Derechos Humanos.
Desde estos sindicatos reclaman que se les mire como personas. Los manteros que salen de sus países lo hacen por unas situaciones injustas que se han generado desde Europa. Esa persona, cuando llega aquí, necesita acogida y seguridad, no una mirada que le recuerde constantemente que viene de lejos y le diga que no es nada ni nadie. Necesita actitudes que le ofrezcan humanidad y seguridad para poder vivir.