Agricultores de Francia, Bélgica, Alemania, Polonia, Países Bajos, Rumania, España, Italia y otros países bloquean carreteras, invaden supermercados y locales de las trasnacionales del procesamiento y distribución de alimentos. En Francia, claman ¡que París se muera de hambre! y amenazan con cerrar todos los accesos a Rungis, el vientre de Francia, el mayor mercado de abastos de Europa.

Los principales detonadores de la cólera de los productores son: el endeudamiento de los productores, la presión de las grandes cadenas comerciales y los gigantes agroalimentarios; el cambio climático que causa severas sequías o inundaciones. Denuncian que tienen que competir con el extranjero en productos baratos, dependientes de un sistema de subsidios que favorece a las grandes explotaciones. La guerra Rusia-Ucrania los ha perjudicado, pues con la abolición de los derechos de aduana y la creación de corredores de solidaridad decididos por la Unión Europea (léase la OTAN), los productos agrícolas ucranios han inundado Europa Oriental, causando una caída de precios que afecta a todo el continente. A la caída del ingreso de los productores contribuyen también el aumento de los costos de la energía, los agroquímicos, las semillas, el agua.

Los productores de todo tipo se quejan de la enorme burocracia que tienen que recorrer para recibir subvenciones dentro de la política agrícola común de la Unión Europea. Los productores cerealeros, forrajeros y ganaderos arremeten contra las medidas oficiales para ralentizar el cambio climático, la prohibición de agroquímicos como el glifosato, en contraste con los productos importados que utilizan dichos agrotóxicos y semillas genéticamente modificadas.

Por eso los agricultores de grandes extensiones, que siempre buscan aumentar la superficie de sus explotaciones para recibir los apoyos de la política agrícola común, muestran un claro rechazo a abandonar los pesticidas para no perder la competitividad.

Por el contrario, los pequeños productores que, sobre todo en Francia, se han orientado a la agricultura bio, producción de alimentos orgánicos, aunque no han sido tan tocados por el libre comercio, también han visto elevarse sus costos de producción y denuncian que el gobierno de derecha liberal en Francia ha disminuido a la mitad el apoyo a la agricultura ecológica. Convergen con los demás en la demanda fundamental: restablecer el ingreso de los productores, malherido por las alzas en los costos de producción, la competencia impulsada por el libre comercio y la baja de las subvenciones estatales y europeas.

La cólera de los productores ha hecho dar traspiés a los gobiernos. Macron, en Francia, ha rebautizado al Ministerio de Agricultura agregándole y Soberanía Alimentaria, justo cuando el nombre resulta más vacío que nunca. Trata de hacer valer las Leyes Egalim que, grosso modo, prohíben que los productos del campo sean vendidos por debajo del costo de producción. Sin embargo, las grandes procesadoras de lácteos, como Lactalis, Nestlé y Danone, y las tres grandes cadenas de distribución, Leclerc, Hipermarché y Carrefour ahora tienen sus centros de compra fuera de Francia para comprar ahí productos franceses y evadir las citadas leyes. El novel Primer Ministro Gabriel Attal, para apagar la ira rural promete detener el programa de reducción de agroquímicos, de mejorar el ingreso de los productores y bajar el precio a los consumidores finales… sin tocar a los gigantes agroalimentarios, mimados siempre por el macronismo.

Los partidos políticos buscan aprovechar las movilizaciones. Destacan aquí los de extrema derecha, como el de Marine Le Pen o el de la premier italiana. Para ellos las elecciones europeas de abril son la oportunidad de cooptar el movimiento de los agricultores con una agenda regresiva: plantear una especie de Agrexit, contra la Unión Europea, detener o abandonar totalmente la agenda para contrarrestar el cambio climático.

Sin embargo, organizaciones de base, como la Confederation Paysanne de Francia, insisten: el principal motor de la movilización es la remuneración indigna a los productores, sujetos a un sistema económico neoliberal inequitativo. Reiteran la urgencia de prohibir las compras por debajo de los costos de producción. Ponen en cuestión los tratados de libre comercio y rechazan que se pacte con el Mercosur. No están dispuestos a tolerar que se vuelva a recurrir masivamente a los pesticidas y que se promuevan los transgénicos, que se olvide el cuidado del agua y no se apoye a los productores que promueven la transición ecológica.

Las presiones de los cárteles agroalimentarios y de las agroquímicas por expandir sus ganancias ; las demandas de los agricultores de grandes extensiones por ser rentables ante la competencia librecambista, aún teniendo costos ambientales; la resistencia de los agricultores campesinos por un ingreso digno y por la auténtica soberanía alimentaria; la demanda de los consumidores por alimentos saludables a precios asequibles; la urgencia de los gobiernos y de los partidos para aumentar sus bases; todo este juego de fuerzas ha puesto en crisis la globalización agroalimentaria neoliberal. Lo que aún no sabemos es cuál será la salida.