Mientras los estados europeos han anunciado que podrían reconocer un Estado palestino como un esfuerzo cínico para aplacar la creciente repulsión popular ante el genocidio en Gaza, el gobierno fascista del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya ha asegurado la imposibilidad de establecer dicho Estado.

Tras casi dos años de guerra, Gaza yace en ruinas, su población se muere de hambre, e Israel se prepara para la invasión y anexión del enclave. Menos reportado ha sido que la anexión de Cisjordania —ocupada ilegalmente junto con Jerusalén oriental, Gaza y los Altos del Golán sirios desde la guerra árabe-israelí de 1967— está casi completa.

Netanyahu y su partido Likud, herederos políticos del Partido Revisionista de Jabotinsky —que insistía en el derecho soberano judío sobre toda la “Tierra de Israel”, incluyendo el Mandato de Palestina y Transjordania (hoy Jordania)— se opusieron a los Acuerdos de Oslo de 1993, que se suponía darían lugar a la creación de un Estado palestino y otro israelí.

Comprometido con una política del “Gran Israel”, él y sus aliados respaldaron la ocupación israelí de Cisjordania, Jerusalén oriental y Gaza, así como la expansión de los asentamientos sionistas. En octubre de 1995, habló en mítines de la derecha que clamaban por la sangre del primer ministro Yitzhak Rabin, uno de los firmantes de los Acuerdos. Semanas después, Rabin fue asesinado. Durante su primer mandato como primer ministro, entre 1996 y 1999, Netanyahu obstaculizó las negociaciones iniciadas por el gobierno anterior y retrasó o se negó a implementar las disposiciones de los acuerdos firmados.

Unos diez años después, Netanyahu se opuso a la Ley de Desconexión del primer ministro Ariel Sharon que autorizaba la retirada de Gaza en 2005 y renunció a su gabinete. Sharon había calculado que Gaza sería más fácil de controlar sin la presencia de los asentamientos. La retirada fue profundamente impopular entre los ultranacionalistas y alimentó el crecimiento del movimiento de colonos de ultraderecha.

Tras la sorpresiva victoria electoral de Hamás en enero de 2006, motivada por el rechazo a Fatah y al papel de la Autoridad Palestina (AP) como subcontratista de Israel, y un intento de golpe de Estado por parte de Fatah en mayo de 2006, Hamás asumió el control de la Franja de Gaza.

Israel, que etiqueta a Hamás como organización terrorista, impuso un bloqueo al enclave, convirtiendo Gaza en una prisión al aire libre. Periódicamente “poda el césped” mediante invasiones terrestres y campañas de bombardeo masivo cuyo objetivo era reprimir a los palestinos, dejando decenas de miles de muertos.

El apoyo de Netanyahu a Hamás como contrapeso a la Autoridad Palestina

Netanyahu, primer ministro durante casi todo el período desde 2009, hizo todo lo posible por sabotear cualquier posibilidad de formar un Estado palestino, exacerbando las tensiones entre la AP de Mahmoud Abbas en Cisjordania y Hamás en Gaza. En 2012, le dijo al periodista israelí Dan Margalit que era importante mantener fuerte a Hamás porque servía como contrapeso a la AP.

Recurría a Qatar para financiar las operaciones de Hamás en Gaza, como parte de su estrategia de “comprar calma”, con el petroestado enviando presuntamente 30 millones de dólares por mes para operar plantas eléctricas, brindar asistencia social y respaldar al gobierno local.

El Jerusalem Post citó a Netanyahu diciendo en 2019: “Quien esté en contra de un Estado palestino, debe apoyar la transferencia de fondos a Gaza, porque mantener separadas a la AP en Cisjordania y Hamás en Gaza ayuda a impedir el establecimiento de un Estado palestino”. También ofreció permisos diarios de trabajo a palestinos de Gaza para laborar en Israel donde los salarios son más altos, incrementando el número diario de 3.000 en 2021 a 20.000 en 2023.

En diciembre de 2023, en una rueda de prensa, se jactó: “Estoy orgulloso de haber impedido el establecimiento de un Estado palestino”. Añadió: “Tanto ustedes como sus amigos periodistas me han culpado durante casi 30 años de frenar los Acuerdos de Oslo y de impedir el Estado palestino. Y es cierto”.

Ha rechazado de plano la posibilidad de que Hamás o la AP gobiernen Gaza después de la guerra, alegando que cualquiera de los dos escenarios sería “una recompensa” por el 7 de octubre.

Netanyahu recurre a fuerzas fascistizantes para dominar Cisjordania

Desde su regreso al poder en diciembre de 2022, con la ayuda del Partido Sionista Religioso ultra nacionalista y el ultrateocrático Poder Judío tras año y medio en la oposición, Netanyahu ha completado de facto el proceso de anexión de Cisjordania.

Netanyahu otorgó al líder del Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, tanto el Ministerio de Finanzas como el control de la Administración de Asentamientos dentro del Ministerio de Defensa, dándole así control de facto sobre Cisjordania. Itamar Ben-Gvir, líder de Poder Judío, asumió el Ministerio del Interior.

El gobierno legalizó retroactivamente diez asentamientos y permitió a colonos regresar a tierras privadas palestinas en el norte de Cisjordania, prohibidas por la Ley de Desconexión de 2005. Tomó control de sitios arqueológicos en toda Cisjordania y asignó fondos para convertir Sebastia en un atractivo turístico bíblico, encargando a los colonos la “preservación del patrimonio” y otorgándoles una fuente adicional de ingresos.

Smotrich asignó casi 1.000 millones de dólares para infraestructura vial, incluyendo una carretera segregada apodada la “carretera del apartheid” para desviar el tráfico palestino de las zonas de asentamientos. También destinó 70 millones de dólares para asentamientos ilegales y desarrolló planes para una zona industrial y expansión de asentamientos. Aprobó el mayor número de unidades habitacionales en Cisjordania desde 1993, mientras congelaba 80 millones de dólares destinados a municipios árabes en Israel y fondos educativos en Jerusalén oriental.

La anexión de Cisjordania bajo la cobertura del genocidio en Gaza

El gobierno aprovechó la ofensiva palestina del 7 de octubre de 2023, resultado de múltiples provocaciones israelíes, para lanzar una guerra total bajo el pretexto de una “crisis existencial” y de la “seguridad nacional” de Israel.

Smotrich buscó equiparar a la AP de Abbas en Cisjordania con Hamás, calificando prácticamente todas sus actividades de “hostiles” para justificar la retención de los ingresos fiscales clave para su funcionamiento, imponer sanciones y extender las facultades de Israel más allá del Área C. Según los Acuerdos de Oslo, el Área C (60 por ciento de Cisjordania, donde vive el 10 por ciento de los palestinos) está bajo control militar israelí completo; el Área A (18 por ciento) bajo control palestino completo; y el Área B (22 por ciento) bajo control conjunto.

Smotrich afirmó: “Debemos entender que no hay gran diferencia entre Hamás y la Autoridad Palestina. Los árabes son los mismos árabes y la tierra es la misma tierra. El mar al que quieren arrojarnos es el mismo mar”.

Mientras recortaba el gasto público para financiar la guerra, Smotrich aprobó otros 105 millones de dólares para los asentamientos en Cisjordania con fines “de seguridad”, 20 millones fueron directamente a asentamientos ilegales, y presentó legislación para aumentar su financiamiento.

Ben-Gvir armó grupos de vigilantes y las bandas de colonos violentos se convirtieron, de facto, en un brazo más del Estado, cometiendo ataques cotidianos contra los palestinos para expulsarlos de sus tierras, con la total protección —cuando no complicidad activa— de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

La ONU ha documentado más de 1.400 ataques de colonos contra comunidades palestinas desde octubre de 2023 y 76 millones de dólares en daños agrícolas directos durante el primer año de la guerra. Según la ONG israelí Paz Ahora, ya existen 134 asentamientos ilegales y 136 granjas en territorio palestino.

La semana pasada, el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó que el gobierno había aprobado la construcción de 22 nuevos asentamientos, incluyendo nuevas comunidades y la legalización de varios ya existentes, con el objetivo declarado de “impedir la creación de un Estado palestino que ponga en peligro a Israel”. Esto se suma a los 450.000 colonos en Cisjordania, 220.000 en Jerusalén oriental y más de 100.000 en tierra palestina del lado israelí de la infame “barrera de separación” de Sharon. Smotrich celebró el anuncio diciendo: “¡El próximo paso: soberanía!”

El gobierno impidió que los 150.000 palestinos —el 22 por ciento de la fuerza laboral palestina— trabajaran en empleos israelíes, particularmente en agricultura y construcción tanto dentro de Israel como en los asentamientos. Las FDI instalaron cientos de retenes, provocando demoras de horas; realizaron campañas de cateos y arrestos masivos; demolieron 1.400 viviendas y desplazaron a por lo menos 42.000 palestinos de campamentos de refugiados en Tulkarem y Yenín. Según cifras del gobierno palestino, al menos 1.012 personas han sido asesinadas desde el inicio de la guerra en Gaza, incluidos 196 niños, y casi 7.000 resultaron heridas en Cisjordania y Jerusalén oriental.

Las consecuencias económicas han sido devastadoras. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, las pérdidas totales en comercio e industria en Cisjordania ascienden a 1.300 millones de dólares. El desempleo alcanzó el 35 por ciento en 2024.

Según el informe reciente de la ONG contra la pobreza World Vision, titulado The Unseen Crisis (La crisis invisible), el 74 por ciento de las familias vive por debajo del nivel mínimo de vida, frente al 21 por ciento un año antes; el 70 por ciento de los niños salta comidas con frecuencia y el 9 por ciento ha abandonado la escuela. El número de familias que reportan que un miembro pasó un día entero sin comer aumentó un 950 por ciento desde 2022.

Estas condiciones han empujado a muchos a buscar trabajo ilegal en los asentamientos, enfrentando riesgos de súper explotación y arresto. Ben-Gvir ordenó a las prisiones reducir raciones de comida para los detenidos palestinos y empeorar sus condiciones. Más de 10.000 palestinos están encarcelados por Israel, incluidos unos 3.600 sin cargos ni juicio.

Smotrich ha iniciado una serie de nuevas regulaciones y presentado legislación ante la Knesset para su aprobación. Estas incluyen: la reclasificación de tierras no registradas en Cisjordania como propiedad del Estado israelí, permitiéndole apropiarse de vastas áreas; la aplicación de la ley civil israelí en Cisjordania, disolviendo de facto las fronteras reconocidas internacionalmente de Israel; permitir la compra directa de tierras por colonos sin aprobación militar; la expansión de los límites municipales de Jerusalén para incluir asentamientos aledaños; y la designación oficial de Cisjordania como Judea y Samaria.

En la práctica, Cisjordania está bajo control israelí total. Ha sido anexada, aunque no de nombre.

Abbas y la Autoridad Palestina

Nada de esto habría sido posible sin la complicidad de Abbas y la Autoridad Palestina, que posee la mayor fuerza policial per cápita del mundo. En vez de usarla para defender a los palestinos de los colonos violentos e incursiones militares, la AP ha reprimido cualquier forma de oposición a Israel.

Abbas repudió la incursión del 7 de octubre, afirmando que “las políticas y acciones de Hamás no representan al pueblo palestino”. Luego retiró su declaración, pero sus ataques contra Hamás continuaron.

En enero, cuando se anunció el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, Abbas declaró que la AP estaba lista para asumir la “responsabilidad total” en la Gaza de posguerra. Según el plan egipcio de 58.000 millones de dólares, la reconstrucción de Gaza se llevaría a cabo sin reubicar a los palestinos, a diferencia del plan de Donald Trump para crear una “Riviera del Medio Oriente” con base en su expulsión, y bajo administración “tecnocrática” de la Autoridad Palestina.

Abbas calificó a Hamás de “hijos de perros” en un discurso furioso donde exigió la liberación de los rehenes, el desarme del grupo y la entrega del control de Gaza para poner fin a la guerra con Israel.

Es esta situación la que llevó a miles de palestinos a las calles por primera vez la semana pasada en acciones coordinadas por toda Cisjordania contra la guerra en Gaza y en solidaridad con los presos palestinos. Una de las mayores manifestaciones tuvo lugar en Ramala. Los manifestantes portaban fotos de palestinos muertos o encarcelados por Israel, así como imágenes de la hambruna en Gaza. Tal es la ira popular que la AP se vio obligada a dar el día libre a los trabajadores del gobierno para que pudieran unirse a las protestas.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 4 de agosto de 2025)