La reforma de las pensiones impulsada por el PSOE y Podemos concede a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un papel fundamental como juez de la sostenibilidad del sistema de pensiones: en 2025, y a partir de ahí, cada tres años, deberá dictaminar si la evolución de los ingresos y de los gastos se ajusta a los parámetros que fija el decreto. Si no es así, se activará de forma automática la necesidad de «ajustes adicionales».

La AIReF, un organismo «no ideológico, pero sí técnico» creado bajo el mandato de Mariano Rajoy y a instancias de la Troika, es una institución que tiene como finalidad dar una apariencia «neutral» a las políticas de control de gasto y del déficit de las arcas públicas, que además «sugiere» y sirve como referencia a la hora de aplicar las medidas fiscales más gravosas (incremento de los impuestos indirectos, recortes jubilatorios o la reducción de la participación pública en la economía).

Se trata de un «grupo de expertos» que da una pátina «neutral» y «objetiva» a la necesidad de aplicar las medidas más drásticas que afectan al bolsillo de la clase trabajadora.

La reforma de las pensiones aprobada este año por el PSOE y Podemos ha delegado en esta agencia «independiente» la revisión de la estabilidad del sistema de pensiones, y concretamente es el organismo que informará al gobierno si las personas jubiladas pueden acceder o no a aumentos de las cuantías.

De esta forma, y de manera obligatoria a partir de marzo de 2025, la AIReF publicará su informe de evaluación cada tres años con las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el periodo 2022-2050 y calculará el impacto medio anual de estas medidas en porcentaje del PIB para este periodo, utilizando los mismos supuestos macroeconómicos y demográficos del último Informe de Envejecimiento publicado por la Comisión Europea. No obstante, antes de 2025, el organismo elaborará informes previos de «advertencia» cuando estime que la progresión hasta esa fecha tampoco permita la mentada «sostenibilidad».

Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15% del PIB.

Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es superior al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y 1,7%.

Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es inferior al 1,% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y 1,7%.

De acuerdo a estas reglas, todo apunta a que la AIReF propondrá en lo sucesivo un profundo recorte de las pensiones, en forma de no actualización de las cuantías, bajo la premisa de que el sistema no ha conseguido recaudar lo suficiente.

El consejo asesor de este organismo está conformado por tecnócratas asociados al sistema financiero, provenientes la mayoría de la Asociación Española de Economía, un lobby académico de corte liberal, heredero del Instituto de Estudios Fiscales del franquismo y que tiene como bandera la economía de mercado.

De hecho, el organismo no ha puesto ninguna objeción a que VidaCaixa (CaixaBank), Gestión de Previsión y Pensiones (BBVA), Caser Pensiones, Santander Pensiones e Ibercaja Pensión se hicieran el pasado mes de julio con la «gestión» de 500 millones de euros que el Estado les ha entregado para que proporcionen rentabilidad al sistema. Según la lógica de la reforma, estas grandes corporaciones podrán hacer la «magia» que el sistema público no puede hacer; y si les sale bien, podrán ampliar cuantías. Se trata de una privatización en toda regla.

En la retina quedan las experiencias similares de Margaret Tatcher, en Gran Bretaña, de Pinochet, en Chile o de Menem, en Argentina, que fueron un rotundo y costoso fracaso para millones de pensionistas.