¿Por qué el informe que suscriben se titula: ¿Quién vigila al vigilante?

Porque Frontex es ese brazo armado, militar, policial de las políticas migratorias de la Unión Europea, un actor clave, donde el paradigma que se plantea para esta gestión de fronteras es el securitario, no el humanitario, no es la defensa de los derechos humanos, ni el libre movimiento, ni el asilo, sino que son especialmente estos los derechos más vulnerados en espacios fronterizos, que se convierten en espacios de guerra. Esta gestión securitaria, que tiene que ver con más muros, más agentes de control, más vigilancia y más represión está llena de violaciones de derechos humanos, de impunidad, de corrupción y de opacidad y por eso planteamos la necesidad de vigilar a quien, supuestamente, vigila.

«De alguna manera se está legalizando e institucionalizando un sistema acelerado de deportación»

¿Qué ha hecho la Agencia Frontex en estos 20 años de existencia?

Lo que ha hecho Frontex en estos 20 años tiene que ver con un aumento de esta perspectiva de securitización y militarización de fronteras, disminuyendo la mirada humanitaria y de derechos y libertades, convirtiendo a las personas migrantes en una amenaza y con ello hegemoniza un modelo único para abordar la gestión de los flujos migratorios. En estos 20 años ha crecido en presupuesto (el presupuesto para las operaciones de retorno de la agencia europea pasó de 80.000€ en 2005 a más de 69 millones en 2020), han crecido en funciones, en efectivos, en operaciones, en autonomía para tomar decisiones y en un mayor ejercicio de violencia y violación de derechos humanos. De alguna manera se está legalizando e institucionalizando un sistema acelerado de deportación.

Frontex vigila e intercepta a través de la contención y la coerción y para ello tienen autorizado el uso de la fuerza y bloquean el acceso a la Unión Europea desplegando barcos, aviones, drones, radares. Frontex es la externalización de las fronteras. En estos 20 años ha subcontratado a otros gobiernos y ha convertido a otros países en puntos fronterizos de la UE, formando, entrenando a las fuerzas de seguridad y del orden, donando material, entregando dinero desviado de los recursos de la ayuda al desarrollo de estos países. Frontex participa en operaciones militares de la OTAN, Frontex recopila, intercambia, guarda y pasa información de las personas migrantes como sus datos biográficos o biométricos. Una cosa que es también muy escandalosa es que Frontex puede operar en un territorio de la Unión Europea sin su consentimiento. Por eso en estos 20 años tras su creación, y en este largo historial de polémicas y violación de derechos humanos, es importante plantear que no rescata, no evita muertes, no protege, no respeta ni garantiza, ni guarda los derechos humanos y no combate a las mafias, pero lo que sí hace es perpetuar el proyecto neocolonial de la UE en África, sí aumenta el negocio de fronteras y el negocio de las armas, revitaliza a las mafias y refuerza ese imaginario securitario, anulando la capacidad de gestión de las políticas migratorias de los estados de la UE.

El caso de la acogida de personas que huían de Ucrania, que nosotras consideramos en el informe que ha sido ejemplar y excepcional , es un ejemplo de que se puede garantizar la acogida, la dignidad y los derechos humanos

¿Qué alternativas tienen los estados al uso que hacen hoy de Frontex?

Los estados de la UE no tienen apenas margen en la gestión de las políticas migratorias. Cada vez están más lejos de la posibilidad de esas decisiones democráticas y como antes planteaba Frontex puede operar en los estados de la UE sin su consentimiento, solo con que se apruebe por parte del Parlamento Europeo. Por lo tanto, estamos planteando esta gestión de las fronteras también como una gestión de excepcionalidad democrática. Estas funciones ampliadas con este objetivo de homogeneizar y reforzar el sistema de deportación de la UE en logística y en cooperación de Estado hace que se esté institucionalizando este sistema acelerado integral de retorno de la UE, aunque se han dado casos de acciones legales contra la actividad de la Agencia; de el 2019 a 2021, dos comunicaciones ante la Corte Penal Internacional para que la Fiscalía investigue posibles crímenes contra la Humanidad de la UE y en el 2021 ante el TJUE por ataques a la población refugiada y su incapacidad de cumplir derechos, especialmente el de retornos ilegales y el tema del asilo. En general, lo que se plantea es que las víctimas continúan sin ser reparadas, ni reconocidas estas vulneraciones. El caso de la acogida de personas que huían de Ucrania, que nosotras consideramos en el informe que ha sido ejemplar y excepcional , es un ejemplo de que se puede garantizar la acogida, la dignidad y los derechos humanos.

¿Por qué los estados han dejado una cuestión de derechos humanos en manos de Frontex?

Porque los estados no quieren asumir su necropolítica, que convierte las fronteras en espacios de guerra y de excepcionalidad democrática, espacios de violencia. Delegan toda su actividad más mortífera a cargo de una agencia armada como Frontex. Ningún estado quiere tener en su saldo, en su cuenta, el número de muertes, de violación de derechos, de restricción de libertades, de una manera pública y por eso lo ocultan a través de esta agencia.

En el estado español, todo pasa por derogar la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana y crear un marco normativo contra el racismo y todas las formas de discriminación

¿Quién se beneficia de lo que pasa en las fronteras?

Con esta manera de aplicar las políticas en frontera aumenta el negocio de la industria securitaria y de las armas y, por supuesto, hay una revitalización de las mafias, generando en consecuencia racismo y xenofobia desde ese racismo institucional que elige pagar la seguridad fronteriza desviando estos recursos de la posibilidad de otras inversiones. Es un nicho de mercado, la frontera como un negocio millonario donde siete de cada diez euros son públicos y se derrochan millones y millones de euros en manos de muy pocas empresas vinculadas al negocio de la guerra. Empresas como Indra, Dragados, Ferrovial, General Atomic, que por una parte son las que obligan a las personas a una huida de sus territorios de origen por el expolio, el saqueo, las guerras, las desigualdades, y por otra, ese mismo negocio de las bombas y de las guerras es el negocio de los dispositivos de seguridad de fronteras.

¿Qué reivindican ustedes de forma inmediata?

Denunciar y reconocer que Frontex y estas políticas migratorias son un auténtico fracaso porque no se puede contener la movilidad humana, por tanto pedimos un cambio de enfoque de políticas migratorias; que garanticen derechos, rendición de cuentas ante las violaciones de derechos y restitución, la no devolución, el derecho de asilo, generar vías legales y seguras y abolir Frontex, una campaña que desarrollamos desde el 1 de julio de 2021, donde hay un movimiento internacional que plantea estas reclamaciones y a plantear una regularización a las personas migrantes, acabar con las deportaciones, poner fin a las detenciones de las personas en movimiento, acabar con la militarización de las fronteras y este complejo industrial-militar, acabar con la vigilancia de las personas que se desplazan, potenciar la solidaridad y no criminalizarla, acabar con estas políticas de la UE que obligan a la gente a migrar, que saquean, que mantienen ese proyecto neocolonial. En concreto en el estado español, todo pasa por derogar la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana y crear un marco normativo contra el racismo y todas las formas de discriminación, suprimiendo los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), las deportaciones en caliente y generando alternativas de acogida que planteen una respuesta respetuosa con los derechos humanos y las libertades de todas las personas.

Si la frontera es un negocio, ¿quién está rentabilizando el discurso de odio y la xenofobia?

En este negocio de las fronteras siempre ganan los más ricos, los que acumulan las riquezas en pocas manos y pierde la mayoría de la población. Ganan las mafias y pierde, principalmente, el derecho a la vida, que denunciamos siempre que podemos porque es todo un ejercicio de genocidio de las personas en movimiento, especialmente las empobrecidas, las que se ven forzadas a abandonar sus hogares generando todo un proceso, una situación de apartheid, que hace que se les excluya de todo tipo de derechos y libertades.