El juez federal de Estados Unidos, James Boasberg, determinó este lunes 23 de diciembre que el Gobierno de Donald Trump vulneró el debido proceso legal de un grupo de migrantes venezolanos. El magistrado ordenó a la Administración presentar un plan en un plazo de dos semanas para garantizar audiencias judiciales a los ciudadanos afectados.

El magistrado Boasberg enfatizó que «los demandantes no debieron haber sido removidos de la manera en que lo fueron, prácticamente sin ningún aviso y sin oportunidad de impugnar las bases de su remoción, en clara contravención de su derecho al debido proceso». Esta sentencia representa el desarrollo más reciente en un litigio clave sobre la política migratoria del Gobierno estadounidense, que inició en marzo pasado.

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La Casa Blanca utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar el envío de los ciudadanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Pese a que el juez Boasberg emitió una orden previa para detener los vuelos, el Gobierno estadounidense procedió con la expulsión forzada.

Actualmente, los migrantes se encuentran en Venezuela luego de un intercambio de prisioneros que ambos países completaron en julio. El nuevo fallo permite que los afectados cuestionen las acusaciones de pertenencia a pandillas que la Administración Trump utilizó para criminalizar su estancia.

La aplicación de normativas obsoletas como la Ley de Enemigos Extranjeros evidencia la radicalización de las políticas de persecución migratoria en Estados Unidos durante este 2025. La Administración de Donald Trump utiliza estos mecanismos para saltarse las garantías constitucionales y criminalizar a los pueblos del Sur Global, especialmente a la población venezolana.

El traslado de personas a centros de reclusión extranjeros bajo sospechas sin pruebas constituye una violación directa a los tratados internacionales de derechos humanos y a la dignidad de los migrantes. Este fallo judicial representa una victoria frente a la arbitrariedad del poder ejecutivo y la estigmatización que vincula la movilidad humana con estructuras delictivas.

La resistencia de organizaciones civiles y la intervención de tribunales federales frenan momentáneamente una agenda que busca desmantelar el debido proceso y refleja la necesidad de una integración regional que defienda la soberanía y los derechos de los ciudadanos latinoamericanos frente a las medidas unilaterales y coercitivas de Estados Unidos.