En 2009 el juez murciano Fernando Ferrín Calamita fue inhabilitado durante diez años por obstaculizar el proceso de adopción de una menor al ser la adoptante y su progenitora una pareja homosexual. La Fiscalía fundamentó en su día la pena por cinco resoluciones del exmagistrado, que revelaron una actitud prevaricadora y una condición homófoba. En 2019 se cumplió el tiempo de inhabilitación y el Tribunal Supremo impidió la vuelta de Calamita cuestionando su «rehabilitación» y achacándole “una auténtica compulsión homófoba”. Once años después el exmagistrado, que no parece haber escarmentado tras su cese, ha vuelto ser objeto de críticas tras asegurar en una publicación de Facebook –que ya ha eliminado– que la pareja adoptante se ha divorciado y ha entregado a la menor a los servicios sociales. Una realidad negada por sus madres, que tachan los hechos descritos por el exjuez de «totalmente falsos»: «Estamos cansadas de que esta persona nos siga molestando». «No hemos abandonado a nuesta hija, vive en casa con sus madres», han sentenciado en declaraciones a este medio.

El caso comienza en 2006, cuando Vanesa de las Heras inicia los trámites de adopción de la hija biológica de su pareja, Susana Meseguer, procedimiento por el cual constaría como madre de la niña a instancias administrativas y judiciales. Durante ese año el exjuez, encargado de llevar el caso, se encontraba ejerciendo al frente del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, órgano especializado en asuntos de familia, donde decidió tramitar el asunto por su propia mano.

En la querella interpuesta por de las Heras contra Calamita a comienzos de 2008, se expusieron ocho posibles causas de delito de prevaricación del exmagistrado, a quien acusaban de dictar «resoluciones inauditas únicamente porque se trataba de una pareja de homosexuales». Ante las acusaciones, el Consejo General del Poder Judicial decidió en febrero del mismo año suspender su actividad como juez. En diciembre de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo condenó a dos años, tres meses y un día de inhabilitación por ralentizar de forma malintencionada la adopción de la menor. La condena, que apreciaba el agravante de desprecio hacia la orientación sexual de la adoptante, incluía entonces una indemnización de 6.000 euros y el pago de las costas.

Ferrín Calamita, que seguía defendiendo sus acciones en el proceso de adopción, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra la condena de la instancia judicial murciana [Fe de errores]*, pero el tiro le salió por la culata y a finales de 2009 le elevaron la pena inhabilitante a diez años, considerándolo responsable de un delito de prevaricación judicial no continuado e imponiéndole una multa de 720 euros adicionales a los 6.000 ya establecidos.

La petición de un examen sobre la madre biológica, el  nombramiento de un defensor judicial de la niña no exigido por la ley, o la realización de una serie de preguntas a la psicóloga del caso acerca de la conveniencia de que la niña conviviera con dos mujeres, fueron algunas de las resoluciones del exjuez que supusieron una contradicción grave contra el ordenamiento jurídico y revelaron una clara condición homófoba por parte de Calamita, según el informe emitido por la Fiscalía en 2009.

‘Víctima de la cristofobia’

La decáda sabática no voluntaria le dio tiempo a Ferrín Calamita para publicar en 2012 el libro Yo, víctima de la cristofobia: El calvario de un juez católico por cumplir la ley en España, en el que se identifica como católico, defiende la postura de sus acciones en la obstaculización de la adopción de la menor, y niega que antepusiera sus creencias en el proceso de adopción.

El exmagistrado encontró durante el proceso judicial aliados en el sector ultraconservador español. En 2007 HazteOír encabezó una plataforma ‘pro Ferrín Calamita’ formada por el Centro Jurídico Tomás Moro, la asociación ProJusticia, el diario Ya y el diario Hispanidad.com.

En 2012, unos cuarenta juristas de Madrid, según el propio exjuez narra en una entrevista concedida a Religión en libertad, pidieron su indulto a Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia del Gobierno del PP. El propio Calamita aseguraba no tener «muchas esperanzas» en que saliera adelante, y así fue: a comienzo de 2013 se rechazó la petición. En la misma entrevista, Calamita aseguró que el «colectivo de las lesbianas tiene mucha fuerza»: «Hay muchos intereses de por medio, ideológicos y económicos. Todo parte del mayo francés de 1968. Grandes multinacionales y Bancos financian el lobby». De hecho, HazteOír hizo al poco tiempo su propia recogida de firmas para intentar que el jurista murciano volviera a la carera judicial, rozando las 30.000, una iniciativa que tampoco fructificó.

Carta a Candela

Ahora, la publicación y viralización en redes sociales de una ‘carta’ escrita por el exmagistrado hacia Candela, la niña adoptada, vuelve a traer a colación la problemática historia que envolvió su proceso de adopción.

En la misiva –eliminada de su página de Facebook pero recogida íntegramente por el medio regional La Opinión de Murcia–, Ferrín Calamita se dirige a la menor exponiendo una serie de hechos falsos que componen la segunda parte de un discurso por el que años atrás fue juzgado y relegado de su cargo de juez. «Ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales», sostiene el exjurista en un relato de los hechos nada corroborado por las madres, quienes confirman que la niña se encuentra en casa.

«El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia», prosigue el escrito que confirma el intento de justificación de los actos que cometió en el pasado y que ha terminado publicándose en numerosos medios de comunicación digitales de extrema derecha.

«Todo lo que dice en la carta es un bulo con el que Calamita pretende seguir haciendo daño a una familia que se encuentra ya muy cansada», explican fuentes cercanas a la familia entrevistadas por elDiario.es de la Región de Murcia. «Candela ya es adolescente, y cualquier día puede llegar a sus oídos todo lo que esta persona cuenta sobre su situación familiar».

[Fe de errores]*: La sentencia que condenó a Ferrín Calamita a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación por el TSJ de Murcia fue recurrida no solo por la defensa, sino también por la propia acusación particular y el Ministerio Fiscal, quienes apuntaron la posible «prevaricación» en las acciones de Calamita durante el proceso de adopción de la menor, delito por el que finalmente el Tribunal Supremo condenó al exmagistrado.