El Grupo de Trabajo de Jueces Generales Retirados de Estados Unidos exige al Congreso una investigación inmediata sobre las revelaciones de medios locales que indican que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó personalmente «matar a todo el mundo» a bordo de un buque civil supuestamente sospechoso de narcotráfico en el mar Caribe el 2 de septiembre.

El buque transportaba a 11 civiles. Tras el primer ataque que destruyó la embarcación, el comandante que dirigía la operación habría ordenado un segundo ataque que mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos.

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A través de una declaración unánime, el grupo, formado en febrero de 2025 tras el desmantelamiento de salvaguardias legales militares, sostiene que tanto la emisión como la ejecución de estas órdenes constituyen crímenes de guerra, asesinato, o ambos

 

El Grupo de Trabajo subraya que las órdenes de «no dar cuartel» o de rematar a personas que han quedado fuera de combate son ilegalidades claras, independientemente de la clasificación de la operación.

Si la operación se considera un «conflicto armado no internacional, como sugiere la Administración Trump», las órdenes de atacar a náufragos y heridos violan las normas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH), específicamente el artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra y la IV Convención de La Haya. El DIH exige que la fuerza atacante rescate y proteja a los sobrevivientes, no que los mate.

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Entretanto, si la operación no se considera un conflicto armado, el ataque deliberado contra civiles indefensos que se aferran a restos de naufragio sometería a todo el personal implicado a procesos por asesinato según la ley estadounidense.

Los jueces generales retirados recuerdan a los militares en servicio que estas órdenes son «patentemente ilegales» y, por lo tanto, tienen el deber de desobedecerlas. La defensa de «órdenes superiores» no es aplicable a un mandato que ordena la comisión de un delito.

El Grupo de Trabajo hizo un llamado al pueblo estadounidense para que se oponga a cualquier uso de la fuerza militar que implique apuntar intencionadamente a individuos que están fuera de combate.

 

 

 

El sábado 15 de noviembre, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo las órdenes de Pete Hegseth, ejecutó un nuevo ataque letal contra una embarcación en el Pacífico Oriental presuntamente vinculada al narcotráfico. El incidente resultó en la muerte de tres personas, elevando la cifra de fallecidos en estas operaciones a más de 80 desde septiembre del año en curso.

El Pentágono justificó el «ataque cinético letal» en aguas internacionales, afirmando que el bote, operado por una «organización terrorista designada», presuntamente transportaba narcóticos. Los tres tripulantes, calificados como «narcoterroristas», fueron considerados combatientes y fallecieron en la acción.

Con este incidente, ya son 21 los ataques perpetrados en el mar Caribe y en el Pacífico en el marco de un despliegue militar de Estados Unidos que incluye portaaviones, destructores, aeronaves de combate e incluso un submarino nuclear en el Caribe.