Buenos Aires., Mientras la campaña del grupo opositor más duro de Juntos por el Cambio (JpC), que encabeza el ex presidente Mauricio Macri, arrecia cada día contra el gobierno de su sucesor, Alberto Fernández, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, el Ejecutivo confirmó ayer por decreto la decisión del Senado, que tres jueces trasladados al fuero federal por Macri, sin aprobación del Congreso, regresen a los tribunales que les corresponden.

Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli fueron instalados en los tribunales de la calle Comodoro PY por un decreto de Macri en 2018, sin cumplir el requisito constitucional de ser aprobados por el Senado, en su afán de rodearse de magistrados favorables a él.

El Senado rechazó por unanimidad y con la ausencia de la oposición de JpC el traslado de los tres magistrados mediante el decreto de Macri y dispuso su retorno a sus anteriores cargos judiciales. El gobierno macrista puso en sus manos importantes causas, la mayoría armadas sobre pruebas falsas, utilizando espionaje, extorsión y operaciones mediáticas.

La Oficina Anticorrupción (OA), presidida por el ex fiscal Félix Crous denunció a Macri, a su ex jefe de gabinete Marcos Peña y al ex ministro del Interior Rogelio Frigerio por una escandalosa operación en la cual se subastaron y adjudicaron a amigos y donadores a la campaña electoral del partido Propuesta Republicana, terrenos del Estado a un precio de perjuicio público por más de 75 millones de dólares.

En el extremo de esta situación, se tardaron casi cien años en hacer justicia a pueblos originarios, víctimas en 1924 de lo que se conoció como la Masacre de Napalpí, por lo cual el Estado deberá pagar  375 mil 930 millones de pesos (unos 4 millones 991 mil dólares) por el genocidio del pueblo indígena Qom.

En Napalpí, provincia del Chaco, donde se cometió la matanza el 9 de julio de 1924, fueron ultimados y fusilados más de mil 500 niños, ancianos, mujeres y hombres. Este hecho quedó registrado en la memoria de una población muy castigada en el noreste argentino.

El juicio empezó en 2004, pero la Corte Suprema de Justicia no se había expedido por la imprescriptibilidad penal y resarcitoria de los crímenes de lesa humanidad, lo que sucedió en 2005, en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando comenzaron los grandes juicios contra los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983).