La jurisdicción especial para la paz, JEP, respondió el requerimiento presentado por los representantes defensores de los firmantes de paz qué se encuentran bajo la jurisdicción, frente a las medidas cautelares respecto de los excombatientes y sus familias, enmarcadas en la crisis evidente que evidencian los casi 300 asesinatos contra excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc-ep.

La secretaria judicial de la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad Diana María Vanegas, notificó el contenido del auto 067 del 11 de noviembre que profirió la sección de primera instancia de este tribunal de paz, el cual establece el trámite de medidas cautelares colectivas con el fin de proteger los derechos fundamentales del grupo de mujeres y hombres comparecientes ante la justicia especial para la paz. Esta importante decisión ordena al alto comisionado para la paz que en un plazo no mayor de 10 días se convoque la instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, definido en el acuerdo final de paz, y que no ha sido habilitado por falta de voluntad política del gobierno nacional. En este auto, de un alto tribunal del estado y por tanto representante del poder judicial, se emplaza al alto comisionado de paz para que en un término específico de días, que no puede ser más de 2 meses, remita lineamientos y plan de acción de la política pública y criminal con relación al desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra firmantes de paz y líderes. En ese sentido se deben definir medidas de protección reales y específicas, donde se gestionen los recursos económicos y humanos para desarrollar el plan de seguridad en el menor tiempo y con estándares de eficacia. Además la justicia especial para la paz le dirige una solicitud en connotación de orden a la unidad nacional de protección, para que garantice en coordinación con la mesa técnica seguridad protección, la adopción de este plan que debe ser diseñado inmediatamente, y que se garanticen los estudios de riesgo para establecer las recomendaciones de seguridad y protección de cada caso identificado de firmantes de paz que tengan situaciones complejas de seguridad en sus regiones.

La determinación judicial también exige la gestión administrativa Hacienda y Crédito Público, que posibilite los recursos necesarios para desarrollar lo que ha definido el auto del tribunal, donde debe haber garantías para el colectivo en reincorporación. Un elemento importante y nuevo es la articulación con el instituto de bienestar familiar para establecer medidas de protección de derechos a los hijos y a las parejas de ex combatientes que hayan sido afectados por los crímenes ejecutados contra esta población, dónde debe primar el derecho de las familias a la protección de su vida y la protección colectiva, como el derecho de la educación de los menores, derecho a la vida, vivienda digna y el acceso a proyectos productivos.

Este auto también involucra a toda la institucionalidad que tiene relacionamiento con la población firmante de paz, es el caso de la agencia para la reincorporación y la normalización ARN, qué debe llevar adelante toda la política pública para brindar acompañamiento de las familias de personas en reincorporación como las acciones frente a la población fallecida, garantizando los seguros de vida y auxilios funerarios y todas las medidas de protección concernientes, para que las familias de los ex integrantes de las extintas FARC tengan protección integral.

Este pronunciamiento de la justicia especial para la paz es muy significativo, en medio de la terrible y dramática situación que vive la población firmante de paz donde ya casi son 300 hombres y mujeres asesinados después de la firma del acuerdo, lo cual genera un impacto no solo en sus comunidades y colectivos sino en sus familias y donde el gobierno nacional no ha dispuesto los elementos establecidos en el acuerdo final de paz para brindar efectivas garantías reales de protección de la integridad y la vida de todo este colectivo. El auto de la justicia especial para la paz establece el reconocimiento al acuerdo final de paz en tanto la exigencia de qué debe haber garantías de seguridad para los excombatientes y sus familias, lo cual obliga estado a ofrecer una política de protección real concreta y contundente que no destruya los colectivos y los núcleos familiares de la población en reincorporación. En conclusión, el gobierno colombiano debe, sin dilaciones cumplir las decisiones de la justicia e implementar el acuerdo final de paz.