La planta nuclear de Fukushima, escenario del peor accidente nuclear desde el de la central ucrania de Chernobil en 1986, está siendo desmantelada en un proceso que podría tomar hasta cuatro décadas.

La planta produce a diario cerca de 100 metros cúbicos de agua contaminada, producto de flujos subterráneos, agua marina y el líquido que se emplea para enfriar los reactores. Esta mezcla se filtra, se trata y es almacenada en tanques, que, de acuerdo con las autoridades, están al límite de su capacidad.

El agua que el gobierno y la empresa Tepco, operadora de la central, esperan descargar en el mar en algún momento del verano de este año ha sido tratada por el Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS, por sus siglas en inglés) y luego diluida.

Con ello, la concentración de materiales radioactivos está por debajo de los niveles permitidos por regulaciones, excepto el tritio, que excede la norma nacional.

Las autoridades japonesas reportan que con la dilución, el tritio estará por debajo de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) antes de que el agua contaminada sea vertida al mar a un kilómetro de las costas de Japón. Por ello, argumentan, el plan es viable.

La seguridad es la máxima prioridad. Si no se cumpliera con las normas, los japoneses serían los primeros en sufrir las consecuencias, señala un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés dirigido a la comunidad internacional.

No obstante, la población local continúa preocupada porque la imagen de la zona puede verse perjudicada por el plan gubernamental. Tepco y el gobierno prometieron a los pescadores locales en 2015 que no se desharán del agua tratada sin obtener la comprensión de las partes interesadas, pero sigue sin estar claro si hay acuerdo sobre lo que eso significa exactamente, según reportan medios locales.

Si bien el Organismo Internacional de Energía Atómica ha dado su visto bueno al plan, la Cooperativa Pesquera de Japón y los pescadores de Fukushima siguen oponiéndose al mismo, porque temen que tras el vertido, los consumidores locales e internacionales piensen que el pescado de la región es peligroso.