Mohamed al Halabi, director de la oficina de la ONG cristiana World Vision en la Franja de Gaza, ha sido condenado este martes a 12 años de cárcel por un tribunal israelí, después de que el pasado junio fuera declarado culpable de varios cargos, entre ellos el de pertenencia a organización terrorista, provisión de información a una organización terrorista, desvío de fondos de su organización hacia un grupo terrorista y participación en actividades militares prohibidas.

Es el final de un largo proceso judicial que despertó gran atención internacional y que muestra de nuevo el bloqueo que Israel impone a la ayuda humanitaria en Gaza y en otros territorios palestinos.

Halabi fue detenido en 2016, cuando se le acusó de desviar decenas de millones de dólares a Hamás, el partido milicia que Gobierna en Gaza y que Israel considera grupo terrorista. Fue todo un shock para la propia ONG, que opera en más de cien países y tuvo que paralizar temporalmente su trabajo en la franja y ver cómo caía significativamente el número de donantes.

Fue entonces cuando World Vision anunció una exhaustiva auditoría interna de sus cuentas en Gaza, donde Halabi había gestionado más de 22 millones de dólares anuales durante una década. No encontró ningún desfalco, ningún desvío de fondos ni movimientos extraños. Tampoco encontró pruebas, ni siquiera indicios, el Gobierno de Australia, que realizó una investigación independiente al ser el mayor donante de la ONG.

Desde su detención, Al Halabi ha estado encarcelado en la prisión de la ciudad israelí de Beersheva, cuyo tribunal ha alargado el proceso de tal forma que ha sido reprendido por el Tribunal Supremo hebreo.

La ONG World Vision —con sede en Nueva York, especializada en asistencia a la infancia— ha indicado este lunes en un comunicado que  «el arresto, el juicio de seis años, el veredicto injusto y esta sentencia son emblemáticos de las acciones que obstaculizan el trabajo humanitario en Gaza y Cisjordania».

El abogado de Halabi, Maher Hanna, también ha destacado lo «inconcebible» de la duración de la condena como otra muestra de la «lista de injusticias durante todo el proceso» y anunció la intención de apelar el veredicto ante la Corte Suprema de Israel, citado por medios locales.

Las autoridades israelíes alegan tener pruebas claras de que Hamás se había infiltrado en esa ONG y estaba desviando fondos destinados a ayuda humanitaria a Gaza. De hecho, fue el entonces primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, —procesado por corrupción— quien anunció los cargos contra Halabi en un vídeo poco después de su detención.

Este caso de Halabi ha generado mucha polémica y atención internacional en los últimos años al ser considerado como un ejemplo de la persecución israelí contra trabajadores y organizaciones humanitarias -tanto locales como internacionales- que operan en los territorios palestinos ocupados.

Esta acusación fue también pronunciada en múltiples ocasiones durante el reciente juicio contra la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz, condenada por Israel a 13 meses de prisión en noviembre de 2021, por su trabajo para una ONG palestina catalogada como ilegal.