Santiago. La desprestigiada institución de Carabineros de Chile, marcada por la flagrante corrupción de varios ex altos mandos y por múltiples señalamientos de violación a los derechos humanos, suma a su lista de descréditos una investigación de la Contraloría General de la República (CGR) contra siete generales que durante la represión de las protestas sociales iniciadas en octubre de 2019 habrían transgredido las normas de la propia organización policial.

De lo trascendido hasta ahora, porque se trata aún de un sumario administrativo secreto, los generales no garantizaron el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza detallados en los manuales internos.

Cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos sumaban a marzo de este año más de 3 mil 800 los heridos por la represión, de los cuales más de mil 600 recibieron disparos de escopetas y 460 sufrieron lesiones oculares por impactos de perdigones. También reportan más de 11 mil detenidos y 2 mil 146 denuncias por violencia sexual, torturas y uso excesivo de la fuerza.

Quienes recibirán acusaciones son el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Ricardo Yáñez Reveco, tercero en la línea de sucesión. También los generales inspectores Jorge Valenzuela Hernández, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, y Mauricio Rodríguez Rodriguez, jefe de la zona metropolitana de Santiago; los generales de dos estrellas Enrique Bassaletti Riess, jefe de zona Santiago este, Enrique Monrás Álvarez, jefe de zona Santiago oeste, Hugo Zenteno Vásquez, jefe de la quinta zona Valparaíso, y Jean Camus Dávila, director de Logística.

La CGR es un órgano autónomo de fiscalización de la administración del Estado, que controla la legalidad de los actos y el uso de fondos públicos, verificando el respeto a los procedimientos legales en prevención de la corrupción.

La noticia indignó al gobierno de Sebastián Piñera, cuyo ministro del Interior, el pinochetista Víctor Pérez, se lanzó contra la Contraloría.

Los generales se van a defender. Si alguien busca debilitar la moral de Carabineros se equivoca, advirtió, añadiendo que el actuar del alto mando ha tenido que enfrentar situaciones extraordinariamente complejas en los niveles de violencia y creemos que esas acciones están dentro de la ley.

Carabineros de Chile, que tiene 93 años y hasta 2015 se contaba entre las organizaciones más respetadas, ha visto rápidamente destruida su credibilidad. En agosto de aquel año era la más confiable con 57 por ciento de aprobación, pero en mayo de 2017 cayó a 37 por ciento y en diciembre de 2019 a 17, según el reputado Centro de Estudios Públicos.

La debacle del prestigio policial se remonta al desfalco conocido como pacogate, (paco es la expresión coloquial para referirse de manera despectiva al carabinero) descubierto en 2017, por el cual la fiscalía presentó cargos contra 133 ex uniformados y civiles –entre ellos un ex general director y un general ex jefe de finanzas, a quien apunta como cabecilla de la organización criminal–, sindicándolos como parte de una asociación ilícita dedicada al saqueo sistemático de dineros asignados al presupuesto policial, hasta por unos 40 millones de dólares. De acuerdo con algunos de los acusados, hasta 11 generales se favorecían de sobresueldos ilegales.

Pero ya es habitual que se conozcan hecho ilícitos que involucran a carabineros.

A principios de este mes, en la ciudad de Iquique, en el norte del país, un juzgado dispuso prisión preventiva a 13 carabineros y tres civiles, acusados de asociación ilícita, cohecho, contrabando, lavado de activos y robo con intimidación y violencia. El grupo se dedicaba a facilitar el ingreso ilegal de cigarrillos al país.

Mauricio Morales, politólogo de la Universidad de Talca, dice que si de recuperar el prestigio se trata, es inminente la necesidad de una refundación de Carabineros.

La institución ha pasado por etapas en términos de confianza, dice, luego de la dictadura de Pinochet (1973-990), cuando era identificada como una organización represora y a cuyo término optó por cambiar sus colores de negro a verde. Vino con la democracia un ciclo de confianza que finalizó en 2011, cuando en las primeras protestas estudiantiles se viralizó el maltrato a quienes pedían reformar la educación, pese a lo cual logró un último repunte.

Pero una vez producida la corrupción y a renglón seguido el maltrato policial en el estallido social, se derrumbó la confianza y hoy están sometidos a un control horizontal, bajo la lupa de la Contraloría. Todas las instituciones están expuestas siempre al control vertical que ejerce la ciudadanía, pero este capítulo de corrupción, abusos y el sumario de la CGR, explican el desplome y la necesidad de una refundación.