El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó este lunes que la exfiscal general prófuga de la justicia del país suramericano, Luisa Ortega Díaz, está siendo investigada en el estado estadounidense de Florida por delitos de soborno y obstrucción a la justicia.

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Por medio de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Saab precisó que la investigación contra Ortega se desarrolla “por encabezar un esquema de pago de sobornos para no desarrollar investigaciones contra empresarios y funcionarios corruptos, mientras era la máxima autoridad del Ministerio Público de Venezuela”.

Asimismo, detalló que las investigaciones que se realizan en Estados Unidos (EE.UU.) comprueban las que se realizaron en 2017 por el ente venezolano, que confirman que tanto Ortega como su esposo lideraban un “cartel de extorsión”, de conjunto con otros directivos del Ministerio Público.

El fiscal general venezolano también indicó que han salido a la luz nuevos testimonios, que indican la aparición de nuevos exfuncionarios que conocían las particularidades del modo de actuación de Ortega.

La fiscalía de la ciudad de Miami, en EE.UU., conduce una investigación contra Ortega desde hace siete años, y nuevas evidencias han contribuido al enriquecimiento de los hallazgos.

“Ortega Díaz tiene tres investigaciones abiertas en el Ministerio Público de Venezuela por las cuales se le han acordado dos órdenes de aprehensión y se procedió a solicitar su extradición”, indicó Saab en su mensaje.

En 2021, se dio a conocer que Luisa Ortega estaba implicada un caso de corrupción que involucra a Carlos Urbano Fermín, un empresario venezolano que pagaba sobornos por el valor de un millón de dólares.

Previamente, en 2020, salió a la luz pública que la Fiscalía Federal de Miami llevaba adelante una acusación contra Luisa Ortega Díaz, por presuntos sobornos por parte del empresario Carlos Enrique Urbano Fermín, con el fin de que fuese desestimado un caso de corrupción abierto contra sus empresas.

Meses antes, en 2019, la Contraloría General de la República (CGR) inhabilitó a Luisa Ortega Díaz, juntos a otras cuatro personas para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años.