El Salto Red Universitaria por Palestina Varias autoras
El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una orden provisional que respondía a la solicitud de Sudáfrica para iniciar un procedimiento contra Israel, alegando violaciones de la Convención contra el Genocidio por sus acciones en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. El Tribunal determinó que «al menos algunos de los derechos reivindicados por Sudáfrica y para los que solicita protección [es decir, el derecho de la población palestina de Gaza a ser protegidos del genocidio] son plausibles». También concluyó que existía un «riesgo real e inminente» de daño irreparable de los derechos de la población palestina de Gaza, por lo que se estimaba necesario protegerlos del genocidio. En lugar de cumplir con su obligación como potencia ocupante, Israel ha estado desplazando a la población palestina, robando y colonizando sus tierras y recursos, expandiendo los asentamientos ilegales, persiguiendo a la población palestina con leyes y prácticas definidas como apartheid por organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes e internacionales.
Estas declaraciones no suponen ninguna sorpresa para los y las numerosas investigadoras y académicas que componemos la Red Universitaria por Palestina (RUxP). Como colectivo que representa al personal universitario y de investigación en más de 40 universidades del Estado español, hemos comunicado repetidamente a lo largo de los más de ocho meses de genocidio en Gaza, mediante cartas dirigidas a la CRUE y a los y las rectoras de las universidades del Estado, nuestra grave preocupación por la participación de las instituciones universitarias y de investigación de Israel en el genocidio en curso. En el contexto de I+D+i israelí se producen importantes sinergias entre la investigación, el desarrollo tecnológico y la colaboración armamentística y militar que impulsa la ocupación y el genocidio. Como explican los estudios de la antropóloga Maya Wind, la acción de investigación en las instituciones, los centros de investigación y las universidades israelíes muestran una continuidad en su implantación militar y armamentística. En el contexto europeo, los Programas Marco de Investigación e Innovación de la UE suponen un fortalecimiento de las capacidades de dichas instituciones israelíes, directamente financiadas por los fondos europeos.
Al avalar los crímenes de guerra a través de la financiación de sus programas de I+D+i, la UE debe asumir su parte de responsabilidad en el genocidio
Sin embargo, la UE ha estado recompensando a Israel con privilegios, financiación y colaboraciones, en lugar de aplicar sanciones y bloqueos institucionales. Israel ha recibido más de 600 millones de euros de financiación desde el último programa Marco, Horizonte Europa (más que cualquier estado miembro de la UE) y más de 126 millones de fondos ya con el genocidio en curso. La financiación acumulada durante 27 años, como forma de apoyo político, diplomático y económico, ha acabado ampliando las capacidades estratégicas y tecnológicas de Israel que hoy culminan en la actual masacre genocida. «Una tragedia anunciada», pero que podría haber sido evitada simplemente aplicando la propia legislación y los principios éticos de la UE. La relatora especial de la ONU y la Comisión de Investigación independiente de la ONU han venido advirtiendo que la ocupación, la impunidad y la política discriminatoria contra la población palestina son los motivos motores de la violencia genocida de Israel. Al avalar los crímenes de guerra a través de la financiación de sus programas de I+D+i, la UE debe asumir su parte de responsabilidad en el genocidio, o rescindir todos los acuerdos con Israel impidiéndole acceder a ninguna de las fuentes de financiación y colaboración de los programas de I+D+i europeos. En ese sentido, la RUxP se une a iniciativas como la “Carta de investigadoras y académicas europeas sobre la participación de Israel en el programa Horizon Europe”, o “la declaración de los y las académicas por la libertad de palestina”, en la que más de 160 académicos, beneficiarias de prestigiosos proyectos de investigación de la Unión Europea, instan a la UE a que excluya de sus fondos y programas de investigación a todas las instituciones académicas israelíes cómplices de las graves violaciones por Israel del Derecho internacional y de los derechos humanos de la población palestina. Una vez la sentencia de la CIJ se hizo pública, el apoyo europeo a la investigación israelí no podía continuar. Todos los Estados colaboradores han de acatar la resolución de la CIJ. En virtud de la Convención sobre el Genocidio, los Estados tienen la obligación de no cometer genocidio ni ser cómplices, a la vez que han de ser agentes activos en su prevención y su condena. Una norma que ninguna de las partes, incluidas las empresas, puede derogar o dejar pasar.
Sin embargo, hoy en día, la industria armamentística israelí, así como las empresas incluidas en la lista negra de la ONU, se benefician de la financiación de los programas de investigación de la UE. Es de especial relevancia el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para llevar a cabo campañas de bombardeo automatizadas en zonas densamente pobladas, con total indiferencia por la pérdida de vidas humanas civiles. El ejército israelí ha desarrollado un sistema basado en la IA llamado «Habsora» («El Evangelio») que puede «identificar objetivos de forma casi automática a un ritmo que supera con creces cualquier tecnología anterior». Dicha IA se utiliza para el bombardeo a gran escala de edificios civiles. También ha sido ampliamente difundido en los medios de comunicación el uso del software de IA «Lavender», que permite identificar a las personas construyendo una «lista de objetivos».
Hemos de recordar que el derecho internacional tipifica como delito no sólo la ayuda directa o indirecta al genocidio, sino también la incitación a cometerlo, tal y como se recoge en el artículo 25 del Estatuto de Roma
Lavender ha desempeñado un papel fundamental en la matanza generalizada de civiles, ya que este sistema predictivo basado en IA generativa construye objetivos basados en datos estadísticos. Su uso acelera la identificación de objetivos, a la vez que potencia y amplía la cantidad de víctimas “colaterales” (entrecomillamos la palabra porque el margen de error estadístico tiene usos muy valiosos en su aplicación genocida). Otro sistema, «¿Dónde está papá?», avisa al ejército israelí cuando los objetivos palestinos identificados en dichas «listas negras» llegan a sus casas. El programa identifica este momento como el mejor para bombardear los objetivos. Obviamente, el hogar se vincula con la cercanía a sus familias, multiplicando así las víctimas “colaterales”, en la misma estela genocida.
TECNOLOGÍA Y GENOCIDIO PALESTINO
El evangelio según Google
Como colectivo que representa a la comunidad de investigación, queremos señalar que la innovación sobre IA ha sido durante mucho tiempo un ámbito de cooperación científica entre la UE e Israel. Una colaboración que no resulta ajena en nuestro estado. Los compañeros del Nodo Unizar de la RUxP han reportado como “un software desarrollado en la Universidad de Zaragoza fue adquirido por la empresa israelí Sightec por decenas de miles de euros para ser usado hasta 2026 e incorporar esa tecnología a los drones de combate de IA, principal proveedor del ejército israelí”. En la misma dirección, nuestras propias indagaciones a través del acceso a los datos publicados en los portales de transparencia europeos muestran que esta colaboración entre instituciones españolas de I+D+i y empresas de armamento israelí no es algo menor. “Israel se beneficia del presupuesto del Fondo Europeo de Defensa, en el que participan diez universidades españolas”.
Por todo ello, hemos preguntado a la CRUE, y en concreto a su comisión y a su pleno de I+D+i, celebrado los pasados días 11 y 12 de junio, hasta qué punto se han utilizado fondos de la UE transferidos a nuestras universidades y centros de investigación, como partes de consorcios en los que participan instituciones israelíes, y por tanto posiblemente relacionados con la matanza de civiles, de niños y niñas, en Gaza. Nuestras propias investigaciones nos indican que existen más de 193 proyectos actuales en los que colabora una institución española con al menos otra israelí, financiando a Israel con más de 83 M€ de fondos europeos en los que la investigación española toma parte. Por tanto, la existencia de una importante investigación de nuestro estado que colabora con israelí, a través del marco y la financiación europea, es objetivamente indiscutible.
Hemos de recordar que el derecho internacional tipifica como delito no sólo la ayuda directa o indirecta al genocidio, sino también la incitación a cometerlo, tal y como se recoge en el artículo 25 del Estatuto de Roma. Bajo este contexto han de interpretarse las palabras del presidente de la Universidad de Tel-Aviv comparando públicamente al pueblo palestino con la tribu maldita de Amalec, deseándoles su misma suerte. Este tipo de declaraciones por parte de importantes figuras académicas y de la política científica son habituales en el contexto israelí, como puede documentarse en el escrito de Sudáfrica ante la CIJ, §101 a 107. La cooperación científica de la UE con Israel debe evaluarse desde el análisis de este contexto, ampliamente documentado.
La reanudación del acuerdo UE-Israel, y de todos los demás acuerdos, debe estar condicionada a que Israel se ajuste al derecho internacional y a las propias directrices éticas de la UE
La gravedad de la situación actual en Gaza ha sido condenada mundialmente por parte de la comunidad universitaria, a través de las protestas internacionales del estudiantado. Dichos levantamientos han incitado la aparición de nuevos pronunciamientos de los órganos de gobierno universitarios. A partir del comunicado del pasado 9 de mayo de la CRUE, han sido tipificados, extendido y particularizados nuevos comunicados de claustros y consejos de gobierno de las universidades del Estado español, suspendiendo sus relaciones y los vínculos con entidades de investigación israelíes, como es el caso de la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén, la Universitat de Barcelona o la Universitat de Valencia, entre otras. En varias de estas mismas universidades se han constituido comisiones de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. La Universitat de Barcelona y la de Valencia fueron más allá exigiendo a la UE y al gobierno de España que bloquee la participación de instituciones israelíes en todos los proyectos financiados con fondos europeos.
Para cumplir con la Orden de la CIJ, la UE debe suprimir todos los privilegios concedidos a Israel. En particular, la participación en sus programas de investigación hasta que Israel cumpla la Orden de la CIJ y se retire de Gaza. La reanudación del acuerdo UE-Israel, y de todos los demás acuerdos, debe estar condicionada a que Israel se ajuste al derecho internacional y a las propias directrices éticas de la UE. En esencia, hasta que Israel cumpla plenamente sus obligaciones legales, con el objetivo de poner fin a la ocupación, la discriminación y la represión del pueblo palestino.
El mismo Josep Borrell, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, calificó de “masacre” el ataque del ejército israelí del pasado sábado 7 de junio, en la que murieron más de 270 palestinos para liberar a 4 rehenes. Borrell afirmaba que «el baño de sangre debe terminar». Sin embargo, el baño de sangre no se detendrá mientras Israel cuente con el apoyo de la UE y financie el programa de investigación e innovación que alimenta todo su entramado militar. La rescisión de toda financiación y de los programas de cooperación de I+D+i con Israel impacta directamente sobre sus capacidades genocidas. La investigación, la ciencia y la innovación tecnológica de nuestros estados no puede violar nuestra propia ley para potenciar crímenes de lesa humanidad que se apartan antagónicamente de los principios definidos por las agendas de investigación europeas. Hemos solicitado a la CRUE que, atendiendo a la normativa vigente de la propia UE, eleve a la UE la exigencia de ruptura de relaciones de I+D+i con todas las instituciones israelíes. Esta exigencia es urgente pues, hasta que no sea efectiva, tanto la UE como sus estados miembros comparten, por acción o por omisión, la responsabilidad de la masacre y el baño de sangre, reportados en directo y a plena luz del día.
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