Inmigrantes sin papeles trabajarán en el campo hasta junio… y luego serán expulsados o internados en CIEs

El Gobierno derogará temporal y parcialmente la ley de extranjería para facilitar mano de obra barata al campo español y asegurar el abastecimiento alimentario de la población durante la crisis del Covid-19. Se permitirá el trabajo en el campo de las y los inmigrantes sin papeles y solicitantes de asilo, con ciertas condiciones. Y una vez atendidas las necesidades de recolección de alimentos, y en agradecimiento a su imprescindible labor: volverán a la casilla de salida de “los sin papeles”. Y, por lo tanto, a la posibilidad de su expulsión o internamiento en algún CIE, una vez pasada la crisis.

El ministro de Agricultura, Luís Planas, lo ha explicado muy claramente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes: el Gobierno facilitará la contratación de inmigrantes irregulares sin papeles, a los que están a punto de ver finalizado su permiso, o solicitantes de asilo sin permiso de trabajo, para ocuparse como temporeros del campo, al menos hasta el 30 de junio.

Para ello, publicará un decreto ley que flexibilizará la contratación para trabajos agropecuarios, no solo de inmigrantes sin papeles, sino también de parados en general. La finalidad es afrontar la enorme escasez de mano de obra existente actualmente en el campo español como consecuencia del cierre de fronteras debido a la expansión del Covid-19.

El ministro ha cifrado la demanda de los empresarios del agro, entre 75.000 y 80.000 de las y los temporeros que se encuentra sin cubrir. Son cifras muy cuantiosas, si bien las primeras estimaciones, del propio ministerio, apuntaban a mayores volúmenes (entre 100.000 y 150.000 las y los jornaleros que se necesitaban). De hecho, los datos indican que el sector agrario ocupa normalmente a unos 300.000 hombres y mujeres temporeras, de los que casi la mitad son mano de obra foránea, según datos del propio Ministerio de Agricultura.

El inicio de los problemas de escasez de mano de obra se desencadenó el 13 de marzo, que fue cuando Marruecos cerró a cal y canto sus fronteras con el exterior, bloqueando la salida de más de 11.000 mujeres de las 17.000 que se movilizan para la recogida de frutos rojos solo en la provincia de Huelva. Lo mismo sucedió con el otro gran bloque de temporeros que llega todas las temporadas al agro español, como son los y las búlgaras y rumanas que tampoco pudieron desplazarse.

Por ello, para facilitar la contratación de las y los trabajadores inmigrantes se legislará un permiso ad hoc de trabajo especial cuya duración no excederá, en principio, del próximo 30 de junio. Esta flexibilización permitirá mecanismos de contratación hasta ahora no estipulados en la legislación. Así, por ejemplo, se permitirá y estimulará la regularización temporal para la contratación de jóvenes migrantes extutelados de entre 18 y 21 años, que dispondrán de un contrato mientras dure la situación de necesidad de mano de obra en el sector primario.

Incluso se habló de la posibilidad de contratar menores en edad de trabajar, la legislación española lo permite a partir de los 16 años. Sin embargo, en el borrador final del ministerio esa posibilidad ha sido desechada y la edad mínima se ha elevado a los 18 años. Hubiera sido un escándalo mayúsculo que se hubiera incluido la posibilidad de contratar a inmigrantes menores de edad. Desde luego, aún más de lo que resulta toda esta actividad legislativa regulatoria extraordinaria para facilitar la contratación de inmigrantes sin papeles, a los que luego se les va a dar la patada en el culo. Porque los menores habrían sido, sin duda, sobreexplotados sin escrúpulos, amparándose en su edad para pagarles salarios de miseria y muy por debajo del salario mínimo establecido en los 950 euros.

Lo cierto es que, sobre estas intenciones, existe un precedente. La asociación patronal Unió de Pagesos en Catalunya se dirigió a la Generalitat ya el año pasado para elevarles una propuesta de modificación legal, que permitiera la posibilidad de contratar menores extranjeros no acompañados, los llamados Menas. Todo ello encubierto, para darle una apariencia menos infumable, dentro de un programa de formación profesional. Pero todos conocemos las triquiñuelas empresariales de los contratos de formación con trabajos, mal o nunca pagados y una formación nula o prácticamente inexistente.

Mano de obra barata y precarizada

Parece meridianamente claro que la idea del ministerio es matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, posibilitar el suministro de las mercancías necesarias para no desabastecer el mercado de la alimentación y sus cadenas de valorización, sin provocar desabastecimientos y encarecimiento de precios excesivos, en un momento crítico, dada la situación de confinamiento generalizado. Mientras, por otro lado, echa una mano impagable a las patronales agrarias, que habían estado en pie de guerra recientemente por su mala relación coste/beneficio sobre otros agentes del sector, facilitándoles una mano de obra que va a resultar muy barata y muy precarizada.

Evidentemente, la mayoría de los contratados lo serán por debajo del salario mínimo. Y solo los más experimentados y profesionales quizás lleguen a cobrar el salario mínimo de los 950 euros. Por ese motivo y por la falta de mano de obra como hemos señalado, es que el Gobierno ha ido a buscar mano de obra entre inmigrantes irregulares que están en el país, regularizando temporalmente su situación. Además de posibilitar que parados que cobran prestaciones no contributivas puedan compatibilizar esos ingresos con el pago de sus salarios. Por lo que, evidentemente, al tener algunos ingresos y dada su condición de precariedad van a tener muchas dificultades para ponerse muy exigentes con las remuneraciones y las condiciones de trabajo que les oferten los patronos del agro español.

La única limitación a esta barra libre de contratos de precarios a mansalva es que se deben primar las contrataciones de proximidad para evitar, de este modo, grandes desplazamientos que puedan suponer riesgos a las restricciones de movilidad. Pero, fuera de esto y de que tampoco se podrán contratar a los trabajadores afectados por un ERTE implantado por causas de fuerza mayor, no hay ninguna otra limitación. Y, todo ello, sin ningún control ni ninguna supervisión de la Inspección de Trabajo, ni de ninguna autoridad laboral que pudiera tratar de evitar los abusos que se puedan cometer en la contratación, la remuneración y las condiciones generales de trabajo para estos inmigrantes residentes sin papeles y parados.

Queda, una vez más evidenciada palpablemente la política xenófoba, racista y anti humanista, respecto de la inmigración del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos y absolutamente idéntica a la que siguió el Gobierno neoliberal del PP de Rajoy en sus peores años. Política basada en la persecución, la criminalización y la discriminación de los inmigrantes sin papeles. Y que se materializa en el cierre de fronteras con vallas y concertinas, las devoluciones en caliente, el encierro en cárceles ilegales (CIE), y la imposibilidad casi total de lograr el estatuto del refugiado para nadie.

Millones de seres humanos que huyen de la guerra, la miseria, la explotación y la falta de futuro de la que son causantes principales los intereses económicos y geopolíticos de los países imperialistas, entre ellos el Estado español, se ven criminalizados y perseguidos solo por su mero intento de sobrevivir en mejores condiciones que en sus países de origen.

Ahora y solo porque interesa a los intereses de los empresarios, las patronales agrarias y el Gobierno se les concede un permiso meramente temporal para poder trabajar en el campo bajo un régimen de hiperexplotación, para una vez pasada la pandemia del Covid-19 volver, con toda probabilidad, a su situación de irregularidad y volver a ser perseguidos, encarcelados y expulsados del país.

Se hace imprescindible, levantar comités sindicales de base de trabajadores y trabajadoras del campo que se autoorganicen y se coordinen para hacer frente a los abusos que se produzcan sobre estos trabajadores y trabajadoras precarizados, para exigir condiciones de trabajo y de seguridad dignas, así como imponer la regularización de todos los trabajadores sin papeles: quien trabaje para alimentar a la población en esta crisis brutal debe gozar del derecho a la residencia permanente sin condiciones.

En perspectiva, garantizar esto de forma duradera en el campo español solo puede ser fruto de imponer el control de las propias trabajadoras y trabajadores sobre la producción, y no en manos de unos parásitos que juegan con sus vidas en busca de beneficios. Quienes producen y están al frente de la batalla contra el coronavirus deben ser quienes tomen las decisiones de cómo se produce.

Fuente: La Izquierda Diario