Dos informes recientes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) sobre la falta de vivienda entre los estudiantes del condado de Los Ángeles constituyen una revelación devastadora de la realidad social a la que se enfrentan millones de familias de clase trabajadora.

Los informes, titulados «Rising Numbers, Fading Resources» y «Hidden In Plain Sight», ofrecen un retrato detallado, tanto estadístico como cualitativo, de un sistema incapaz de satisfacer las necesidades humanas más básicas, sobre todo el derecho a una vivienda estable y a la educación.

El aumento de la falta de vivienda entre los estudiantes es extraordinario. Entre los años escolares 2022-23 y 2023-24, el número de estudiantes sin hogar en el condado de Los Ángeles se disparó en un 28,4 por ciento, una tasa que supera con creces los aumentos tanto estatales como nacionales. Más de 61.000 estudiantes fueron identificados oficialmente como personas sin hogar.

Esta cifra por sí sola es impactante, pero solo refleja una parte de la verdadera magnitud de la privación. El aumento refleja el impacto combinado del alza vertiginosa de los costos de vivienda, la reducción de las limitadas protecciones de la era de la pandemia y la intensificación de la inseguridad económica entre las familias de clase trabajadora.

El condado de Los Ángeles, con una población de aproximadamente 10 millones de habitantes, es una región marcada por la extrema desigualdad social, con docenas de multimillonarios junto a amplios sectores de la población que viven al borde de la falta de vivienda.

Los informes de la UCLA subrayan el vínculo entre la falta de vivienda entre los estudiantes y la desigualdad social. Los estudiantes latinos se ven afectados de manera desproporcionada. En algunas áreas, los estudiantes que están aprendiendo inglés constituyen hasta la mitad de la población estudiantil sin hogar.

Estos patrones reflejan condiciones sociales más amplias, incluyendo salarios bajos, empleo precario y la vulnerabilidad asociada con el estatus migratorio en un sistema que explota sistemáticamente a los trabajadores inmigrantes mientras les niega derechos básicos.

Uno de cada tres estudiantes sin hogar en el condado de Los Ángeles es un estudiante de secundaria. Los jóvenes de más edad que se enfrentan a la inestabilidad de la vivienda corren un mayor riesgo de interrupción educativa, desmotivación y marginación económica duradera. La transición a la edad adulta se vuelve aún más precaria cuando el acceso a un refugio básico es incierto.

Desde el punto de vista geográfico, la falta de vivienda se concentra en escuelas que atienden principalmente a comunidades de clase trabajadora e inmigrantes, donde las tasas son de dos a seis veces superiores a la media estatal.

El Distrito Escolar Unificado de Primaria de Norwalk-La Mirada es un claro ejemplo de ello, con la tasa más alta del condado: 1 de cada 3 estudiantes, más de 4.700 de un total de 15.600, se encontraban sin hogar en el curso 2023-24.

El impacto educativo es grave: más de un tercio de los estudiantes sin hogar tienen ausencias crónicas debido a las barreras de transporte, los traslados frecuentes y las condiciones de vida inestables, lo que perturba tanto el progreso académico como el desarrollo social.

A pesar de que algunos distritos han implementado intervenciones específicas que produjeron mejoras limitadas en los resultados de los exámenes o en las tasas de deserción escolar, los estudiantes sin hogar siguen quedando rezagados respecto a sus compañeros que tienen vivienda.

Es fundamental señalar que el segundo informe de la UCLA muestra que incluso estas cifras alarmantes subestiman significativamente la magnitud de la crisis. Un gran número de estudiantes queda excluido de los recuentos oficiales debido a definiciones federales restrictivas y a informes inconsistentes. Aquellos que se encuentran en situación de «vivienda compartida», viviendo temporalmente con otras familias debido a dificultades económicas, a menudo quedan fuera, lo que hace que decenas de miles de estudiantes que sufren inestabilidad de vivienda queden, en la práctica, invisibles.

Este recuento insuficiente tiene consecuencias directas. La financiación de los programas que apoyan a los estudiantes sin hogar está vinculada a las tasas de identificación; cuando los estudiantes no son contados, no reciben asistencia. El resultado es un círculo vicioso en el que a los más vulnerables se les niegan sistemáticamente los recursos esenciales.

El miedo juega un papel decisivo. Muchas familias evitan revelar su situación de vivienda debido a preocupaciones sobre la aplicación de las leyes de inmigración, la intervención de los servicios de protección infantil o el estigma social. Estas presiones son particularmente agudas en las comunidades de inmigrantes, que constituyen una parte significativa del condado de Los Ángeles. Los datos estatales muestran que los estudiantes sin hogar tienen el doble de probabilidades de ser migrantes que sus compañeros con vivienda, lo que subraya el vínculo entre el estatus migratorio y la inseguridad de vivienda.

La falta de vivienda entre los estudiantes no es el resultado de la mala suerte individual o de un fallo administrativo aislado, sino el resultado de décadas de decisiones políticas que han priorizado sistemáticamente los intereses de la élite financiera y empresarial por encima de las necesidades de la población.

Tanto el Partido Demócrata como el Republicano tienen su parte de responsabilidad, ya que han desmantelado los programas sociales al tiempo que destinaban enormes recursos a la guerra, la policía y el enriquecimiento de los ricos. Su afirmación de que «no hay dinero» para la educación, la vivienda o la salud queda en evidencia como un fraude cuando se asignan habitualmente miles de millones al gasto militar y a los subsidios a las empresas.

Mientras que la administración de Trump expresa esta lógica de manera cruda y abierta, insistiendo en que las necesidades sociales deben subordinarse a la guerra y la seguridad nacional, el Partido Demócrata ha aplicado las mismas políticas esenciales de una forma más encubierta. Esto es particularmente evidente en California, un estado dominado por los demócratas durante décadas.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el segundo más grande de Estados Unidos, ejemplifica esta crisis. Con un presupuesto de 18.800 millones de dólares para atender a casi 400.000 estudiantes, prevé un déficit de 877 millones de dólares para el año escolar 2026-2027. Esto ya ha provocado despidos, recortes de programas y un mayor deterioro de unos servicios ya de por sí sobrecargados. Al mismo tiempo, las autoridades municipales están impulsando planes para privatizar aspectos de la gestión de la falta de vivienda, convirtiendo la catástrofe social en un ámbito para obtener ganancias.

Estas políticas se están implementando bajo el liderazgo demócrata, incluyendo figuras alineadas con tendencias ostensiblemente «progresistas» como los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA). Su papel no es desafiar el orden existente, sino contener a la oposición mientras se imponen las medidas de austeridad dictadas por la clase dominante.

Los legisladores demócratas están realizando esfuerzos para normalizar la falta de vivienda. El proyecto de ley AB 90 de California, presentado por Corey Jackson y ahora descartado únicamente por su costo, habría exigido a los colegios comunitarios permitir que los estudiantes durmieran en sus autos en el campus, institucionalizando el «estacionamiento seguro» como respuesta a la crisis en lugar de abordar la causa de fondo: la falta de vivienda asequible.

Sin embargo, la oposición está creciendo. La magnitud de la angustia social está generando una resistencia creciente entre los trabajadores y la juventud. En Los Ángeles, decenas de miles de educadores y trabajadores escolares se encaminan hacia una posible confrontación con las autoridades. United Teachers Los Angeles (Maestros Unidos de Los Ángeles) ha anunciado una posible huelga para el 14 de abril, en la que participarían 35.000 docentes y 30.000 trabajadores de servicios del sindicato SEIU 99.

Al mismo tiempo, las luchas recientes ponen de relieve el papel del aparato sindical en la represión de la oposición. En la Universidad de California, una huelga de 40.000 estudiantes de posgrado fue frenada mediante la intervención de la burocracia de la UAW, que actuó para bloquear una confrontación más amplia.

Los informes de la UCLA exponen una sociedad en la que las necesidades humanas básicas están subordinadas a la acumulación de riqueza por parte de una minúscula minoría. Abordar esta crisis requiere una reorganización fundamental de la sociedad basada en las necesidades humanas en lugar de en el lucro privado, a través de la movilización política independiente de la clase trabajadora contra ambos partidos y el sistema que defienden.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de abril de 2026)