Andrea LoboEn el norte de Chile, los trabajadores de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, iniciaron una huelga el martes después de que colapsaran las negociaciones con el principal dueño, el conglomerado australiano BHP.

Escondida produce el 5,4 por ciento de la producción mundial de cobre y representa el 2,5 por ciento de la economía chilena.

El 99,7 por ciento de los mineros votó a favor de la huelga, oponiéndose a las amenazas de extender la jornada laboral, aumentar la carga de trabajo y eliminar beneficios médicos y de comidas. Sus demandas incluyen un mayor tiempo de descanso, un acceso efectivo de las madres a las salas de lactancia, ajustes a los bonos variables y un bono de fin del conflicto de US$36.000. Han rechazado la oferta de un aumento salarial real del 2 por ciento sobre el salario base, que varía hoy de unos $1.000 a $2.250 por mes.

Otra preocupación clave planteada por los mineros son los crecientes despidos por la automatización y la subcontratación. Esta cuestión revela el papel que está desempeñando el sindicato, que ha renunciado a cualquier oposición al “derecho” de la empresa a despedir a los trabajadores a su antojo. En cambio, propone únicamente el paliativo de que la indemnización tome en cuenta todos los años trabajados, no solo el tope de 11 años estipulado por la ley chilena.

Las huelgas en la minera en 2006, 2007 y 2011, y una huelga de hambre en 2015 no lograron resolver los problemas de despidos constantes, condiciones inseguras, falta de personal y exceso de trabajo.

El sindicato, que fue descrito por un trabajador de Escondida en 2018 al WSWS como un “sindicato de papel” que nunca fue elegido, ha utilizado repetidamente las huelgas limitadas como una válvula de seguridad para apaciguar la oposición e imponer contratos propatronales.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hizo una declaración vacía de solidaridad sin movilizar sus fuerzas, dejando claro que ni el sindicato en Escondida ni la CUT están dispuestos a librar una lucha real para garantizar los intereses de los mineros. Tal lucha pondría en riesgo su cómodo asiento en la mesa con las corporaciones y pondría aún más en evidencia a sus aliados políticos en el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, dejó en claro la hostilidad del Gobierno de Boric a la huelga, afirmando a los periodistas: “Tuvimos en el 2017 en el país una experiencia de un paro que generó efectos tanto en materia de producción, de crecimiento como también de recaudación y esperamos que con una buena disposición las partes puedan llegar a un acuerdo”.

En 2017, una huelga de 44 días en la mina llevó a la economía a una recesión y elevó los precios mundiales del cobre. Los trabajadores que colocaron barricadas en la calle fueron despejados violentamente por Carabineros con gases lacrimógenos y otros equipos antidisturbios.

Boric ya mostró su voluntad de desplegar a la policía contra los mineros de cobre que hacían huelga en junio de 2022. Luego, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) puso fin a la huelga, que involucró a 52.000 trabajadores opuestos al cierre de una fundición. Esta traición permitió a la estatal Codelco y a los contratistas cerrar la fundición y despedir a la mayoría de los 350 trabajadores.

El martes, BHP activó un “plan de contingencia”, recurriendo a los trabajadores no sindicalizados para mantener “operaciones básicas” en Escondida, y logró utilizar contratistas para transportar concentrado de cobre por puerto.

Si bien el sindicato ha denunciado que la empresa está reemplazando ilegalmente a los trabajadores con esquiroles, no ha tratado de movilizar a los contratistas no sindicalizados, colocar piquetes ni apelar a sectores más amplios de trabajadores en Chile o internacionalmente. En otras palabras, el sindicato está aislando la huelga y preparando una derrota.

En general, la huelga ha puesto de relieve cómo la “izquierda” oficial y la burocracia sindical se han convertido en los ejecutores voluntarios de las regulaciones laborales reaccionarias heredadas de la dictadura fascista-militar del general Augusto Pinochet y los Gobiernos de transición “democráticos”, como el tope de indemnización de 11 años, los “planes de contingencia” que legalizaron romper huelgas, las sanciones contra los piquetes y la división de los trabajadores al permitir múltiples sindicatos y contratos en un solo lugar de trabajo.

Lejos del relato de que los mineros son privilegiados y desagradecidos, las demandas del sindicato no hacen mella en los niveles extremos de explotación y no brindan garantías para proteger los empleos.

Si los trabajadores tomaran los $8.847 millones en ganancias reportadas por la minera solo para el año fiscal 2023, cada uno obtendría $3.72 millones, y el contrato que se está firmando cubre tres años. En otras palabras, la empresa toma millones de cada trabajador y los entrega a los accionistas cada año. Tales ganancias mal habidas también serían más que suficientes para cubrir las necesidades básicas de los 1,3 millones de pobres de Chile.

Los mineros deben oponerse a ver la huelga como una manera de obtener algunas migajas más para el próximo contrato de tres años. La tradición debe recuperarse de que las luchas de los mineros sirvan como una poderosa punta de lanza en la lucha contra la igualdad social y por poner fin a los siglos de saqueo colonialista, la opresión imperialista y el gobierno de la servil oligarquía chilena.

La situación actual plantea directamente la demanda de expropiar y colocar todas las minas bajo el control democrático de los trabajadores, incluida Codelco, una lucha que ganaría un apoyo abrumador de todos los sectores de la clase trabajadora en Chile, América Latina e internacionalmente.

La huelga de 2017 en Escondida fue un factor importante en impulsar otras huelgas de mineros, profesores, trabajadores sanitarios y en Walmart en 2018, así como el estallido social de 2019 y las huelgas generales que involucraron a millones contra la desigualdad social.

Los puestos de trabajo y las condiciones para los mineros y trabajadores en Chile no pueden defenderse subordinando la lucha al Gobierno de Boric ni a sus aliados en los sindicatos. No hay nada que apelar, negociar o mediar con Boric ni su coalición pseudoizquierdista. El apoyo de Boric a la guerra entre Estados Unidos y la OTAN en Ucrania contra Rusia y su protagonismo en el intento de golpe de Estado en curso en Venezuela para instalar un régimen fascista de títeres de la CIA dejan claro cuáles intereses de clase representa. A pesar de sus pretensiones “izquierdistas”, Boric y su Gobierno no son más que herramientas del imperialismo y las transnacionales.

En cambio, los mineros de Escondida deben orientarse hacia sus hermanos y hermanas de clase en Chile y en todo el mundo, lo cual es necesario para enfrentar a corporaciones transnacionales masivas como BHP y los grupos financieros y Gobiernos imperialistas detrás de ellos. Esto incluye apoyar a los trabajadores automotores de Stellantis en Michigan que también se enfrentan a despidos masivos como resultado de la automatización y la transición a los vehículos eléctricos, que dependen del cobre y litio sudamericanos.

Para tener éxito, los trabajadores no solo deben extraer las lecciones de las traiciones de las luchas de 2019, que fueron canalizadas por los sindicatos y la pseudoizquierda detrás de la elección de Boric. Lo más importante es que los trabajadores deben estudiar la experiencia del Gobierno de Unidad Popular bajo Salvador Allende y el Partido Comunista estalinista.

Mientras que la nacionalización del cobre se completó bajo Allende, con el apoyo de la extrema derecha, la defensa del capitalismo por parte de su Gobierno no solo desarmó políticamente a los trabajadores, sino que implicó el despliegue de tropas para aplastar la huelga en la mina El Teniente y todas las luchas que se salieron del control de su Gobierno. Unidad Popular abrió la puerta al golpe de Estado de 1973 respaldado por Estados Unidos y a la instalación de la dictadura de Pinochet, que reprivatizó las minas después de arrestar, torturar y masacrar a los trabajadores más militantes.

Como escribió el World Socialist Web Site el año pasado al conmemorar el 50º aniversario del golpe chileno: “La lección fundamental de la derrota chilena fue que la clase obrera estaba dispuesta y era capaz de haber tomado el poder político, pero le faltaba el elemento decisivo de una dirección revolucionaria, un partido trotskista y la asimilación de las amargas lecciones del siglo XX”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de agosto de 2024)

https://www.wsws.org/es/articles/2024/08/17/pshd-a17.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter