Fuente: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGrcPMxHstCDSJxtKDCMZrmVNfr?projector=1&messagePartId=0.1                                                                            The Honduran Solidarity Network in North America (HSN) 02.02.23

La Red de Solidaridad con Honduras en América del Norte condena enérgicamente la ola de asesinatos de defensores de la tierra y el agua en la región del Bajo Aguán de Colón, Honduras
en las últimas semanas.
El 7 de enero, Ally Domínguez y Jairo Bonilla, ambos defensores del agua de la lucha contra la minería en Guapinol, Colón, fueron asesinados cuando regresaban del trabajo a su casa. Ally Domínguez fue uno de los defensores de Guapinol detenidos por un tiempo el año pasado por su participación en las protestas contra la empresa minera Inversiones Los Pinares.
Los campesinos organizados en la defensa de la tierra también han sido atacados. El 9 de enero, dos miembros de la cooperativa campesina La Chile resultaron gravemente heridos cuando  guardias  de seguridad privada de la empresa agroindustrial Dinant y policías hondureños abrieron fuego contra la comunidad.

El 18 de enero, José Omar Cruz Tomé, presidente de la  Cooperativa Los Laureles, fue asesinado a balazos en su domicilio junto a un miembro de su familia. Cruz Tomé quien había
denunciado que estaba recibiendo amenazas antes de su asesinato. La Corporación Dinant se opone al asentamiento cooperativo y sus guardias de seguridad armados amenazan
rutinariamente a los campesinos.
Xiomara Castro ha enfrentado la difícil tarea de desmantelar el aparato de la narcodictadura desde que asumió la presidencia hace un año. En la región del Aguán, simpatizantes y beneficiarios de la narcodictadura, poderosos terratenientes, empresas mineras y elementos de la fuerza pública continúan intimidando a las comunidades y organizaciones de base. Guardias paramilitares de seguridad privada, elementos de la policía y otras entidades de Seguridad Nacional están jugando otra vez un papel activo en la violencia tal como lo hicieron durante los 12 años de la dictadura de 2009-2021.
Si bien la región del Aguán es el centro de la violencia contra las comunidades rurales, ha habido ataques preocupantes contra líderes campesinos en otras regiones, como el tiroteo del 25 de enero contra Abelino Sánchez, de la Red de Defensores de la Tierra y el Territorio (RENADET) y la Unión Nacional de Trabajadores Rurales (CNTC), Presidente de la Cooperativa Campesina Aguacatal en Villanueva, Cortés. Sánchez permanece hospitalizado al momento de escribir este artículo.
Recientemente ha habido advertencias por funcionarios estadounidenses al gobierno de Castro contra lo que ellos llaman interferencia con la inversión corporativa extranjera en Honduras.
Como red de solidaridad que trabaja en los EE. UU. y Canadá, hacemos un llamado a estos gobiernos para que no interfieran en las reformas del gobierno hondureño destinadas a eliminar los remanentes y las estructuras de la narcodictadura. Lo que deben hacer es apoyar una defensa seria de los Derechos Humanos en Honduras y no apoyar a corporaciones implicadas en violaciones de derechos humanos.
Ante la situación y la alarmante escalada de violencia, la Red de Solidaridad Honduras se suma al apoyo de organizaciones internacionales y hondureñas a las siguientes demandas de las
comunidades y organizaciones afectadas en Honduras.
1. Una investigación seria, independiente del poder judicial y policial local, de todos los asesinatos y violencias que parta del reconocimiento de la condición de defensoras de derechos humanos y ambientales de las víctimas como clave de la investigación.
2. Que se brinde a los defensores todas las medidas de protección necesarias que soliciten de acuerdo con la ley hondureña.
3. Que el gobierno de Honduras tome las medidas necesarias para completar la cancelación de los permisos del proyecto minero Inversiones Pinares en el Parque Nacional Carlos Escalera sobre el río Guapinol.
4. Que el gobierno de Honduras tome todas las medidas necesarias para la implementación del acuerdo del 22 de febrero de 2022 entre el gobierno de Honduras y las cooperativas de reforma agraria, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de
Organización Popular en el Aguan-COPA.
5. Que se reforme el código penal hondureño para adecuar las penas por usurpación de tierras a los estándares internacionales de derechos humanos y se prioricen las propuestas del movimiento campesino para una nueva reforma agraria integral.
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