Geraldina Colotti 13/11/25
fot: Candidata del Partido LIBRE, Rixi Moncada.
Una “conspiración contra el proceso electoral”. Así ha calificado el consejero hondureño, Marlon Ochoa, el simulacro del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), llevado a cabo el domingo pasado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El simulacro del Trep fue uno de los ejercicios clave para medir la capacidad tecnológica del sistema antes de las elecciones generales del 30 de noviembre, pero los fallos reportados han generado preocupación entre los partidos políticos y los observadores nacionales. El CNE aún no ha publicado un informe oficial sobre las causas técnicas de los fallos señalados ni sobre las acusaciones de Ochoa, que llegaron pocos minutos después de que Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre (el partido de gobierno), afirmara durante un mitin celebrado en la capital que no reconocería los resultados transmitidos por el Trep:
“El CNE – había dicho Moncada – hizo un simulacro sobre el sistema de transmisión de resultados y este, tanto en la transmisión satelital como en la transmisión de una de las empresas a través de los canales de datos, fue un fracaso total”. Por ello, la candidata hizo referencia a una denuncia presentada por Ochoa ante el Ministerio Público sobre “26 audios” filtrados, contenidos en una memoria USB, acerca de la existencia de un plan interno e institucional, orquestado por la oposición y por miembros del CNE ligados a esta, para sabotear el resultado democrático de las elecciones mediante el uso indebido del sistema de transmisión de votos. Su filtración y uso público han elevado notablemente el nivel de tensión política preelectoral y el enfrentamiento entre el campo progresista y “el bipartidismo histórico”: es decir, el Partido Nacional y el Partido Liberal, sempiternos dominadores de la vida política hondureña antes de la (sufrida) victoria de Libertad y Refundación – Libre, liderado por la presidenta saliente Xiomara Castro.
En el marco de las crecientes amenazas del imperialismo estadounidense al continente latinoamericano y dada la fuerza que han mantenido en el país las oligarquías subalternas a este, la cita electoral del 30 no representa una simple contienda democrática, y lo ocurrido con el simulacro del Trep no es un simple escándalo, sino la expresión aguda del conflicto de clase que lacera el país centroamericano desde hace décadas: un conflicto entre las fuerzas que apoyan la soberanía popular y la emancipación nacional y aquellas que defienden el status quo neoliberal y la dependencia del imperialismo.
“La asociación ilícita del bipartidismo”, denunciada por la candidata de Libre, representada principalmente por el Partido Nacional y el Partido Liberal, está compuesta por la burguesía agraria, financiera y comercial, estrechamente ligada al capital transnacional (sobre todo estadounidense). Un bloque dominante cuyo principal objetivo es profundizar el modelo neoliberal basado en la explotación intensiva de la fuerza laboral de bajo costo, en el saqueo de los recursos naturales, a través de la concesión de contratos ventajosos al capital extranjero, la defensa del capitalismo extractivo y de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que ceden soberanía territorial a entidades privadas, y el mantenimiento de la dependencia económica de los Estados Unidos. Recordemos el asesinato de Berta Cáceres, figura destacada en la defensa de los derechos ambientales y de las poblaciones originarias, conocida por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca que amenazaba el río Guarcarque. Tras años de amenazas, Berta fue asesinada el 2 de marzo de 2016.
Estas fuerzas utilizan el control sobre los grandes medios, sobre el aparato judicial y, como sugieren las denuncias de Moncada, también sobre el sistema electoral (el CNE y el sistema de transmisión/PREP) para perpetuar su hegemonía política, incluso a costa de socavar la voluntad popular. No en vano, los candidatos de la derecha se inspiran abiertamente en el trumpismo o en sus epígonos continentales (en materia de seguridad, el “modelo Bukele”).
A la derecha, el panorama político está dominado históricamente por el Partido Nacional (PNH), pero incluye también otras formaciones menores con posiciones conservadoras y nacionalistas. A la izquierda, es mayoritario el partido Libertad y Refundación (Libre), en el gobierno con Xiomara Castro y que postula a Rixi Moncada. Es la expresión política de un amplio bloque social que incluye a la clase obrera (formal e informal), a los campesinos pobres, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a los jóvenes y a los intelectuales progresistas. El surgimiento de Libre fue una consecuencia directa del golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya (marido de Xiomara), «reo» de haber expresado la intención de someter a referéndum popular la posible adhesión al Alba, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ideada por Cuba y Venezuela. Un evento que, tras una sucesión de represión y fraudes electorales para impedir la victoria de la izquierda, ha radicalizado la conciencia popular.
El programa de Libre es el de avanzar hacia una transición post-neoliberal y en el fortalecimiento de la soberanía nacional: profundizando la nacionalización y el control público de los sectores estratégicos, las reformas agrarias y la defensa de los territorios ancestrales, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, y manteniendo la agenda de integración latinoamericana y un alejamiento de la sumisión geopolítica a los EE. UU. Un éxito del modelo de Libre reforzaría el eje progresista de la CELAC (ahora reunida en Colombia frente a las amenazas de EE. UU. a Venezuela), y la idea bolivariana de una Patria Grande soberana, en oposición al regreso de la Doctrina Monroe a la región. No debe olvidarse que en Honduras se encuentra la Base Aérea Soto Cano, sede de la Joint Task Force-Bravo (JTF-B) y principal centro de operaciones y entrenamiento de los Estados Unidos en Centroamérica. Por ello, como era de esperar, durante la campaña electoral, la candidata Rixi Moncada fue blanco de peticiones de condena a Venezuela y al «dictador» Maduro.