La impunidad con la que siguen paseándose por el mundo y cobrando por conferencias George W. Bush, Tony Blair, José María Aznar y el resto de responsables lanza un estruendoso mensaje a los genocidas del mundo: masacrad, destruid, expoliad cuanto queráis. Quien mejor lo haga, gana.

Quienes sí han pagado por su atrevimiento son quienes cumplieron el primer mandato del periodismo: investigar y revelar los delitos cometidos por los Estados. En el caso de la exsoldado y analista Chelsea Manning, quien filtró los documentos clasificados, pasó siete años en prisión hasta que su condena de 35 años fue conmutada por el entonces presidente Barack Obama. En el de Julian Assange, la persecución no ha cesado y, desde hace más de cuatro años, permanece en la prisión más restrictiva de Inglaterra a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Allí se enfrenta a una condena de más de 175 años de prisión. Está acusado de espionaje por las labores que realizamos –o deberíamos realizar– los periodistas a diario.

De nuevo, el mensaje lanzado por los poderes estadounidenses es claro: periodistas del mundo, sepan que si informan sobre los delitos cometidos por nuestras instituciones, no habrá lugar en el mundo en el que ponerse a salvo. La abogada y esposa del fundador de Wikileaks, Stella Assange, lo ejemplificaba así en una entrevista con la Deutsche Welle: “Imagina que China hiciera lo mismo y persiguiera en Alemania por el mismo cargo a un periodista por desvelar crímenes del Gobierno chino”.

Mientras tanto, el presidente Biden, gran valedor en las filas demócratas de la invasión de Irak, se dedica a exigir la liberación de los periodistas presos en todo el mundo y, con especial énfasis, la del reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich en Rusia. A la vez, su Administración no encuentra ninguna contradicción en seguir presionando a Downing Street para que extradite a Assange cuanto antes. En el caso de hacerlo, sería encerrado en una prisión de alta seguridad en la que podría pasar hasta 23 horas de aislamiento al día. La industria carcelaria de Estados Unidos aplica el aislamiento de manera regular, arbitraria y mortífera incluso a personas que están a la espera de juicio en prisión condicional, también en las áreas destinadas a quienes sufren problemas de salud mental.

Sólo en abril de este año se han conocido las muertes de dos prisioneros que han vuelto a evidenciar cómo las cárceles estadounidenses son espacios de tortura con impunidad. Gestionadas por empresas privadas, encargadas del encierro de más de dos millones de personas –Estados Unidos tiene el porcentaje más alto del mundo de población privada de libertad– se han convertido en uno de los principales negocios del país.

Encerrar para dejar morir

La fotografía de Lashawn Thompson muestra su rostro cubierto de picaduras. Ingresó en prisión provisional, a la espera de juicio, en el área de internos con problemas psiquiátricos en la cárcel Fulton County, en Atlanta (Georgia). Tres meses después, en septiembre de 2022, moría en su celda, con el cuerpo lleno de llagas, sin que nadie supiera decirle a su abogado cuándo había sido la última vez que alguien le había visto con vida. Según declaró en WBTV, el cadáver yacía entre basura y excrementos. El Southern Center for Human Rights, que identificó diez muertes en esta misma prisión en 2022, publicó un informe en el que recogía que en esta unidad de salud mental “el 100% de las personas recluidas tenían piojos, sarna o ambos”.

El otro caso es el de Joshua McLemore, un hombre encarcelado por tirarle del pelo a una enfermera cuando le trataba por un brote psicótico. Diagnosticado de esquizofrenia, fue encerrado en la prisión Jackson de Indiana, donde pasó 20 días en un cuartucho sin ventanas ni baño antes de morir desnutrido y deshidratado. Las fotografías evidencian cómo tenía que miccionar y defecar en el mismo suelo en el que dormía y comía. Las luces fluorescentes permanecían encendidas las 24 horas y en ningún momento se le dejó salir de su celda. Ningún trabajador apuntó nada en su informe en más de siete días, cuando por su estado debían hacerle un seguimiento cada 15 minutos. En ese periodo perdió 20 kilos de peso, según la información publicada en World Socialist Website.

La familia de Assange ha advertido que este atraviesa una profunda depresión y de que, en el caso de ser extraditado a Estados Unidos, se suicidará. Viendo las imágenes de Thompson y McLemore durante su encarcelamiento, resulta inevitable recordar las de las torturas que los soldados estadounidenses practicaron contra los iraquíes en la prisión de Abu Ghraib. Una cárcel cuyos métodos de torturas y vejaciones, así como los intentos del Ejército para ocultarlos, conocemos gracias a Assange.

El abogado Jeffrey Sterling, extrabajador de la CIA que fue condenado por espionaje tras entregarle información secreta al periodista James Risen, declaró en un acto a favor de Assange que en Estados Unidos tiene muy pocas posibilidades de tener un juicio justo. “Es imposible defenderse de la acusación de espionaje. La verdad no es una defensa. De hecho, cualquier defensa basada en la verdad está prohibida. Y, además, no tendrá acceso a ninguna de las supuestas pruebas que se empleen contra él”.

Es decir, acusar a Assange de espionaje –como a cualquier periodista o activista que desvele información contraria a los intereses de Estados Unidos–, le priva de su derecho a la defensa y, por tanto, de todos los demás. Y su encarcelamiento, en su actual estado de salud mental, amenazaría su propia supervivencia. Máxime cuando, según declararon exfuncionarios de Inteligencia a Yahoo News, en 2017 el director de la CIA habría planeado, con otros altos mandos de la agencia, entrar en la embajada ecuatoriana, secuestrar a Assange y asesinarlo.

Exigir a Reino Unido su inmediata puesta en libertad y al resto de los Estados que garanticen su integridad es lo mínimo que debemos hacer como demócratas en defensa del derecho a la libertad de expresión y a la información. Pero también en agradecimiento por sus servicios prestados como parte de una ciudadanía que sigue creyendo en la defensa de los derechos humanos. Defender a Assange es combatir la impunidad estadounidense criminal. Pero también la de sus cómplices, a quienes tenemos más cerca: Tony Blair y José María Aznar.