A dos meses de iniciada la crisis haitiana y cuando los muertos ya se aproximan a 2.000, las bandas armadas, que han superado a la policía, pueden, a su gusto, entrar a saco a los barrios, donde saquean, violan y matan y el mundo sigue sin enterarse.

Al parecer el único país que está haciendo algo es la República Dominicana, con la que Haití comparte una frontera de 376 kilómetros que divide en dos la isla La Española. Ni bien comenzado el conflicto, Santo Domingo ordenó exhaustivas razzias contra los haitianos ilegales, expulsándolos a su país, además de iniciar la construcción de un muro para impedirles la vuelta.

La nación que todavía no había podido recuperarse del catastrófico terremoto de enero del 2010 que dejó más de 200.000 muertos y amplísimas áreas del país, y fundamentalmente de su capital Puerto Príncipe, absolutamente devastadas, antes y después del sismo sufre constantes remesones políticos desde la caída del último de los Claude “Baby Doc” Duvalier, derrocado en 1985 terminando así con el “reinado” fundado por su padre François o “Papa Doc”, que había llegado al poder en 1957. Desde la caída de Claude el país no pudo encarrilarse y cada vez que estuvo cerca de hacerlo alguna fuerza extraña, que tiene mucho más que ver con Washington que con el vudú, se interpuso.

Quizás fue Jean-Bertrand Aristide quién más cerca estuvo de lograrlo. En 1990 se convirtió en el primer presidente electo en la historia del país. Derrocado por un golpe militar al año siguiente y repuesto en su cargo cuatro años después por la intervención de una fuerza militar multinacional liderada por los Estados Unidos, consiguió terminar su mandato en 1996. En el año 2000 fue reelegido y debido a su acercamiento a Cuba y Venezuela Washington decide derrocarlo en 2004 por medio de un movimiento conocido como el Grupo de los 184. Los gobiernos pronorteamericanos se sucedieron hasta Jovenel Moïse, elegido en 2017 y asesinado en 2021.

En 2019, tras diversos hechos de corrupción por parte de Moïse -un rico productor bananero que cometió los hechos incluso desde antes de ser presidente- malversando cientos de millones de dólares producto de los beneficios que proporcionó al país el programa PetroCaribe, implementado en 2005 por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, que permitía a países de región acceder al petróleo venezolano a muy bajos costos. Comprobados los ilícitos estalló una escalada de cada vez más numerosas protestas, acompañadas de bloqueos de caminos.

Para superar la crisis Moïse no solo utilizó a la policía, que actuó con extrema violencia produciendo muertos y cientos de heridos, sino que también convocó a bandas criminales para atacar las manifestaciones, lo que terminó con el poco consenso que todavía tenía entre la población y precipitó el ataque de un comando de una veintena de mercenarios, la mayoría de nacionalidad colombiana, que asaltaron, sin tener resistencia, la casa particular del Moïse, quien fue sorprendido en su cuarto y asesinado a balazos. En el mismo hecho su mujer resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada a La Florida (Estados Unidos) para ser atendida.

Desde entonces el país ha estado gobernado por un Consejo de Ministros que lo ha llevado a su actual encrucijada en la que un conglomerado de unas 200 bandas criminales, agrupadas bajo el nombre Viv Ansanm (en creole vivir juntos) y lideradas por un exoficial de las fuerzas especiales de la policía, Jimmy “Barbacoa” Chérizier, que lentamente han derivado a una fuerza política y hoy abiertamente luchan por el poder de la isla después de haber superado a la única fuerza legal, la policía, ya que el ejército fue disuelto en 1995.

Una crisis distópica

Una crisis multidimensional, agravada por su larga proyección histórica, ha llevado al país a vivir esta realidad casi distópica donde no solo la crónica crisis política económica, social y humanitaria ha arrastrado a casi siete millones -de los poco más de 11millones de habitantes que tiene que el país- a padecer algún grado de desnutrición y estar sometidos a la violencia constante de las autoridades, empezado por la fuerza policial, responsable de infinidad de delitos y cientos de ejecuciones extrajudiciales, además de desapariciones y torturas. En lo que va del nuevo estallido de violencia que explotó a principios de marzo, unas 13.000 personas abandonaron el país, que se suman a las 310.000 que lo hicieron a lo largo del año pasado.

Ahora se suman las pandillas criminales que, si bien han estado presentes en el país desde los primeros años del gobierno de Papa Doc Duvalier, a medida que se profundizan las crisis estas bandas, que siempre han sido utilizadas por el poder político, no solo incrementan sus fuerzas cada vez con más componentes, sino que además aparecen nuevas organizaciones mafiosas.

Estos grupos, al servicio de diversos gobiernos, han realizado matanzas en las que han llegado contarse hasta 150 muertos en una sola jornada, como la de 2020 en uno de los barrios de Puerto Príncipe, Cité Soleil en el 2020.

Sabiéndose hoy el hombre más poderoso del país y que a poco está de imponerse como presidente después que ponga en fuga a los pocos funcionarios gubernamentales que quedan después de la renuncia del Primer Ministro Ariel Henry -que fungía como cabeza del Estado hasta el 11 de marzo y tuvo que escapar a Puerto Rico- Jimmy Cherizie, anunció que “está abierto al diálogo” para poner fin a la violencia y agregó: “Estamos listos para todas las soluciones mientras los haitianos estén sobre la mesa, estamos listos para sentarnos y hablar con todos, porque no estamos orgullosos de lo que está sucediendo en este país”, ya decididamente abandonado su rol de pandillero para convertirse en un nuevo referente político.

Además cuestionó la posibilidad de la llegada al país de un contingente keniano que sería la avanzada de una fuerza multinacional respaldada por las Naciones Unidas para restablecer el orden, Cherizier advirtió que resistirían la llegada de cualquier presencia extranjera y predijo que en los próximos días la situación iría a empeorar con respecto a como se encontraba el día 29, lo que se está confirmando en estos últimos tres días.

Mientras la situación en Haití se recrudece, se sabe que la llegada de las tropas keniatas está cada vez más lejana. El jefe de la oposición al presidente William Ruto, Ekuru Aukot, advirtió acerca de la llegada “en bolsas para cadáveres” de efectivos de su país. Ya el año pasado Aukot presentó una impugnación legal contra el despliegue.

La llegada de los militares y policías de Kenia se esperaba a comienzo de enero pasado, pero la resistencia popular y mediática obligó a que el Tribunal Superior del país fallara contra del despliegue, con el argumento de que sería ilegal por falta de un “acuerdo recíproco”.

La posibilidad de la llegada de efectivos kenianos a Haití comenzó a pergeñarse incluso antes de la visita oficial a Kenia, a fin de febrero último, del hoy renunciado Ariel Henry, en la que incluso se firmaron acuerdos para eliminar impedimentos legales. Tras conocerse esa renuncia, Nairobi anunció la suspensión del envío de los 1.000 efectivos.

Más allá de que Kenia ya participó en operaciones de mantenimiento de la paz, en estas últimas décadas, en naciones vecinas como Somalia y la República Democrática del Congo, un país tan remoto como Haití sonó extremadamente confuso para la comunidad keniana. Con esta jugada, el presidente Ruto intenta fortalecer el perfil internacional del país, además de pretender hacer buena letra con Washington que había prometido trescientos millones de dólares en apoyo médico, logístico y de inteligencia.

Aunque ya sea difícil entender cómo es posible agravar más la situación, el fracaso de la opción keniana y el apabullante silencio de la comunidad internacional hacen que Haití, en manos de pandillas criminales, siga derivando solitario hacia un naufragio seguro y quizás definitivo.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC

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