Haití. Por justicia climática y reparaciones incondicionales: la deuda ecológica debe saldarse

Haití No Minustah, Libre y Soberana

En 2025 se cumplirán diez años de la adopción del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Observamos que, diez años después, el proceso internacional de negociación climática presenta numerosas deficiencias en su capacidad para ofrecer soluciones concretas. Este fracaso se manifiesta en diversos niveles.

La brecha entre los objetivos y la realidad. El principal problema de las conferencias climáticas radica en la discrepancia entre los compromisos determinados a nivel nacional (CDN) y la trayectoria científica necesaria para limitar el calentamiento global. Las contribuciones voluntarias determinadas a nivel nacional son insuficientes; sitúan al planeta en una senda que conducirá a un calentamiento superior a los objetivos del Acuerdo de París.

Falta de concienciación real. Los acuerdos suelen basarse en un sistema de compromisos voluntarios, sin mecanismos de sanción suficientemente contundentes para obligar a los Estados a cumplir sus promesas. Su aplicación no siempre es vinculante. Los países desarrollados no han cumplido su promesa de aportar 100.000 millones de dólares anuales para financiar la acción climática. Esta situación genera desconfianza y envenena las negociaciones.

Influencia de los intereses económicos y falsas soluciones. El proceso de la COP a menudo se basa en la influencia de diversos actores económicos interesados ​​en mantener el statu quo.

Con motivo de la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebra en Belém, Brasil, los movimientos populares haitianos exigen justicia climática y reparaciones incondicionales. Nuestro país sufre desde hace años un grave colapso estatal y una profunda crisis humanitaria exacerbada por los impactos del cambio climático. Esta combinación de vulnerabilidad, violencia y fragilidad institucional requiere una respuesta política y financiera acorde con la responsabilidad histórica de los mayores emisores de gases de efecto invernadero y adaptada a las realidades de las comunidades que viven y resisten a diario.

Exigimos el reconocimiento formal, al más alto nivel, de un estatus especial para Haití: «País que enfrenta un colapso estatal y una grave crisis humanitaria, situación agravada por el cambio climático». Este reconocimiento debe traducirse de inmediato en acciones concretas que proporcionen subsidios y eliminen las barreras burocráticas y financieras que impiden una acción eficaz contra los impactos del cambio climático.

Al micrófono, el profesor Camille Chalmers, de la Plataforma Haitiana para la Defensa del Desarrollo Alternativo (PAPDA).

Aprovechamos esta oportunidad para recordar la historia colonial y el rescate de 90 millones de francos en oro que Francia obligó a Haití a pagar en 1825 a cambio de reconocer su independencia: una deuda ilegítima que lastró al país durante más de un siglo.

Esta deuda, que obligó a Haití a destinar todos sus recursos al pago a Francia, es una de las principales causas de la actual crisis ecológica y la deforestación, ya que muchos gobiernos haitianos se vieron obligados a talar y vender madera valiosa en el mercado internacional para obtener divisas y pagar al Estado francés, a los antiguos propietarios de esclavos y a los bancos privados franceses.

La explotación forzada de nuestros recursos naturales fomentó una deforestación masiva, que contribuyó significativamente al debilitamiento del ecosistema y a la vulnerabilidad del país ante los impactos climáticos. Por lo tanto, exigimos la cancelación inmediata y coordinada de todas las deudas ilegítimas que oprimen al país: un primer paso simbólico pero esencial para liberar recursos públicos para la adaptación, la recuperación y la resiliencia.

Exigimos que Francia devuelva todo el dinero robado a Haití en virtud de la Ordenanza de la Infamia de 1825. Francia debe indemnizar y compensar al pueblo haitiano por todos los daños y la destrucción causados ​​por este rescate. Reparación. Restitución. Paralelamente, es necesario reformar el acceso al Fondo de Ayuda para Daños y a todos los instrumentos multilaterales: los procedimientos deben permitir la financiación directa a organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y grupos comunitarios, sin condicionalidades políticas que oculten las responsabilidades históricas de los países capitalistas. Proponemos la creación de un mecanismo de financiación de emergencia para que Haití pueda afrontar los impactos del cambio climático.

Nuestras prioridades son concretas y urgentes: fortalecer la soberanía alimentaria mediante la agroecología campesina, restaurar y proteger las cuencas hidrográficas a través de programas de reforestación gestionados localmente, establecer y mantener sistemas de alerta temprana comunitarios, construir infraestructura resiliente e implementar una amplia gama de soluciones descentralizadas de energía renovable para electrificar de forma sostenible las zonas rurales. Este enfoque puede generar empleo, capacidad técnica y resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

La dimensión regional de la lucha contra el cambio climático es fundamental. Hacemos un llamado a los países del Caribe y a otros aliados latinoamericanos para que unan fuerzas y exijan compromisos firmes con respecto a las pérdidas y los daños causados ​​por el cambio climático, así como la cancelación de la deuda. Instamos a las principales potencias regionales con una importante responsabilidad histórica en el cambio climático (como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea) a que asuman sus responsabilidades, contribuyendo directamente a los mecanismos de reparación y ajustando sus políticas migratorias y de seguridad para evitar que sus decisiones agraven la crisis humanitaria en Haití.

Por último, la postura de los movimientos populares haitianos exige reparaciones, redistribución de recursos y respeto a la dignidad del pueblo. La crisis climática no es una mera expresión retórica en Haití; se manifiesta en una grave crisis alimentaria, el desplazamiento forzado de la población y la destrucción de la infraestructura nacional. Los agricultores están perdiendo sus cosechas y ganado, ya sea por sequías o inundaciones.

Apoyar a Haití en la lucha contra el cambio climático no es un acto de caridad, sino una obligación moral y una condición necesaria para la estabilidad y la seguridad de toda la región del Caribe. Ninguna condición política puede sustituir el derecho fundamental a la reparación y la justicia.

Camille Chalmers es economista, profesora y secretaria de la Plataforma Haitiana para la Defensa del Desarrollo Alternativo (PHADA), además de miembro del Jubileo de las Naciones Unidas por Haití.

Publicado en el sitio web Brasil de Fato., 11/11/25

 

 

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