Fuente: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/Judicial/grupo-abogados-ultima-querella-mas-2000-familiares-fallecidos-consejo-ministros/20200416174456143045.html 17.04.2020
Un grupo de abogados ultima una querella con más de 2.000 familiares de fallecidos contra el Consejo de Ministros
La demanda pretende imputar a todo el Gobierno un delito de homicidio imprudente. Será interpuesta ante Tribunal Supremo por tratarse de aforados
Un grupo de abogados de toda España está preparando una querella con familiares de fallecidos por el Covid-19 para imputar a todos los miembros del Consejo de Ministros un delito de homicidio imprudente por la gestión de la pandemia.
Se trata de presentar una única querella a la que, por el momento, se han sumado ya 2.400 afectados. “Les estamos pidiendo a todos certificado de defunción en el que conste el motivo de la muerte, tiene que ser por Covid, claro. Y los datos personales”, explica José Ignacio Sánchez Rubio, uno de los letrados que lleva el caso.
El movimiento para reunir a los afectados lo iniciaron 32 abogados y 4 procuradores, que aceptaban a nuevos profesionales. Afirman que han recibido un “aluvión” de voluntarios, que superan ya varios miles.
Los 23 miembros del Consejo de Ministros, imputados
La querella está dirigida al presidente del Gobierno y los 22 miembros restantes del Consejo de Ministros. A todos por igual porque, considera este grupo de abogados, que las decisiones para resolver la crisis del coronavirus se consensuaron entre todos y, por tanto, la responsabilidad es la misma.
Se presentará ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, único juzgado competente para enjuiciar a a los ministros, por su condición de aforados. Si la sala lo admite a trámite se producirá una imagen sin precedentes: todos los miembros de un Gobierno sentados en el banquillo en un mismo juicio.
Según fuentes cercanas al proceso, pretenden impuntarles, al menos, un delito de homicidio por imprudencia “por no haber tomado a tiempo las medidas adecuadas”.
Y responsabilidad civil
Los abogados están ultimando el escrito de acusación que enviarán por medios telemáticos. “Queremos hacerlo bien para que no haya obstáculos ni pegas de admisión. Una vez esté presentada, si hay afectados que siguen enviando la documentación pediremos la incorporación en la causa”, explica Sánchez Rubio.
Las penas que esta demanda puede acarrear irán en función de si la imprudencia se considera grave o leve, pero suponen hasta 18 meses de prisión por cada uno de los fallecidos que estén personados como querellantes.
Además, también se está valorando la responsabilidad civil de cara a pedir una indemnización.
El código deontológico de los abogados
El abogado Sánchez Rubio está siendo la cara visible de este proceso aunque reconoce que los letrados que firmen el escrito de acusación tienen una amplia trayectoria en juicios en el Supremo.
En las últimas semanas, han surgido algunas polémicas a raíz de las denuncias de abogados con plataformas de afectados.
El 6 de abril, Sánchez Rubio publicitó en una web minoritaria, su iniciativa de interponer una querella contra el Consejo de Ministros, diciendo que había ya 41 familias, con 43 fallecidos, y que incorporarían a todos los que hayan perdido un familiar por el coronavirus y que así lo soliciten, añadiendo que se haría de forma gratuita.
El Código Deontológico de la Abogacía Española en el artículo 6 especifica que la oferta de servicios profesionales a víctimas directas o indirectas de catástrofes con un elevado número de afectados no puede darse hasta transcurridos 45 días de este hecho.
Presentada una denuncia
El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha confirmado a Confidencial Digital que Sánchez Rubio no tiene ningún expediente disciplinario abierto ni sanciones deontológicas. Aunque, según ha podido saber ECD, hay presentada una denuncia contra él ante el Colegio a raíz de esta iniciativa.
No obstante, la ICAM todavía no se ha pronunciado ante este hecho ni ha abierto ningún proceso.
Sánchez Rubio es presidente de Derecha Liberal Española, una formación creada en 2014 que, según la página web, se sustenta en el derecho a vivir, el derecho a la libertad de pensamiento y deambulación y el derecho a la propiedad privada.
Nacido en Béjar y cacereño de adopción, con casi 75 años de edad, militó en el Partido Popular durante años, en 2012 se afilió a Vox, y en 2014 se presentó a las primarias del partido para ser candidato a las elecciones europeas. No consiguió la nominación, y a continuación se desvinculó del partido.