Un vecino senegalés (Samba) del Cerro de San Miguel Alto, en el corazón del Albaicín granadino, falleció el 24 de noviembre de 2024 por tromboembolismo pulmonar tras pedir ayuda dos veces al 112 Andalucía. Le recomendaron tomar un taxi y luego ibuprofeno, sin enviar ambulancia pese a síntomas graves. Al día siguiente, un vecino lo encontró muerto en su vivienda.

El tromboembolismo pulmonar es una urgencia médica vital que requiere atención hospitalaria inmediata. Se produce cuando un coágulo obstruye las arterias pulmonares, impidiendo que la sangre llegue a los pulmones para oxigenarse. Los síntomas incluyen falta de aire, dolor torácico agudo, tos con sangre, ansiedad, mareos y desvanecimientos CUN. La mayoría de los pacientes con esta patología deben ingresar en el hospital y recibir tratamiento anticoagulante urgente mediante heparina. Recetar ibuprofeno ante es una negligencia que ha costado una vida.

Un patrón de violencia institucional

Esta muerte nrevela el insoportable racismo institucional contra los migrantes africanos, contra los cuerpo negros que viven en condiciones de pobreza y estigmatización territorial en barrios como el Cerro de San Miguel. 39 entidades –desde Granafrik, Granada Acoge, APDHA, CNT-AIT Granada, Amnistía Internacional Granada hasta sindicatos y partidos como IU, PCE y Podemos Granada– han denunciado la negligencia y exigen revisar los protocolos del 112. La Junta de Andalucía no ha respondido pese a los requerimientos de los familiares, que han denunciado judicialmente para esclarecer responsabilidades.

El Cerro de San Miguel Alto es un territorio marcado por la exclusión histórica dentro del propio Albaicín, barrio Patrimonio de la Humanidad donde conviven el turismo de lujo con la marginación más severa. Mientras las instituciones invierten en embellecer ciertas zonas para el consumo turístico, las partes altas del barrio –donde vive población migrante y en situación de vulnerabilidad– sufren el abandono sistemático de servicios básicos. Andalucía es la región con más pobreza y exclusión social de España, con 3,2 millones de personas en riesgo, y barrios como el Cerro de San Miguel concentran estas desigualdades de forma brutal.

En el Cerro de San Miguel, zona de exclusión histórica, los fallos del 112 se repiten, agravando la discriminación por origen y pobreza. Casos similares salpican Andalucía: negligencias en emergencias que cuestan vidas en barrios vulnerables, con protocolos deficientes que priorizan el triaje telefónico sobre la atención inmediata. El racismo no siempre es explícito, está en las decisiones que se toman cuando quien llama tiene acento extranjero, vive en un barrio marginalizado, o simplemente es percibido como prescindible por el sistema.

¿Habrían enviado una ambulancia inmediatamente si la llamada hubiera venido del barrio de los Cármenes o del Realejo turístico? La pregunta es incómoda, pero todas sabemos la respuesta. El código postal y el color de piel no deberían determinar quién merece vivir y quién queda abandonado a su suerte.

La APDHA lleva años documentando casos de racismo institucional que terminan en tragedia. En Sevilla, Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés de 43 años, murió ahogado en el Guadalquivir tras ser perseguido por la Policía Local. La investigación judicial fue archivada, perpetuando la impunidad. Cada archivo, cada silencio institucional, cada muerte evitable refuerza el mensaje de que las vidas negras importamos menos.

«La sanidad pública es universal y todo el mundo tenemos derecho a asistencia médica sin que importe nuestro origen o dónde vivimos», insisten las 39 entidades firmantes del comunicado. Pero la realidad desmiente este principio una y otra vez. Los vecinos del Albaicín claman por responsabilidades. Exigen que se investigue no solo este caso, sino el funcionamiento sistemático del 112 que permite que estas muertes sucedan.

Cuando alguien con acento extranjero llama desde un barrio pobre 112 con síntomas de esta gravedad y le dicen que tome un taxi o un ibuprofeno, estamos ante una cadena de decisiones que evidencian la deshumanización de quienes viven en los márgenes.

Dolor y rabia

Dolor y la rabia otra vez. Otro cuerpo negro abandonado por el sistema. Otro nombre que debería estar vivo pero que el racismo institucional convirtió en estadística. Exigimos investigación exhaustiva, protocolos igualitarios que garanticen la misma respuesta independientemente del barrio o el origen, y justicia para que no haya más muertes evitables en Granada.

Exigimos que la Junta de Andalucía rompa su silencio. Que el 112 revise sus protocolos con perspectiva antirracista. Que se auditen las llamadas y se investigue si existen patrones discriminatorios en las respuestas según el perfil de quien llama. Que se garantice formación obligatoria en derechos humanos y antirracismo para todo el personal sanitario y de emergencias.

No aceptaremos más condolencias vacías. No aceptaremos más promesas de «mejorar los protocolos» que nunca se cumplen. Queremos nombres, queremos responsables, queremos cambios estructurales. Queremos que la vida de un vecino senegalés del Cerro de San Miguel valga lo mismo que la de cualquier otra persona en esta ciudad.

La sanidad pública debe ser universal, sin importar dónde vivas o de dónde vengas. Hasta que esto sea realidad, seguiremos denunciando. Seguiremos nombrando. Seguiremos exigiendo.

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