La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha hecho historia hoy. Confirmó la plausibilidad de la acusación de Sudáfrica en virtud de la Convención sobre el Genocidio de que «Israel ha cometido, está cometiendo y corre el riesgo de seguir cometiendo actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza». Ordena a Israel que impida cualquier acto genocida, que impida que sus militares cometan tale actos y que garantice el ingreso de alimentos, agua, medicinas y otras necesidades humanitarias a la ocupada y asediada Franja de Gaza.

El Comité Palestino de Coordinación contra el Apartheid (PAACC), formado por el Departamento contra el Apartheid de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el Comité contra el Apartheid del Consejo Nacional Palestino (PNC), el movimiento por el Boicot, las Desinversiones y las Sanciones al Estado de Israel (BDS), el Consejo Palestino de Organizaciones de Derechos Humanos (PHROC) y la Red Palestina de ONG (PNGO), acoge con gran satisfacción la histórica decisión de la CIJ. Las decisiones de la CIJ son definitivas, vinculantes e inapelables, y todos los Estados deben cumplir con sus obligaciones legales adoptando unilateral y colectivamente todas las medidas posibles para garantizar de forma urgente y definitiva que Israel respete la decisión de la Corte y aplique íntegramente y sin demora las medidas provisionales ordenadas.

Aunque la Corte no llegó a ordenar explícitamente un cese al fuego inmediato y permanente para detener el genocidio, ahora más que nunca hay que presionar a los Estados para que cumplan sus obligaciones legales e impongan un cese el fuego a Israel.

La decisión de la CIJ hace recaer ahora una mayor responsabilidad jurídica, además de moral, sobre los Estados que respetan el derecho internacional, sobre la sociedad civil y sobre las personas de conciencia de todo el mundo para poner fin al genocidio en curso de Israel y ayudar a desmantelar su sistema de opresión subyacente.

Todos los Estados, empresas e instituciones, incluyendo las empresas de medios de comunicación, que son cómplices de cualquier aspecto del régimen de colonialismo, apartheid y ocupación militar de Israel, que ya ha durado 75 años, deben dejar de ser cómplices de inmediato y rendir cuentas por complicidad en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, posiblemente, genocidio. Los terceros Estados que hayan suministrado a sabiendas armas, materiales y otro tipo de apoyo a Israel para su uso en crímenes atroces, incluyendo el genocidio, deben rendir cuentas por contribuir a hechos internacionalmente ilícitos e incumplimientos de las normas de ius cogens del derecho internacional.

Tras la histórica decisión de la CIJ de que es plausible que Israel esté cometiendo genocidio, y dado que los Estados Parte en la Convención sobre el Genocidio tienen la obligación erga omnes de prevenir y castigar el delito de genocidio, los Estados deben:

• Imponer un embargo militar bidireccional a Israel, trabajar para que la ONU le imponga un embargo de armas obligatorio y adoptar otras medidas punitivas para prevenir y erradicar sus actos de genocidio, y acabar el apoyo económico y diplomático a este país.

• Imponer sanciones económicas y otras contramedidas legales y proporcionadas a Israel, incluida la cancelación de todos los acuerdos de libre comercio y cooperación, hasta que cumpla las obligaciones que le impone el derecho internacional.

• Tomar medidas inmediatas para expulsar a Israel de foros internacionales como la AGNU, el Comité Olímpico Internacional, la FIFA y otros, tal y como se hizo con la Sudáfrica del apartheid.

• Los Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) deben presionar al Fiscal para que avance rápidamente en la investigación de todos los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio cometidos por los perpetuadores israelíes contra el pueblo palestino, y para que emita inmediatamente y sin más demora órdenes de captura para los expedientes que la Corte tiene ante sí desde 2014. También deben garantizar que la Corte cuenta con todos los recursos necesarios para garantizar la viabilidad de la investigación sobre la situación en Palestina.

• Detener y procesar, incluso aplicando la Jurisdicción Universal, a los ciudadanos israelíes, incluidos los funcionarios del gobierno, o a las personas presentes en su territorio o bajo su jurisdicción, que hayan incitado al genocidio, apoyado el genocidio o llevado a cabo actos genocidas contra el pueblo palestino.

• Asumir su responsabilidad de garantizar que las entidades e instituciones corporativas domiciliadas en su territorio o bajo su jurisdicción cesen y desistan de ayudar e instigar el genocidio de Israel y otros crímenes de derecho internacional, incluido el crimen de lesa humanidad del apartheid, contra el pueblo palestino.

• Unirse al amplio y creciente número de Estados del Sur Global que apoyan el caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel ante la CIJ.

La orden de medidas provisionales puede contribuir a la protección de los derechos palestinos frente a «nuevos, graves e irreparables daños», como solicitó Sudáfrica. Si se aplican, las medidas pueden detener el grave daño causado por el genocidio de Israel contra 2,3 millones de personas palestinas, pero incluso cuando se suspendan los incesantes bombardeos israelíes contra civiles e infraestructuras civiles, la hambruna y las enfermedades infecciosas que se están extendiendo en Gaza debido al mortífero asedio y domicidio de Israel seguirán devastando al pueblo palestino. Expertos en derechos humanos de la ONU han advertido que todas las personas palestinas de Gaza, la mitad de ellas niños y niñas, están pasando hambre y más de medio millón «se están muriendo de hambre«.

Hay que hacer mucho más para abordar la causa fundamental: la actual Nakba palestina. «Los actos genocidas de Israel», como ha afirmado Sudáfrica ante la CIJ, deben entenderse «en el contexto más amplio de los 75 años de apartheid de Israel, los 56 años de ocupación y los 16 años de asedio impuesto a la Franja de Gaza». La violencia colonial de Israel desde 1948, afirmó Sudáfrica, «ha desposeído, desplazado y fragmentado sistemática y forzosamente al pueblo palestino, negándole deliberadamente su derecho inalienable e internacionalmente reconocido a la autodeterminación, y su derecho internacionalmente reconocido a regresar como refugiados a sus ciudades y pueblos, en lo que ahora es el Estado de Israel».

En el llamado palestino unificado contra el apartheid de 2023 afirmaron que «el desmantelamiento del régimen de colonialismo y apartheid de Israel es una condición indispensable para que el pueblo palestino ejerza plenamente sus derechos legítimos e inalienables estipulados en el derecho internacional».

El pueblo palestino sabe muy bien que solo a través del poder popular, la unidad y la movilización podremos alcanzar la justicia y ejercer nuestros derechos inalienables. Hacemos un llamado a las personas de todo el mundo para que aprovechen este momento creado por el fallo de la CIJ y respondan al Llamado Unificado Palestino «para reforzar la creciente realidad mundial de solidaridad con el pueblo palestino y nuestra justa causa apoyando y participando activamente en el movimiento mundial de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) liderado por personas palestinas.»

La justicia es la única solución aceptable. Cualquier acción o esfuerzo diplomático que no se centre en poner fin y castigar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos de Israel, así como en poner fin a toda complicidad internacional con estos crímenes, equivale a perpetuar su impunidad, injusticia y opresión de nuestro pueblo, mientras que se sigue desmantelando el estado de derecho internacional.